El proyecto de ley que crea un protocolo para prevenir abusos en clubes, escuelas y espacios religiosos podría perder estado parlamentario

“No aguanto más”, dijo el niño mientras rompía en llanto ante la mirada espantada de su madre. “No quiero jugar más con Carlos”, pidió el chico. Carlos era quien atendía el kiosco y trabajaba como maestranza en su escuela, un colegio privado y bilingüe de la ciudad de Buenos Aires. Ese hombre abusaba del nene y de otros compañeros, todos de entre 6 y 7 años.

Casos como este podrían haberse evitado si existiera un protocolo de detección temprana de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el proyecto de ley que impulsa la creación de estos protocolos lleva cuatro años de idas y vueltas en el Congreso y, si no se vota en el Senado este año, perderá estado parlamentario por segunda vez.

“No es que la institución quiera encubrir: muchas veces no saben genuinamente qué tienen que hacer. Hay estándares que permiten disminuir riesgos y aumentar factores de prevención”, explica Paula Wachter, fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia, una ONG que promueve un abordaje integral contra violencias y que impulsa el mencionado proyecto de ley.

“Un protocolo, por ejemplo, hubiese evitado que los chicos fueran a pedir materiales, como borradores o marcadores para pizarrones, de a uno y lo hicieran de a dos. O que se adecuaran las instalaciones edilicias para que los chicos no pudieran entrar en el kiosco”, ejemplifica Wachter.

La iniciativa presentada en el Congreso, entonces, tiene como finalidad que todas las instituciones, organismos o establecimientos educativos, deportivos, sociales, religiosos o de cualquier otra índole, tanto públicos o privados, que tengan a su cargo o involucren en sus actividades a niñas, niños o adolescentes cuenten con un protocolo para prevención y detección del abuso sexual.

Este tipo de medidas surgen de un relevamiento de estándares internacionales que realizó Red por la Infancia. La organización es parte del Consejo Asesor de INSPIRE, una iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas en conjunto con 10 agencias de la ONU y especialistas de la academia y la sociedad civil.

Según Wacher, se trata de un problema global (y la Argentina no es la excepción): el 80 % de los abusos en el mundo suceden en el entorno cercano del niño.

“El objetivo de los protocolos es doble: busca por un lado evitar que abusos sucedan en instituciones; y, si se detecta que pasó o si el niño refiere una situación de abuso, saber cómo actuar. Porque no hay claridad sobre cómo abordar ese tipo de casos. Cómo evitar que sucedan donde están los chicos”, amplía Wachter. Y enfatiza que se trata de “un cambio de paradigma, porque no implica regular un determinado sector: el concepto es que donde estén los chicos deben estar protegidos”.

El proyecto de ley establece que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) establezca lineamientos mínimos que deberá seguir cada institución para elaborar un protocolo. El artículo 1 de la iniciativa, aprobada en Diputados, dice que toda institución que tenga a su cargo o involucre niños deberá crear protocolos de prevención y detección de abuso sexual infantil, a partir de los requisitos establecidos por la SENAF y en conjunto con las autoridades locales.

“Si bien varias provincias cuentan con instrumentos para la prevención y detección del abuso sexual infantil, es necesario que desde la SENAF, que es el organismo nacional encargado de la coordinación de políticas públicas para la promoción, protección y restitución de derechos a nivel federal, se coordinen los lineamientos básicos, capacitaciones, seguimiento y monitoreo”, remarca Paola Vessvessian, exdiputada nacional del Frente de Todos por Santa Cruz. Ella integró las comisiones de “Familias, niñez y juventudes” y de “Asuntos cooperativos, mutuales y de organizaciones no gubernamentales” que dictaminaron a favor de la iniciativa el año pasado.

“A las instituciones les faltan herramientas. Quieren, pero no saben cómo empezar, a dónde acudir, no saben qué pasos seguir. Si la ley dispone pasos concretos es probable que haya más prevención y detección de estos casos”, opina Andrea Cristina, senadora del PRO por Chubut y una de las impulsoras del proyecto.

Wachter ejemplifica con otro caso reciente que trataron en Red por la Infancia, el de un chico de 9 años abusado por el chofer del transporte escolar. “El señor tenía antecedentes penales. ¿Cómo se piden los antecedentes de una persona que trabaja con niños?”.

Ese tipo de cuestiones se incluirían en los protocolos. También, por ejemplo, que las denuncias sean anónimas. Wachter recuerda el “Caso Próvolo”, el colegio religioso de Mendoza donde sacerdotes abusaban de niños sordos. “Muchas personas denunciaron lo que pasaba, pero al poco tiempo eran echadas de sus puestos”, señala.

Los tiempos legislativos

El proyecto de ley de protocolos de detección temprana de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes nació en el 2018, luego de que se develaran casos de abuso sexual en el club Independiente de Avellaneda. En abril de ese año, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó por primera vez la iniciativa, que en el 2020, tras la pandemia, perdió estado parlamentario.

En el 2021 la senadora Belén Tapia (UCR) volvió a presentarlo. Y mientras este proyecto seguía sin aprobarse, se sancionó la Ley Lucio, que busca prevenir la violencia infantil, y también fue impulsada por la Red por la Infancia. Ambas leyes, explican desde la organización, son complementarias.

El Senado ya había aprobado el proyecto de creación de protocolos, pero ahora debe volver a votarlo luego de que Diputados votara a favor, pero estableciera modificaciones.

Desde que se presentó el primer proyecto en el 2018, siempre fue votado por unanimidad por los integrantes de todas las comisiones que se conformaron en ambas cámaras del Congreso. Entonces, ¿por qué la dilación en aprobarse en el recinto?

“Es una cuestión burocrática”, resume Wachter, quien enfatiza que la iniciativa recibió el respaldo de todo el arco político. “Lo más relevante es que para cuando se conforman las comisiones y emiten dictamen, ya no entra en la agenda legislativa”, agrega.

Por caso, el 1 de noviembre del año pasado, la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado aceptó las modificaciones realizadas al proyecto original en Diputados (OD 265/23). Lo hizo por unanimidad y sin disidencias ni observaciones. Pero no fue tratado en el recinto. Durante este año, no se constituyó la nueva comisión, por lo que la posibilidad para que lo trate la Cámara Alta es que dos tercios de los senadores acuerden incluirlo en el temario.

“Apuntamos a hacerlo en la próxima sesión”, señala Cristina. Y aclara que si bien muchos senadores “tienen la intención de aprobar el proyecto, no tienen presente la urgencia de su tratamiento para que no pierda estado parlamentario”.

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