“La Casita”, el modelo de Scotland Yard que implementó San Juan y ayuda a que los chicos se animen a contar situaciones de abusos

Ana tiene 6 años y aprieta con fuerza el collar de su mamá en un bolsillo. Sus padres están separados porque su papá casi mata a golpes a su madre. A pesar de eso, Ana y sus dos hermanas, de 4 y 8, deben ir a visitarlo los fines de semana porque una jueza ordenó la revinculación.

Antes de entrar a la casa de su padre, Ana aprieta contra su pecho el collar de su mamá porque cree que de alguna manera su alma va a estar protegida. Cree que cuando su padre la golpeé y la viole, y después la amenace con matar a su mamá si cuenta lo que le hace, tiene una suerte de manto protector.

Pero el collar no la protegió. Tampoco la Justicia.

Desde 2007 a 2009 ese hombre siguió abusando de ella y de sus hermanas. Cuando la verdad salió de la boca de la más pequeña, su madre realizó una denuncia penal. Para poder llegar a un juicio, Ana y sus hermanas tuvieron que pasar por diferentes hospitales, gabinetes psicológicos, grupos de asistencia social y fiscalías donde debían contar lo que les había ocurrido, una y otra vez. Ana pasó por 79 terapias y 45 declaraciones.

“Nos torturaron por años, revivíamos todo el horror cada vez que declarábamos. Me preguntaban si yo mentía, si yo no quería a mi papá, si mi mamá era mala. Mi hermana mayor amenazó con matarse y tenía solo 10 años. Mi hermana menor se golpeaba la cabeza contra una pared, tenía 6. Yo tenía 8 y solo quería ser feliz y tener una familia normal”, cuenta a LA NACION Ana, quien hoy tiene 21 y su nombre real ha sido protegido.

“El derrotero cruel por el que pasó Ana es moneda corriente en el país. Un niño puede llegar a declarar en promedio 8 veces y hay casos en los que lo han hecho 50 veces a lo largo de todo el proceso penal y civil, especialmente cuando insisten con la revinculacion con los progenitores abusadores o su familia extensa”, afirma a LA NACION Paula Wachter, especialista en violencias contra menores y directora de la fundación Red por la Infancia, que se especializa en visibilizar y prevenir los abusos que sufren niñas, niños y adolescentes. “Este sistema los revictimiza. A la violencia que sufrieron, se le suma la violencia institucional. Sea en una cámara Gesell o no”, explica Wachter.

Las estadísticas de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, indican que 1 de cada 5 niñas y 5 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Con esas cifras, en nuestro país casi 2 millones son víctimas potenciales de un abuso sexual.

Algo que los hace más vulnerables es que el 80% de los abusos se da en el ámbito intrafamiliar y el 90% de las agresiones es llevada a cabo por una figura masculina. Esto dificulta que los pequeños se animen a contar lo que sufren. Sea porque son amenazados, como le ocurrió a Ana, o porque son manipulados: cómo entender que alguien que los ama, les puede hacer daño.

“Si bien no hay estadísticas específicas en cuanto a los menores, en el país solo el 30% de las víctimas de abuso logra hablar y cuando lo hacen solo al 16% se le cree y protege según la encuesta de victimización del Indec”, indica Wachter.

Pero hay una excepción a esa regla siniestra de la burocracia, una suerte de oasis que busca reparar en medio del horror y es conocido como la Casita de San Juan. Concebido como un espacio que es parte de una política de protección integral a la niñez en esa provincia del norte argentino, los especialistas indican que es un modelo que debería ser implementado en todo el país.

Qué es la Casita de San Juan

Dylan tiene cuatro años. Apenas llegó con su mamá a la Casita de San Juan, tomó una chocolatada caliente y comió unas galletitas en un suspiro. La noche anterior no había llegado a cenar. Después de los gritos de su papá, su madre agarró los abrigos y se fueron directo a la casa de su tía. Ahora está más tranquilo. Cree que su mamá también lo está porque lo llevó a jugar a esa casita donde hay un tobogán, una sala con cortinas de arcoíris y muchos peluches sobre un sillón verde.

Dylan abraza fuerte a un oso cuando una señora entra a la sala. Su madre no está presente. La mujer se presenta y le charla, como si fuera una de sus seños de jardín. Ella mantiene la distancia, le habla, es graciosa, juegan. El pequeño se anima. No la mira, pero le cuenta que no le gusta jugar con su papá, que lo lastimó con los dedos. Explica dónde le dolió y le duele señalando la cola del peluche.

A diferencia de Ana, Dylan no va a tener que contar nunca más lo que sufrió para que lo protejan de su padre. La desvinculación del adulto presuntamente agresor con la víctima es inmediata. Dylan, cuya historia es replicada en esta nota desde el testimonio de profesionales que protegen su verdadera identidad, vuelve con su madre. Se va de la Casita y ahora la causa queda en manos de los adultos. A él lo derivarán a una psicóloga o un asistente social para que atiendan sus necesidades, la de él y las de su madre bajo la mirada atenta de varios actores del Estado.

“Este sistema implica un cambio de paradigma porque la mirada está puesta no en el proceso judicial en el marco de un caso de abuso a un menor, sino que está puesta en la víctima y en cómo cuidarla”, explica a LA NACION la Ministra de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, quien explica cómo fue creada la “Casita” o Centro Judicial de Abordaje Integral de niñas, niños y adolescentes (ANIVI), que funciona actualmente como una unidad especializada del Ministerio Público Fiscal.

García Nieto dice que cuando los niños declaran en una cámara Gesell, de alguna manera saben que alguien los está mirando del otro lado del espejo. En cambio, en este ámbito, que es una casa colorida ubicada en el centro de San Juan capital, no hay un espejo, no hay policías, no hay fiscales, ni abogados alrededor. Solo personas vestidas de civil que son los profesionales en psicología y trabajo social que asisten al menor y su familia.

“Lo que los niños cuenten queda grabado y consta como prueba ya que en otro edificio se reúnen por protocolo un juez, un fiscal y los abogados de cada parte, si es que ya está individualizado”, explica García Nieto.

Ellos ven la sala de juegos a través de cámaras colocadas estratégicamente. Cuando necesitan hacer preguntas, llaman a un teléfono que es atendido en la sala por la psicóloga quien luego filtra las consultas de una manera indirecta y amorosa.

Algo importante es que este sistema permite crear estadísticas. De acuerdo a la Unidad Fiscal ANIVI, entre el 26 de enero de 2021 y el 21 de mayo de este año, se recibieron entre 3 y 4 denuncias por día, un total de 10.800 consultas o denuncias. El 75,7% de ellas fueron por abuso sexual y el resto para denunciar a adultos por tenencia y distribución de pornografía, grooming, corrupción de menores, rapto y exhibiciones obscenas.

Otro dato a destacar es su efectividad. De acuerdo a una investigación de Red por la Infancia, de cada 1000 casos de abuso sexual en la infancia y adolescencia, solo 100 se denuncian y apenas uno se condena. En el sistema de La Casita, un 32% de los casos denunciados avanzaron en la Justicia y concluyeron en condenas.

Un sistema exitoso que cuida a la niñez

El sistema de La Casita de San Juan fue creado por la Corte de Justicia de esa provincia y se puso legal y operativamente en funcionamiento el 22 de febrero de 2017. Surgió del interés de dos psicólogas que propusieron una sala de juegos, en vez de una cámara Gesell tradicional. Ellas se inspiraban en un modelo aplicado en Inglaterra y llevado adelante por Tony Butler, un exagente de Scotland Yard y doctor en psicología.

Fue el mismo Butler quien asesoró a la Corte en el armado del sistema que exige la articulación de los diferentes poderes de Estado para que lo que cuentan los niños conste como una prueba única en un juicio.

“No tuvimos obstáculos, pero sí muchos minimizaron el alcance de nuestra propuesta”, explica la jueza García Nieto. “Algunos nos decían que estábamos comprando un inmueble para jugar a la casita, que cambiábamos una habitación por un patio de juegos. Pero demostramos que es todo un cambio de paradigma porque superamos el modelo de Butler. A veces las ideas más sencillas llevan a grandes avances”, cuenta García Nieto.

Es que la “casita” o ANIVI es parte de una política integral ya que equipos multidisciplinarios y agentes del Poder Judicial realizan capacitaciones en la detección y prevención de abusos y violencias contra menores en hospitales y en escuelas, con talleres para docentes y charlas con alumnos.

García Nieto dice que el sistema funciona porque todos los actores encargados de cuidar a los niños saben de la existencia de ANIVI en la provincia. Incluso, cuando los menores denuncian en comisarías, desde allí se avisa a ANIVI y se les asigna un asesor de menores para que se acerquen a La Casita.

Desde la fundación que preside Wachter, en articulación con la Corte de San Juan, y con la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, se trata de promover este sistema para que se aplique en todo el país.

“El modelo de la casita de San Juan es parte de las buenas prácticas que estamos tratando de promover a nivel mundial, porque implica reducir no solamente la revictimización sino es fomentar una respuesta articulada del Estado en un modelo de Ventanilla Única con el único objetivo de proteger a los niños”, recalca Wachter. “Esa protección, es la que debió tener Ana”, indica.

“Si bien para mí es muy difícil contar mi historia, porque la sigo reviviendo, espero que sirva para que el sistema cambie. No debe haber más niños torturados una y otra vez”, dice Ana, que a los 6 abrazaba el collar de su mamá contra su pecho para protegerse de su padre, cuando era el Estado el que debió hacerlo.

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