Impulsan capacitaciones obligatorias para que todos los docentes del país aprendan a incluir a estudiantes con discapacidad

“Cuando tenía tres años y para que me aceptaran como alumno, mamá recorrió 36 jardines. Y cuando yo era más grande, tuvo que ir a 20 escuelas especiales”, contó Julián Sassone, un joven de 19 años con autismo. Su relato pudo escucharse en uno de los salones del Congreso de la Nación como parte de la exposición que buscó demostrar la necesidad de que las escuelas estén mejor preparadas para incluir a las y los estudiantes con discapacidad.

Ese fue el contexto en el que hace unas semanas se presentó, tanto en el Senado como en Diputados, un proyecto de ley para que todos los docentes del país tengan capacitaciones obligatorias sobre “discapacidad y dificultades del aprendizaje” y de esa manera puedan “brindar un trato adecuado y no discriminatorio”, tal como lo expresa el articulado del texto.

La propuesta, impulsada por la comunidad de familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, busca que ese entrenamiento sea obligatorio para los docentes de los niveles obligatorios, es decir, los que trabajan en los jardines y las escuelas primarias y secundarias.

“Este proyecto nació por la necesidad de familias que sufren la discriminación de parte de las escuelas públicas y privadas y acuden a organizaciones para pedir ayuda o presentan recursos de amparo ante la imposibilidad de que sus hijos e hijas con discapacidad ejerzan su derecho a la educación”, dice la abogada Romina Nuñez, mamá de un niño con autismo, referente de la agrupación TEA Padres Autoconvocados y autora articulado del proyecto de ley.

“No hay vacante”. “Quedó en lista de espera”. “Deberías buscar un lugar más adecuado”. “Es un colegio muy exigente, no es el perfil para su hijo”. “No trabajamos con integración”. Esas son solo algunas de las excusas que suelen recibir las familias por parte de las escuelas. Son puertas que se cierran en sus caras, una y otra vez, dejando a sus niñas y niños privados del derecho fundamental a una educación inclusiva.

El derecho a aprender en un contexto diverso e inclusivo está reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional aprobado por las Naciones Unidas que fue ratificado por la Argentina en 2008 y que tiene jerarquía constitucional desde 2014 (ley 27.044). En su artículo 24, obliga a los Estados a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles –brindando los apoyos y ajustes que sean necesarios a quienes los requieran– y a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de las escuelas comunes.

“Argumentos sólidos”

En el Senado, fue el senador peronista por Chubut Carlos Linares quien tomó la iniciativa e ingresó el proyecto al recinto. “En mi familia tenemos casos de discapacidad y participamos de una fundación en Comodoro Rivadavia”, explica Linares y considera que la propuesta puede avanzar con cierta velocidad: “La ley tiene argumentos sólidos y en estos temas, que son de interés de la ciudadanía, no tenemos diferencias partidarias. Tengo toda la intención de que en este año logremos la media sanción”.

El proyecto propone promover “la capacitación docente obligatoria, permanente, actualizada y continua que brinde herramientas pedagógicas para la inclusión” y “la sensibilidad y concientización sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje en la comunidad educativa”. Además, busca “asegurar una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los espacios educativos para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones”. Y detalle que al menos dos veces al año, todas las escuelas realicen una jornada de “sensibilización, concientización y capacitación sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje”.

Al momento de presentar el proyecto, la comunidad de familiares graficó con sus propias historias la necesidad de avanzar en esos aspectos. La actriz Inés Estévez, que tiene dos hijas con discapacidad y es activa en la militancia por una educación inclusiva, fue una de las expositoras: “En las escuelas comunes seguimos dependiendo de la predisposición artesanal del docente o director de turno”, dijo Estévez en la presentación del Senado. Y agregó: “Este proyecto de ley es para ellos (los docentes y directivos de escuelas comunes), no solamente para nuestros hijos. La idea no es exigirle más al docente sino liberarlo del peso de no saber qué hacer, brindándole herramientas que faciliten la tarea y propicien la comunicación, la integración y la convivencia fluida. La limitante es el sistema, no la discapacidad”, finaliza.

En la Cámara de Diputados el proyecto fue presentado por la diputada Carla Carrizo. “Este proyecto nos interesó porque nace de los propios protagonistas, que nos dicen que el Estado está funcionando mal. También, porque busca igualar a todas las infancias en el país y porque es un proyecto concreto, puntual, que no es contra nadie sino a favor de todos”, aclara la diputada.

Frente a las denuncias de las familias, Carrizo y su equipo le preguntaron al Jefe de Gabinete, en su visita a la Cámara de Diputados, sobre la manera en que el Estado garantiza el cumplimiento de las leyes vigentes y la respuesta fue que se brindan cursos sobre discapacidad a los docentes, pero no se informa si son de carácter obligatorio. “Los propios familiares nos explican que han mantenido encuentros con autoridades educativas de distintas jurisdicciones, quienes confirman que estos cursos son inexistentes o, en el mejor de los casos, optativos”, añade.

Denuncias de las familias

Casos de niñas y niños que no pueden ingresar a la escuela hasta que vayan con un acompañante o de docentes y directivos que los maltratan a ellos y a sus familias llegan a diario a las redes sociales y el mail de la abogada Romina Nuñez. “El argumento que presentan las escuelas, tanto públicas como privadas, por sus incumplimientos a la ley, es que no tienen herramientas para abordar estos casos”, sostiene Nuñez.

Entre las denuncias que le llegaron en los últimos días está el caso de Erika Reyna, mamá de Bastian, de 8 años. El niño tiene un diagnóstico de déficit de atención y trastorno de hiperactividad. Hasta el año pasado, iba a una escuela pública en Ramos Mejía, donde le daban la contención necesaria, pero por un hecho de inseguridad se mudaron a la ciudad de Buenos Aires. Erika inscribió a su hijo en una escuela pública. A principios de año, intentó acercarles los antecedentes de salud de Bastian y las recomendaciones de los profesionales que lo atienden, pero no se lo aceptaron porque ellos lo evaluarían en el aula.

“Recién a mediados de abril, el equipo de orientación de la escuela se decidió a convocarme, luego de que mi hijo sufriera una crisis muy fuerte. Se dedicaron a enumerarme, con hostilidad, todo lo que mi hijo estaba haciendo mal”, relata Erika, madre soltera de 28 años. “Los maestros necesitan capacitación para saber cómo actuar frente a niños con discapacidades. Se negaron a seguir las sugerencias de los profesionales que atienden a Bastian, no aceptaron que tenga jornada reducida como lo venía haciendo en la otra escuela y no saben cómo afrontar una crisis de frustración debido a su condición”, añade Erika.

Numerosas organizaciones dedicadas a la inclusión y a la promoción de la igualdad y la justicia apoyaron este proyecto porque casos como el de Erika se replican en todo el país. Las estadísticas del Inadi marcan que el 41% de denuncias por discriminación se da en la escuela. Por ley, las familias tienen la libertad de matricular a sus hijos con algún tipo de discapacidad ya sea en escuelas comunes como en escuelas especiales.

Fernando Zizzias, director de la Cámara de Escuelas Especiales, apoya el proyecto de ley porque “la escuela común va a tener que absorber a una población de estudiantes con discapacidades que ha aumentado mucho porque se ha duplicado la prevalencia del autismo”. También alerta sobre la falta de profesionales para ejercer cargos de docentes o acompañantes terapéuticos. “Tenemos un gran problema para conseguir profesores de educación especial porque hay muy pocos egresados y son carreras de características muy vocacionales”, aclara Ziz.

La desconfianza de los gremios docentes

En Argentina, según el Anuario Educativo de 2019, publicado por el Ministerio de Educación de la Nación, la matrícula de la educación especial está en descenso desde 2012, con una caída interanual promedio del 2,8%, mientras que la matrícula de estudiantes con algún tipo de discapacidad en escuelas comunes fue creciendo de 90.000 a 105.000 entre 2017 y 2019.

Esto coincide con el compromiso argentino ante la ONU de hacer una transición de las escuelas especiales hasta convertirlas en centros de apoyo de las escuelas comunes. El caso más llamativo es el de la provincia de La Pampa, donde se logró que el 98,5% de los estudiantes con discapacidad vaya escuelas comunes.

“Hay docentes que apoyan el proyecto de ley porque sienten la necesidad de capacitación desde hace tiempo y no pueden afrontarla solos ni tienen los medios, muchas veces, para hacerlo. Hay otros docentes que lo rechazan porque temen que implique mayor carga horaria de trabajo o que la ley apunte a desintegrar el sistema de apoyo y acompañamiento que cada estudiante con discapacidad necesita”, explica la abogada Romina Nuñez.

Desde CTERA, su secretario Miguel Duhalde, rechaza abiertamente el proyecto de ley y considera que “los docentes ya estamos formados en discapacidad y es imposible abarcar todas las discapacidades que existen”. Duhahde defiende el rol del acompañante terapeútico para trabajar con el maestro de grado y cree que se deberían crear nuevos cargos para ellos en lugar de obligar a los docentes a capacitarse. “No es verdad que las escuelas rechacen a los alumnos con discapacidades. Lo que no hay es infraestructura edilicia y no están dadas las condiciones para recibirlos. El maestro se puede capacitar, pero tiene que seguir trabajando con los demás niños y se precariza su trabajo. Lo que tiene que haber es una nueva organización institucional con nuevos cargos para los acompañantes”, agrega.

El Ministerio de Educación de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires dijeron desconocer el proyecto y no respondieron a la consulta de LA NACIÓN. En junio de 2022, la Justicia de la ciudad de Buenos Aires le ordenó al gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las escuelas de gestión privada. Este fallo se dio en el marco de un amparo colectivo iniciado en 2019, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA.

Belén Arcucci, coordinadora de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostiene que “el sistema tiene que empezar a transformarse con apoyos, sensibilidad en los establecimientos educativos y normas que prohíban la negación a la matriculación” y por eso considera que “este proyecto de ley sirve para avanzar, aunque sea algo ambicioso en sus objetivos”. Uno de los puntos que le preocupa es el que aclara que es una ley por adhesión, ya que “al tener un sistema federal de gobierno, cada provincia puede decidir adherir a la ley o no hacerlo”, aclara.

ACIJ persigue el modelo inclusivo que propone la ONU, en el que las escuelas especiales dejen de existir como tal para transformarse en centros de apoyo de las escuelas comunes y ve que ese proceso de transición no se está dando en la Argentina, tal como la ONU lo expresó hace pocos días, en su última visita a la Argentina. “Hay experiencias internacionales donde ya no existen las escuelas especiales, como es el caso de España, Canadá, Italia o Portugal. En nuestro país, sólo se está haciendo una experiencia exitosa en La Pampa y eso debería replicarse más”, añade Arcucci.

Más información

• Para conocer por qué ninguna escuela puede rechazarle una vacante a un chico o chica con discapacidad, podés revisar la guía con las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre educación inclusiva. En esta guía se detallan una serie de recursos para denunciar situaciones de discriminación.

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