“Es discriminatorio”: denuncian el cierre masivo de las oficinas de un programa nacional orientado a familias vulnerables
Son los Centros de Acceso a la Justicia que funcionaban en villas porteñas; ayudaban a tramitar desde divorcios y cuotas alimentarias hasta DNI y jubilaciones; el Ministerio de Justicia los había calificado como “ineficaces”, algunas organizaciones afirman que agrava la situación en la que vive esta población
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LA NACION
El Ministerio de Justicia de la Nación decidió cerrar los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que funcionaban en los barrios populares y villas de la ciudad de Buenos Aires. Eran oficinas donde los vecinos podían tramitar documentación personal (como DNI o partidas de nacimiento); gestionar jubilaciones, pensiones y programas sociales; resolver conflictos vecinales; asesorarse sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria y temas de violencias de género; y hasta consultar un abogado para que los asesore legalmente.
La medida fue expuesta en las últimas horas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización que consideró que “en un contexto de aumento de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida, reducir los canales directos de acceso a derechos, sobre todo en los barrios con mayores vulneraciones, agrava de forma sustancial la situación de quienes ya se encuentran en peores condiciones”. Y calificaron la decisión como “discriminatoria”.
“En total existen 16 CAJ en la Ciudad, de los cuales 8 fueron cerrados y son justamente los que están ubicados en las villas porteñas, donde el acceso a la Justicia es más difícil”, explicó a LA NACION Guillermina Greco, coordinadora del programa de acceso a la justicia de ACIJ.
De acuerdo al relevamiento de ACIJ, los CAJ que fueron cerrados estaban en los barrios 1-11-14 (Flores); Villa 15 y Villa 20 (en Villa Lugano); Villa 21-24 (en Barracas y Nueva Pompeya); Villa 31 (Retiro, donde había dos); Villa Soldati; y Barrio Mitre (Saavedra).
LA NACION consultó al Ministerio de Justicia para conocer las razones de esta decisión, pero la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona no dio respuestas. De todos modos, una resolución de junio pasado firmada por el ministro, esboza los argumentos al hablar de la “existencia de un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional y de recursos humanos”, “arrendamiento de inmuebles de elevado costo”, “empleados en exceso” e “ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos”.
Según un balance de gestión que abarca el periodo 2020-2023, las principales gestiones que hace los CAJ son el acceso a documentación personal y certificaciones; y acceso a planes, programas sociales y jubilaciones. Mientras que de acuerdo a un relevamiento de ACIJ, resuelven sobre todo problemas en partidas de nacimiento, trámites para sacar un DNI, gestión o reclamos por pago de cuota alimentaria, tramitación de divorcios, guardas judiciales, violencia de género, y temas vinculados a problemas entre vecinos y pedidos de asesoría por parte de víctimas de delitos que necesitan hacer denuncias.
El padre Lorenzo “Toto” De Vedia, de la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, de la Villa 21-24, explicó que el cierre del CAJ en ese barrio es una medida “muy discriminatoria, ya que su creación no fue algo caprichoso, sino que en su momento la Justicia estaba muy alejada de los barrios populares”. Además, explicó que el CAJ funcionaba en el espacio de la parroquia y no pagaba alquiler.
“Que la Justicia esté cerca de los barrios populares hace que incluso los vecinos puedan entender el lenguaje jurídico. Se han evitado conflictos entre vecinos y se ha ayudado en problemas intrafamiliares o cuestiones laborales”, dijo y puntualizó: “Ahora los van a enviar a otros CAJ, que van a colapsar por los diferentes cierres. Los envían a lugares alejados, van a tener que pedir turnos y hacer colas interminables”.
Según Greco, solo 20 CAJ de todo el país alquilan un inmueble y en su mayoría tienen entre dos y cuatro empleados, por lo que “la idea de recortar gastos no tiene una argumentación firme”. Y señaló: “No hay explicaciones para esta medida y ya pedimos que nos expliquen de qué se trata ese ordenamiento. Si la intención es recortar presupuesto, los CAJ al ser una primera instancia de resolución de conflictos, se evita el escalamiento de los problemas. La inversión en acceso a la Justicia reduce los gastos del Estado”.
De hecho, entre 2020 y 2023, y de acuerdo a lo que se indica en la web del Ministerio de Justicia, los CAJ otorgaron la representación legal gratuita a 3561 personas, junto a colegios de abogados y universidades de todo el país. A su vez, llevaron adelante 20.511 mediaciones comunitarias evitando llegar a instancias judiciales.
Los CAJ se crearon en 2015 tanto en la Ciudad como en el resto del territorio nacional para facilitar el acceso a la Justicia. Hasta junio de este año había 105 centros con unos 400 empleados aproximadamente. En cada oficina trabajan profesionales de diferentes disciplinas: asistentes sociales, abogados y psicólogos.
La decisión de cerrar los centros en las villas y barrios populares porteños se enmarcaría, según analiza Greco, en una política del actual Ministerio de Justicia para realizar lo propio en otros CAJ del país. “De hecho se han cerrado centros en otras provincias, como en Tucumán”, dijo. Al respecto, Greco sumó que estos cierres “desnaturalizan el objetivo de los CAJ, que en su mayoría están en barrios alejados de centros urbanos”.
En la resolución 178/2024 del ministerio también se anticiparía que el cierre de algunos CAJ se compensará con el refuerzo de los canales de atención no presenciales: “Se llevarán a cabo las acciones necesarias para fortalecer el servicio de atención de las líneas telefónicas 137 y 149, así como de las casillas de correo electrónico que a tal efecto se implementen, atendidas por un equipo de profesionales (abogados y psicólogos que se encuentran prestando funciones actualmente en el organismo), que oriente y brinde un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía en materia de Acceso a la Justicia en articulación con los diferentes organismos”.
En ese sentido, Greco señaló: “Que se proponga resolver estos temas a través solo de líneas telefónicas o informáticas muestra un desconocimiento de la población a la que se le ofrece el servicio porque son personas que no acceden a Internet correctamente o tienen barreras para poder explicar el tipo de problemáticas que tienen”.
En la citada resolución, el ministerio señaló que además del fortalecimiento de los canales de atención digitales y telefónicos, “se debe adicionar la posibilidad para el ciudadano que así lo considere de concurrir en forma presencial a oficinas federales (fiscalías y defensorías), provinciales y municipales creadas a los mismos fines en el ámbito de su jurisdicción”.
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