El plan Mi Pieza otorgó ayuda económica a 250 mil mujeres que viven en villas y asentamientos; desde fin de año, los pagos están suspendidos; la iniciativa fue elogiado por la UCA y el BID; “El programa va a continuar porque funciona muy bien”, prometió el funcionario nombrado por Milei para gestionar las obras
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Sobre una calle de tierra que se inunda y está llena de mosquitos, Carina Sosa mira con desánimo y agotamiento cuatro paredes de ladrillo, lo único que llegó a construir de lo que iba a ser su casa. En ese mismo lugar estaba la casilla de madera y chapas que habitaba con su familia. Sin embargo, los fondos que el Estado se había comprometido a girar para terminar la obra nunca llegaron y Carina, su marido y sus hijos tuvieron que acomodarse en una habitación que le cedió un pariente.
Carina vive en el barrio Ferrum, en Villa Rosa, Pilar, una urbanización con 176 familias que lleva 40 años y sigue sin servicios de agua potable, gas, electricidad ni cloacas. Nacido al costado de una de las plantas de la centenaria empresa sanitaria, el asentamiento surgió en la década del 80, cuando el lugar aún era una zona rural.
“Vivo acá desde que nací. Soy la tercera generación en el barrio Ferrum”, dice Carina, de 28 años y madre de ocho hijos de entre 2 y 13 años. La familia vivía en una casilla de madera que había heredado de su mamá: una habitación, una cocina y un baño. Como querían mejorar sus condiciones de vida y ampliar la vivienda, consiguieron financiamiento del programa Mi Pieza para levantar una casa de material donde estaba su antigua casilla. Pero la obra quedó a mitad de camino.
“Logramos levantar las paredes de un solo ambiente, pero ni siquiera pudimos hacer el techo porque nunca llegó el segundo reembolso de dinero y no pudimos comprar los materiales por nuestra cuenta. Nos quedamos sin lugar dónde vivir”, se lamenta Carina, que ahora ocupa con su marido y sus hijos una habitación en la casa de su hermano, dentro del mismo barrio. “Si en algún momento mandan el dinero, no sé qué vamos a poder comprar porque se triplicó el precio de los materiales y las maderas para el techo que nos habían presupuestado el año pasado”, añade.
Mi pieza es un programa nacional que hoy depende de la Subsecretaría de Integración Territorial del Ministerio de Economía. Concretamente, ofrece una ayuda económica de entre 250 y 600 mil pesos a mujeres mayores de 18 años que viven en barrios populares y necesitan hacer una mejora urgente en su casa, pero no tienen el dinero para financiarlo..
El programa comenzó a ejecutarse hace más de tres años, en septiembre de 2021, bajo la órbita de la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), organismo que dependía del hoy desaparecido Ministerio de Desarrollo de la Nación. Fue creado a partir de la Ley 27.453, sancionada en 2018, que creó el ReNaBaP, el registro que permitió relevar los barrios populares del país y diseñar políticas públicas para revertir las condiciones en las que viven casi 5 millones de argentinos.
Por ley, el programa Mi Pieza está financiado principalmente con un 9% del impuesto PAIS, parte del impuesto a las Grandes Fortunas y el FISU, un fondo fiduciario que también financia otros programas de obras en barrios populares, pero que hoy se encuentra cuestionado y, según anunció el Gobierno, suspendido.
La ayuda de hasta $ 600 mil que ofrece Mi Pieza se divide en dos pagos: el 50% cuando la beneficiaria sale sorteada y el otro 50% cuando se muestra el avance de la obra de acuerdo al plan presentado. Hoy el control y seguimiento lo hace la Subsecretaria de Integración Territorial a través de una aplicación desde la cual se mantiene la comunicación, sin intermediarios, entre el organismo y las beneficiarias.
“Salí sorteada en septiembre para levantar una planta más en mi casa y sólo llegué a levantar las columnas, sin poder hacer el techo. Nunca llegó la segunda parte del dinero”, dice también Estela Echegaray, del barrio Empalme Graneros Los Pumitas, en la ciudad de Rosario. “No sé para qué me va a alcanzar cuando llegue, si es que llega. Todo se fue por las nubes”, agrega, al igual que muchas otras mujeres beneficiarias del programa y consultadas por LA NACION.
En septiembre de 2023 se hizo el último de los sorteos. Fue el octavo desde que comenzó el programa, que llegó a un total de 250 mil hogares. Según datos de la página oficial, son 50 mil mujeres las últimas beneficiarias en sumarse al programa, pero se estima que un 70% recibió sólo un primer reembolso de hasta $ 300 mil. Fue entre octubre y noviembre de 2023. Pero nunca percibieron la segunda cuota y las obras quedaron inconclusas.
El impacto del programa
Más allá de que el 52% de las solicitantes fueron de la provincia de Buenos Aires, el programa tiene un fuerte alcance federal y llegó a comunidades rurales muy aisladas. En la Comunidad Mboapi Karanday, en Orán, Salta, Isabel Manuel y Melisa Días, vecinas del barrio con varios hijos a cargo, presentan la misma foto que Carina: muros sin techos, ladrillos apilados, hierros y bolsas de cal y arena, una muestra de que la obra quedó a mitad de camino.
El programa impactó cómo mínimo en la vida de 175 mil hogares de 4.000 barrios populares, según un informe minucioso que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA a fines de 2022. Sobre el total de beneficiarias, el 59% eligió ampliar su casa, el 21% mejorar las paredes, el 17% arreglar el piso y casi el 10% reparar el techo. En aquel momento, el propio Agustín Salvia, director del Observatorio, confió que “más del 90% (de las beneficiarias consultadas) expresó que las refacciones y ampliaciones de sus casas les mejoraron la salud y la convivencia con el grupo familiar, además de que contribuyeron a mejorar la privacidad de sus familias”.
El informe de la UCA marca que el 70% de las mujeres beneficiarias eran jefas de hogar y un 20% de ellas conformaban hogares monoparentales. Además, resalta no sólo por el impacto positivo en la vida de estas familias, sino también el fuerte empuje que le da a la actividad económica local, dado que uno de sus pilares es abastecerse con mano de obra y productos de la economía local.
“Mi Pieza va a continuar porque funciona muy bien”
La semana pasada, exactamente el viernes 16 de febrero, el senador bonaerense y presidente del bloque de La Libertad Avanza en esa cámara, Sebastián Pareja, fue nombrado oficialmente como Subsecretario de Integración Territorial. Se trata de un hombre cercano al presidente Javier Milei.
En diálogo con LA NACION, Pareja, que ya venía trabajando en el área sin el nombramiento formal, aseguró que ese mismo viernes dio la orden de pagar todos los certificados de obra que se hayan presentado hasta el 31 de diciembre. “Fue mi primer acto de designación oficial”, dice y destaca que el programa funciona bien: “Organismos como el BID lo ponen de ejemplo internacionalmente”.
“Es una manera muy eficiente de urbanizar a los barrios de emergencia”, dice Pareja y agrega que “el programa va a continuar porque funciona muy bien. El único inconveniente que tiene es que su financiamiento depende del Impuesto PAIS y éste tiene fecha de vencimiento. Ahí vamos a tener una merma importante”.
Pareja aclara que desde que ingresó no hizo los pagos comprometidos por “cuestiones burocráticas y porque necesitaba conocer el área” y explica que redujo la planta de empleados en un 30%, de 710 a 485. “Me quedé con los recursos técnicos justitos para seguir adelante con todos los programas. No voy a eliminar ninguno. Es más, estoy pensando en sumar otro que simplifique la escrituración, para que rápidamente le empecemos a dar la escritura a la gente”, añade.
El funcionario confirma que además de estar pensando en nuevas iniciativas para acercar el Estado a los barrios, está realizando una investigación para ver cuáles son las cooperativas beneficiadas con el plan de urbanización, ya que, asegura, han detectado que algunas son elegidas repetidamente y, en muchos casos, sin justificación.
–¿Tiene apoyo del Presidente para seguir adelante con los programas de integración sociourbana que se financian con el fondo fiduciario?
–Milei tiene la misma mirada que yo: lo que él no quiere es que este organismo sea una caja de la política. En la medida en que le lleve este informe en el que estoy trabajando y le demuestre que el programa funciona bien y que el fideicomiso no representa una caja de la política, seguirá sosteniéndolo.
Fernanda Miño, exsecretaría de Integración Socio Urbana y quien llevó adelante el programa desde que se inició, cree que estos cuestionamientos tienen más que ver con un ensañamiento político que con algo real y afirma que está en comunicación con el nuevo subsecretario para compartir con él toda la información que necesite. “Hablé con Sebastián (Pareja) y me dijo que le llamaba la atención la transparencia y lo federal que ha sido el trabajo hecho. Le ofrecí una reunión para contarle cómo llevábamos adelante los programas”, destaca Miño.