En casas, por delivery y hasta vía Telegram: cada vez más familias saben en dónde se vende droga en su barrio

Cuando Marisa se enteró de que su hijo adolescente consumía cocaína, quiso saber a quién se la compraba. “Lo primero que querés saber es quién le está cagando la vida a tu hijo”, dice. No tardó mucho en enterarse de que se trataba de una mujer que vivía muy cerca suyo. Recuerda que un detalle la delataba: siempre había chicos consumidores merodeando su puerta.

Cuando supo que, como su hijo no tenía dinero para comprar, la mujer lo usaba de delivery de sustancias a cambio de cocaína, empezó a denunciarla. “Pero enseguida ves que detrás hay un policía, un fiscal o un político, porque nunca la llevaron presa. Lo que sí pasó es que empecé a recibir amenazas”, cuenta con indignación.

Marisa no se llama Marisa y cuenta esta historia de terror desde una ciudad que no es donde pasaron estos hechos: para proteger a su familia, se mudó. “Tenía miedo de que mi otro hijo cayera en lo mismo. No lo dejaba salir a ningún lado. No era vida”, recuerda.

Hoy es parte de la organización “Madres en lucha por una juventud despierta” y cuenta que en los barrios es una constante que se sepa qué vecino o vecina vende drogas. “Da bronca, pero no denunciás por miedo a las represalias. Porque en el barrio todos nos conocemos”, explica.

Según un informe reciente elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en tres de cada 10 hogares identifican que hay venta de drogas en su cuadra, manzana o barrio. La cifra registra un aumento sostenido en los últimos dos años: pasó del 22,8% en 2021 al 26,5% al año siguiente, hasta llegar al 31,3% en 2023.

Ese crecimiento se profundiza en los hogares pobres, en los que, según el mismo estudio, se triplican las chances de tener en la familia a una persona en consumo en comparación con lo que ocurren en los hogares que no lo son.

En ese sentido, el riesgo de vivir en un barrio donde la venta de drogas es parte de la cotidianeidad se triplica en los barrios populares y villas. Ese riesgo crece también en condiciones de pobreza e indigencia y ante la ausencia de vigilancia policial:

• En los hogares más inmersos en la pobreza, el 47,4% de las personas puede identificar lugares de venta y tráfico de drogas en su barrio. Mientras que en los hogares de nivel socioeconómico medio alto, el 15,4% puede identificar ese tipo de actividades.
• En las villas de emergencia, el 62% de los hogares afirman que en su barrio venden droga. En los conglomerados de viviendas sociales o monoblocks, esa cifra llega al 70,5%. En estos últimos barrios, el incremento interanual es muy pronunciado: del 24,6% en 2021 pasó al 47,7% un año más tarde, hasta llegar al 70,5% en 2023.
• Por otro lado, mientras en el 18,7% de los hogares de CABA identifican venta de droga en su barrio, en el conurbano bonaerense esa percepción llega al 35,6%.

“La impunidad es muy grande”

“Si bien la percepción de venta y tráfico en las villas es alta y constante, el incremento tan notorio en los monoblocks y viviendas sociales nos habla de que el narcomenudeo se instaló en los espacios urbanos, ahí donde antes no se veía tanto”, analiza la investigadora Solange Rodríguez Espínola, coordinadora de la Unidad de Capital Humano y Bienestar del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

Para la especialista, que en tres de cada 10 barrios urbanos exista esta percepción es un dato sumamente preocupante. “Si bien estamos analizando una percepción, es decir que el dato es subjetivo, la cifra no sólo se mantiene sino que crece”, analiza.

Según el informe, que se desprende de la Encuesta de la Deuda Social Argentina que se realiza en forma anual, el problema aparece con mayor prevalencia en los barrios con baja vigilancia policial del conurbano bonaerense (43,6%) y del Gran Rosario (41,4%). Este riesgo también aumenta en niveles socioeconómicos más bajos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38%), Conurbano Bonaerense (40,4%) y Gran Rosario (40,2%).

Según la última Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, difundida en agosto último, el 22% de los jóvenes de entre 16 y 24 años había consumido marihuana en el año previo al estudio, apenas un 0,1% por debajo del rango de edad que va entre los 25 y los 34 años. El 5,1% de las personas de entre 16 y 49 años consumió cocaína alguna vez.

“Hay algunos barrios en los que la impunidad es tan grande, que la venta de droga se difunde por grupos de Telegram”, reconoce Marcela Monzón, fundadora de “Madres en lucha por una juventud despierta”, quien coincide con Marisa en el detalle que, enseguida, pone en evidencia a los lugares de venta. “Empezás a ver cómo los merodean los pibes que están en consumo”, se lamenta.

“Hay compañeras de la agrupación que han denunciado en sus barrios este tipo de situaciones con fotos y hasta con la ubicación en Google Maps. Pero la sensación es siempre la misma: no pasa nada”, concluye.

Más información:

• La organización “Madres en lucha por una juventud despierta” brinda contención y información a las familias atravesadas por los consumos problemáticos de sus hijos o hijas. Tiene página de Facebook y cuenta en Instagram; también atiende mensajes al 11-5475-8540.

Dónde pedir ayuda:

• Línea 141. Es un servicio telefónico de primera escucha y asistencia inmediata de la Sedronar. Es anónimo y gratuito, funciona las 24 horas, los 365 días del año.
• Narcóticos Anónimos: brinda atención de manera libre, gratuita y confidencial las 24 horas del día a través de su línea: 0800-333-4720. WhatsApp: 1150471626. Desde su página web se puede asistir a una reunión virtual.
• Para informarte sobre más lugares donde pedir ayuda, a qué señales hay que estar aletas y cómo acompañar a un familiar, podés navegar la guía de LA NACIÓN sobre adicciones.

Conforme a los criterios de

Conocé más

“Me ofrecieron más de 10 mil dólares para promocionar casas de apuestas”. La lucha de Gastón Pauls, cómo superó su adicción y por qué no cesa

Superación. Sus hijos se suicidaron tras un pacto y ella logró convertir el dolor en una obra transformadora

Combatir la ludopatía debe ser una política de Estado