Zulema Mamani es sordomuda, vivía en una zona rural de Salta y no la inscribieron al nacer; en 2015, su hijo Miguel la trajo a la ciudad de Buenos Aires y empezó una pelea judicial para que el Estado le reconozca su identidad; como no tiene documento, no puede acceder a una pensión, la suelen rechazar en los hospitales y jamás pudo votar
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De Zulema Mamani se saben pocas cosas, pero se presumen muchas: se cree que nació en la provincia de Salta, que tiene 86 años y que su cumpleaños es el 13 de mayo. No se sabe si alguna vez fue al colegio o quiénes eran sus padres. Una parte de su vida es una incógnita, sobre todo para su hijo Miguel y su esposa Antonela, quienes buscan algo que con seguridad reconocen que no tiene: un DNI.
Hace ocho años que su familia lucha para que el Estado le de un documento que reconozca el derecho a su identidad. “Queremos que tenga su DNI y estamos desesperados para que lo consiga. Nos duele pensar que para el Estado es una NN. Se merece que le reconozcan su identidad y pueda acceder a todos los derechos que se le otorga a cualquier ciudadana de su edad”, ruega Miguel, que de joven se vino a la Ciudad de Buenos Aires y en 2015 trajo a su mamá para que viviera con ella, su mujer y sus hijos en el barrio porteño de Villa Crespo.
Zulema es sordomuda, tiene tres hijos y nació en una zona rural salteña donde no pudo acceder a instituciones que al nacer acreditaran su identidad. “Quizá nació mediante un parto casero o sus padres no fueron a anotarla. Realmente no lo sabemos. Recién cuando estaba en la escuela primaria, Miguel se enteró de que su mamá no tenía DNI, pero nadie le dijo por qué. Y comunicarse con ella para poder reconstruir su historia, no es fácil”, le explica Antonela a LA NACIÓN.
Para el Estado, Zulema no existe y eso le impide acceder a muchísimos derechos: jamás pudo votar, no figura en ningún documento que es la madre de sus hijos, no se pudo jubilar ni tramitar la pensión cuando murió su marido y en los hospitales suelen atenderla solo cuando es una urgencia. La lista de vulneraciones es interminable: no puede salir del país, subirse a un micro de larga distancia o tomar un avión, no puede sacar la SUBE ni tener una cuenta bancaria.
De su madre, Miguel, que tiene 47 años y es empleado gastronómico en una parrilla, sabe muy poco. Al tener una discapacidad que le impide hablar y escuchar y como nadie le enseñó lengua de señas, la comunicación con ella siempre fue muy difícil.
“Cuando yo estaba en sexto grado, mi papá me confesó que ella nunca tuvo DNI, pero no me dijo por qué. Me decía cualquier cosa y cambiaba de tema. Y de ellos dos, solo sé que se conocieron en el campo”, explica y sigue: “En el colegio me preguntaban por qué no venía mamá y yo les explicaba que era porque era sordomuda. Por eso, era mi papá el que firmaba el boletín y todos los papeles”.
Miguel emigró a Buenos Aires a los 16 años. Dos años después, su papá, Nicanor, falleció. Fue en 2015 cuando le propuso a Zulema que se fuese a vivir con él, su esposa y sus hijos de 11 y 14 años.
“Hay muchos adultos mayores sin DNI”
Si bien en nuestro país no hay cifras oficiales de cuántas personas no tienen DNI, los especialistas en el tema estiman que la cifra ronda entre un 1% y un 2% de la población, lo que coincide con la cifra que maneja el Gobierno nacional de alrededor de 700.000 personas, según pudo saber LA NACIÓN de manera extraoficial.
Para tramitar el DNI, hay que poder acreditar tres datos: quiénes son los padres y cuál es la fecha y lugar de nacimiento. Es por eso que se cree que entre esos cientos de miles de personas sin documento hoy muchos adultos mayores que nacieron en áreas rurales o comunidades indígenas y no registraron su nacimiento
“Antes no era tan común asistir a una institución de salud para el parto y los padres debían ir a hacer el trámite a un registro civil que probablemente estaba muy alejado de su domicilio”, explica Alejandra Martínez, directora ejecutiva de la Microjusticia Argentina, una organización que trabaja por el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y que actualmente asesora a la familia de Zulema.
La única documentación que tiene Zulema para dar cuenta de su identidad cuando se lo piden es un certificado de pre-identificación, un instrumento con carácter de declaración jurada que permite el registro de datos de las personas indocumentadas nacidas en Argentina. Aún así, no es un documento suficiente para acreditar identidad.
“En mayo mi mamá se cayó y se lastimó la cadera”, cuenta Miguel. En el hospital en donde la atendieron y estuvo internada, se negaban a operarla. Después de una semana de súplicas y reclamos, finalmente la cirugía se hizo. Antonela tuvo que rogar con lágrimas en los ojos para que atendieran a su suegra.
“No tener documento significa ser invisible a los ojos del Estado”, aclara la directora de Microjusticia. Hasta dar con esa organización, nunca nadie ayudó a Zulema a gestionar el DNI ni denunció su situación. “Esas ayudas nunca les llegaron a todas las Zulemas que hay en todo el país: personas que por diferentes razones nunca pudieron tener su documento”.
Antes de dar con el equipo de abogados de Microjusticia, Miguel y Antonela golpearon mil puertas: registros civiles de Salta y Bolivia (pensaron que quizás había sido registrada en el país vecino) , la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y hasta la mismísima Casa Rosada: “Incluso intenté comunicarme con diferentes personas por redes sociales a ver si la difusión del caso ayudaba en algo pero nada servía. No queremos que se vaya de este mundo sin que un DNI reafirme quién es”.
Con la ayuda de Microjusticia, iniciaron un juicio. La duración de un juicio de este tipo es variable. En el mejor de los casos puede demorar dos años, pero hay expedientes que pueden tardar ocho años. Finalmente, en 2022, un fallo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 86 ordenó que Zulema sea inscrita en Salta, el lugar en donde vivió toda su vida, ya que al no tener registros de ella en otro país, se “presume” que nació allí.
Sin embargo, el fallo, hasta ahora, fue incumplido: “El registro civil de Salta se niega a cumplir la orden judicial que dice que deben inscribirla allí porque los datos como su edad, fecha y lugar de nacimiento, aunque fueron certificados a través de informes médicos, son suposiciones”, explica Martínez. “Si esto sigue así puede dar como resultado que fallezca sin un documento y si no tiene una partida de nacimiento tampoco puede tener una de defunción”. Se iría de este mundo como si nunca hubiese pasado por él.
“Siempre falta algo para completar el trámite”, señala Miguel, quien necesita con urgencia que su mamá tenga un DNI para poder cubrir sus tratamientos médicos. “Nuestro pedido es sencillo y urgente, pero ya no sabemos a quién recurrir. Cuando mamá muera y se vaya de este mundo, no quiero que lo haga como una NN”.
Más información:
- Para contactar a Microjusticia Argentina por algún tema relacionado con el derecho a la identidad o sobre patrocinio jurídico gratuito, podés hacerlo por WhatsApp al 11 5122-4545 o escribir a consultas@microjusticiaargentina.org.
- Para realizar una consulta o reclamo vinculado al derecho a tu identidad en la provincia de Buenos Aires, podés comunicarte con la Defensoría todos los días las 24 horas, a través del WhatsApp +54 9 221 358-1323; de la línea gratuita 0800-222-5262; por redes sociales: @defensoriaPBA; y también por la página web www.defensorba.org.ar.