Claudia Ferro fue vista por última vez en Villa Luro en 2016, tenía 51 años y se dedicaba a animar fiestas infantiles; es una entre muchas otras mujeres que están perdidas pero no tienen a nadie cercano que impulse sus búsquedas; ¿la Justicia las busca realmente?
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Cuando una mujer desaparecida no tiene familiares ni entorno cercano, ¿quién la extraña? ¿Quién la recuerda en su cumpleaños? ¿Quién alza la copa por ella cuando el 31 de diciembre llega a su fin? Y, yendo a temas más concretos, ¿quién insiste y persiste en su búsqueda, procurando que la Justicia haga su trabajo y no sea la primera en olvidarla?
Cuando una mujer desaparece, las personas que la rodean, sean familiares o no, son consideradas como un engranaje fundamental al momento de iniciar su búsqueda. Son quienes, cuando un día no llega, hacen la denuncia. También, quienes dan información que permita delinear un perfil y posibles hipótesis. Y si el vínculo es sanguíneo, son quienes aportan material genético en caso de ser necesario.
Pero, ¿qué pasa cuando ese entorno no existe o no incide en la investigación? En esos casos las búsquedas suelen ser mucho más lentas, algo que conspira contra las posibilidades de lograr un buen desenlace, si tenemos en cuenta que las primeras 48 horas son cruciales para esclarecer el caso.
Al vivir sola, fueron los vecinos de Claudio Ferro, una mujer de 51 años de Villa Luro, los que se acercaron a la Justicia a fines de diciembre de 2016 para denunciar que no la veían y que habían movimientos extraños en su casa.
Ya nadie levantaba las persianas, una costumbre típica de Claudia, y había desconocidos viviendo en el lugar. La denuncia se hizo 20 días después de la última vez que alguien la vio. “Se veía pasividad en la fiscalía. Pero al no poder acceder a la causa, no nos daban información”, recuerda el primo segundo de la mujer, Pablo Soler, quien asegura haber sido rechazado como querellante por no ser familiar directo.
En el caso de Mirta Noemí Aguirre, una mujer de 48 años que vivía en la localidad balnearia de Costa Azul, la denuncia por su desaparición fue inmediata. El 18 de junio de 2014 llevó a la hija de su expareja a la escuela, pero no llegó para retirarla. Nunca más la vieron.
Como estaba separada del padre de la niña y no tenía vínculo con familiares directos, ni amistades estrechas con nadie, a la Justicia le costó mucho generar un perfil de Mirta. “Es triste, pero naturalizamos que Mirta no está. Nadie cercano la recuerda o pregunta por ella”, dice Rocío, una asistente social que la conoció.
Tanto Mirta como Claudia integran una lista de miles de mujeres que están desaparecidas. Funcionarios y especialistas estiman son unas 5000 en todo el país. En algunos casos son historias recientes. En otros, llevan años y hasta décadas sin que la Justicia logre determinar qué les pasó.
En diciembre, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad difundió una guía con recomendaciones para la búsqueda de mujeres. El documento habla de prácticas de las fuerzas que conspiran contra el hallazgo de las personas. Destaca que todavía hoy es común escuchar en comisarías que hay que esperar 24 o 48 horas para hacer la denuncia y señala la existencia de prejuicios por parte de los oficiales, como responsabilizar a la víctima por su vestimenta, hábitos o amistades.
Este protocolo, además, recomienda que siempre hay que evaluar la hipótesis de femicidio. Un dato lo justifica: en el 10% de los femicidios la víctima estuvo desaparecida antes de que se confirmara su femicidio, según el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia.
Entre las posibles causas que pueden estar detrás de una desaparición, sólo el 1% de las desapariciones estarían relacionadas con delitos como trata o femicidio. Sin embargo, en aquellos casos en los que la desaparición se sostiene por varios años, crece la hipótesis de que la ausencia está relacionada a un delito. Por eso, las actuaciones de las primeras horas son cruciales para descartar que esté en peligro la vida y la integridad física de la mujer desaparecida.
Una investigación de LA NACION reveló que el Estado no cuenta con una cifra precisa de desapariciones, pese a que desde 2016 existe un organismo, el Sifebu, que debe llevar ese registro. También quedó en evidencia que muchas de las investigaciones carecen de perspectiva de género y que es frecuente que los funcionarios a cargo no estén capacitados para intervenir en este tipo de casos. En este contexto, la presencia de familiares o personas cercanas que golpeen puertas y hagan preguntas se vuelve un insumo crucial. Un insumo ausente en expedientes como los de Claudia o Mirta.
Celeste Perosino, cofundadora de la Colectiva de Intervención ante las Violencias, organización que se dedica a auditar casos de búsqueda complejos y a hacer trabajo de campo para rastrear evidencia relevante que haya sido pasada por alto por la Justicia, considera que suelen haber notables diferencias entre expedientes que cuentan con un entorno activo y aquellos que no lo tienen.
“Si no hay familiares o amigos, ¿cómo se entera el Estado de que una persona desaparece? Si cuando tienen familiares, a veces cuesta que la Justicia se mueva e investigue, al no haber entorno, suele costar muchísimo más”, reconoce.
A la par de la tarea de los investigadores, familiares y amigos suelen motorizar la búsqueda por fuera del expediente. “Cuando una persona se pierde, lo ideal es hacer la denuncia y comenzar a multiplicar la imagen por la mayor cantidad de canales posibles”, aporta Martín Giovio, integrante de la agrupación Personas Perdidas, de Red Solidaria.
Para Giovio, es fundamental el rol de ese entorno cercano. “La familia es la que nos guía, la que nos va marcando el camino, la que conoce a ese familiar que está perdido: dónde trabaja, a qué escuela va, dónde practica deporte, etc. Es clave que la familia empuje y haga lío, ruido, para difundir en la comunidad”, agrega.
Poco de esto pasó después de que Mirta Aguirre no apareciera en la escuela para retirar a la hija de su expareja. Rocío, una asistente social que conocía a la mujer recuerda que la comunidad motorizó algunas marchas, pero que el tema quedó, hace tiempo, en el olvido. “Cada 18 de junio, la recuerdo en mis redes sociales, pero me pone mal saber que yo, que no la conocí en profundidad, soy la única que lo hace. Nadie más cercano la recuerda o pregunta por ella”, se lamenta.
Fuentes cercanas a la causa judicial que se tramita en la UFI N° 1 de Mar del Tuyú reconocen que la falta de familiares o de una amiga cercana que pudiera aportar más detalles sobre su vida al momento de su desaparición afectaron la investigación. “Sólo se logró contactar a unos hermanastros, que nunca demostraron mucho interés por la causa. Uno de ellos aportó una dirección de la mamá, pero los funcionarios judiciales nunca lograron dar con ella”, informan a LA NACION. A pesar de las dificultades, aseguran que la causa sigue activa y que a Mirta se la busca tanto viva como muerta.
Para Perosino, de la CIAV, la falta de familiares o amigos íntimos dificultan la búsqueda, pero no la vuelven imposible. “Se puede reconstruir el contexto de vida. Lo que es clave es la predisposición de los funcionarios judiciales que lleven adelante la investigación”, asegura.
El expediente que acumula las actuaciones realizadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42 para esclarecer la desaparición de Claudia Ferro ya superó los 25 cuerpos. “Se tomaron muchas medidas. Ahora la pregunta es si se las tomó con la rapidez necesaria y ahí hay mucho debate. En uno de los bandos están los que dicen que la Justicia empezó a moverse recién cuando el caso tomó estado mediático”, opina una fuente que tuvo acceso a la investigación.
Pablo Soler, primo segundo de Claudia, coincide con esta apreciación. “Cuando los vecinos nos contactaron, ya durante el verano de 2017, nos acercamos a la fiscalía y a la Policía. Fui rechazado como querellante por no ser familiar directo. Se veía pasividad en la fiscalía, que se mostró más activa cuando los medios se presentaron. Pero al no poder acceder a la causa, no nos daba información”, explica vía mail.
Si bien cualquier persona puede denunciar una desaparición (de hecho, en el caso de Claudia, lo hicieron los vecinos), sólo ciertas personas del entorno pueden ser querellantes en la causa judicial. Según la ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos, sólo pueden serlo el o la cónyuge, el o la conviviente, los padres, o los hijos y los hermanos de esa persona.
Claudia vivía únicamente en compañía de sus perros en su casa de Villa Luro. Tenía buena relación con sus vecinos, quienes a fines de diciembre de 2016, dejaron de verla. En cambio, descubrieron que había un hombre y una mujer en la casa. A los pocos días se sumó una tercera persona.
El caso llegó a los medios y, durante varias semanas, las cámaras de televisión se ocuparon de retratar a los tres ocupantes y de recoger cualquier contradicción en sus testimonios mientras, entre los vecinos, circulaban sospechas de un desenlace trágico con la casa de Claudia como móvil.
Todos los expertos coinciden en que con el paso del tiempo las chances de que una persona aparezca con vida decrece. Por eso, buscar personas es, también, identificar cuerpos sin vida que aparecen sin identificación.
A fines de 2020, el Sifebu contabilizaba 6822 registros de hallazgos NN sin identificar. Saber a quiénes pertenecen esos restos resolvería muchas de las desapariciones vigentes en nuestro país. Sin embargo, hasta el momento, no existe una base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional que sea confiable y que, además, sea compatible con el listado de restos NN a fin de cruzar datos y lograr coincidencias.
Existen algunas iniciativas en proceso que se proponen resolver ese conflicto. Una de ellas involucra al caso de Claudia. En febrero de este año, la Fiscalía le dio intervención a dos organismos que trabajan en la identificación de cuerpos NN. Son la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, a cargo de Romina Del Buono, y la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, a cargo de José María Campagnoli.
Ambos organismos gestionan el proyecto “Nombrar”, una base de datos pormenorizada en proceso de construcción que se propone ser la instancia superadora que ponga fin a la desconexión entre datos de desapariciones y de hallazgos NN. Hasta el momento, el cotejo de los datos de Claudia no arrojó resultados positivos.
Hace unos años, otra iniciativa llevada adelante por la CIAV junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas logró la identificación de 866 personas. Algunas de ellas habían permanecido desaparecidas durante décadas.
Del trabajo, que cruzó fichas mortuorias que estaban arrumbadas en el sótano del Renaper con los registros de ese mismo organismo, surgió un dato inquietante: si bien se sostiene que la proporción de personas desaparecidas es pareja entre varones y mujeres, la mayoría de las fichas que relevaron pertenecían a varones, a razón de 3615 contra 930.
Esta revelación consolidó una hipótesis de la CIAV: que cuando los cuerpos de las mujeres no aparecen, la posibilidad de un femicidio se agiganta. Y que en esa clase de crímenes, los cuerpos padecen otras formas de descarte, como por ejemplo, el entierro o la incineración. Lo que hace que hallar los restos resulte más difícil.
La proporción de restos femeninos en la base de datos del Sifebu va en la misma dirección: Apenas el 16% de los cuerpos NN pertenece a mujeres.
Más información
- En caso de tener información sobre una mujer desaparecida, podés llamar al 134 o al 911. Si tenés sospechas de trata, podés llamar al 145, la línea de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas
- Personas Perdidas es una organización de la sociedad civil que trabaja en el tema. Podés comunicarte con ellos por WhatsApp al 11-4915-9470 o por Instagram a @personasperdidas.
- Missing Children colabora con la búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Podés llamar al 0800 333 5500 o por WhatsApp al 11-4157-3101. También podés escribirles a info@missingchildren.org.ar
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