Muchos de quienes duermen en veredas, plazas y bancos porteños necesitan ayuda terapéutica; sin embargo, en CABA no hay espacios de contención para personas con esas condiciones
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Un colchón, una cartuchera con lápices de colores y un bolso con libros de arte. Esas son las únicas pertenencias de Carlos, que hace varios años vive a la intemperie, sobre la vereda de una calle del barrio porteño de Palermo. Carlos tiene 42 años y un cuerpo muy delgado. No debe pasar de los 50 kilos. Enfrenta el frío con un buzo y un jogging de telas gastadas, casi transparentes. Hace unas semanas, una cuadrilla del área de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad se llevó la carpa que usaba para dormir y guardar sus cosas.
Está sentado en su colchón, con la mirada perdida. Al hablar con él, su discurrir no se detiene por la ansiedad que le provoca que alguien lo visibilice. La mirada de Carlos se pierde, le cuesta sostener la atención durante una conversación. Los vecinos que salen de sus casas, lo saludan con cariño y él responde con un movimiento de cabeza. Se conocen. Son, también, sus vecinos. Pero no sonríe. Carlos se autodefine como un artista y se siente incomprendido por una sociedad que lo rechaza. “Soy un enfermo social, porque vivo en una sociedad que está enferma y me enferma”.
Los peatones pasan a su lado y casi no lo ven. O hacen como que no lo ven. Otros, se apartan con temor al descubrirlo. Una adolescente se detiene a mirar sus obras y se las halaga. Carlos repite que hay gente que lo quiere sacar de ahí, que se siente perseguido por la Policía. Cuando empieza a hablar, no se detiene y alterna anécdotas personales con historias inverosímiles. Pasa de la autocompasión al enojo y del pedido de ayuda al reclamo. Usa letras de canciones icónicas con sarcasmo: “El grito sagrado, libertad, libertad… todo es un cinismo irreverente”, murmura.
Carlos es una de las 3511 personas que viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, según el último censo hecho por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, en abril de este año. Pero él, como muchos otros, además tiene un trastorno mental y consumos problemáticos, situaciones que el censo no detalla ni contabiliza. De alguna manera es un síntoma de algo que complejiza la posibilidad de que personas como Carlos puedan salir de la situación en la que están: en CABA no hay un espacio o centro que pueda recibir y ofrecerles un tratamiento a quienes están en situación de calle y además tienen problemas de salud mental y de adicciones. Mientras que si acceden a una internación en un hospital psiquiátrico o en un hospital general, al salir no existe un plan de seguimiento y acompañamiento que los ayude a no volver a la calle.
“Hoy no hay ningún espacio que acompañe o reciba a personas con esa condición”, afirma Jorgelina Di Iorio, psicóloga e investigadora del Conicet especializada en este tema. “Hay funcionarios que se escudan en que la Ley de Salud Mental no los deja intervenir, pero eso no es cierto. Hay equipos de salud que funcionan muy bien, intervienen y diagnostican, pero luego se encuentran con que no tienen lugares a dónde internarlos. Y si en el mejor de los casos logran hacerlo, el problema es qué pasa después, cuando salen de allí. No hay dispositivos intermedios para esta población”, explica.
Di Iorio le apunta al Buenos Aires Presente (BAP), el programa del Gobierno porteño que se ocupa de asistir a las personas en situación de calle, plan que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires. Con unidades móviles que recorren las calles durante las 24 horas, el BAP ofrece albergue y atención integral a la gente que duerme en la vía pública, pero no ofrece un abordaje y seguimiento específico para aquellas que padecen un problema de salud mental. En los paradores los rechazan, en los hospitales generalistas y psiquiátricos también y en las instituciones especializadas también, dado que presentan cuadros complejos de adicciones y trastornos mentales que requieren un seguimiento individualizado.
Lucrecia Capdevilla es gerente operativa del BAP y asegura que “cuando en un primer acercamiento, los profesionales detectan un problema de salud mental, coordinan su atención con un equipo del Ministerio de Salud de la ciudad, que realiza una evaluación interdisciplinaria y comienza el abordaje”. Ese equipo está formado por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, quienes van al lugar donde vive la persona en situación de calle, la evalúan e intentan encontrarle el espacio adecuado para su atención y cuidado.
Sin embargo, la funcionaria considera que la Ley Nacional de Salud Mental es la primera dificultad con la que se encuentran para brindar la atención más adecuada en estos casos. “La ley no dirime qué es un padecimiento de salud mental. Menciona crear lugares intermedios de atención, para casos como estos, que no están especificados debido a su complejidad, pero no dice cómo ni de qué manera llevarlos a cabo ni tampoco los encuadra en un contexto sistémico”, dice Capdevilla.
La ley de Salud Mental, vigente desde 2012, plantea un cambio de paradigma al pasar de un abordaje basado en el encierro de las personas con padecimiento mental en hospitales psiquiátricos a uno de atención comunitaria, que les permita vivir de forma independiente con las mismas oportunidades que las demás.
“Es una población muy volátil y dinámica”, dice Capdevilla, refiriéndose a que se van mudando de sus espacios, viven temporalmente en casas, vuelven a la calle. De todas maneras, reconoce que “no hay un espacio intermedio para que puedan transitar ese padecimiento” y subraya en varias oportunidades, la complejidad de esta población. “La mayor dificultad es controlar la problemática cuando está en la calle. Si bien es verdad que esos lugares intermedios no existen en la ciudad, el problema es, fundamentalmente, que la persona acepte ser tratada y se quede en los lugares que les ofrecemos”, agrega
En su trabajo académico Intersecciones entre salud mental y situación de calle: una aproximación desde la perspectiva de derechos humanos, publicado en junio de este año, Di Iorio explica que las relaciones entre salud mental y situación de calle son multifacéticas, entre las cuales enumera padecimientos de salud mental preexistentes, sucesos vitales estresantes (discapacidad, consumos problemáticos, abusos, aislamiento) y las exigencias psíquicas y vinculares para sobrevivir en la calle.
Si bien no existen registros de estudios epidemiológicos en nuestro país que den cuenta de la prevalencia de padecimientos de salud mental en personas adultas en situación de calle, la autora destaca que quienes tienen consumos problemáticos de sustancias psicoactivas forman parte del grupo más numeroso y que, en 2017, el primer Censo Popular, hecho por unas 40 organizaciones civiles en CABA, arrojó que el 65% de la población censada consumía algún tipo de sustancia psicoactiva.
“Las adicciones tienen más dispositivos de acompañamiento que los problemas de salud mental”, asegura Natalia Joannaz, coordinadora del área de Adicciones de la Fundación SÍ, una organización dedicada a promover la inclusión social. Con más de 2000 voluntarios, tiene varios proyectos, entre los cuales están las recorridas nocturnas, todos los días del año, para acercar abrigo, alimentos y compañía a la gente en situación de calle.
“En cambio, la salud mental es una problemática que no se aborda en profundidad porque, después de una crisis, vuelven a la calle porque no tienen dónde ir y el Estado no les brinda un lugar donde hacer un seguimiento y ayudarlos a reinsertarse socialmente”, explica. Coincide con Di Iorio en este punto, pero también tiene una mirada crítica hacia la Ley de Salud Mental, como Capdevilla. “El problema es que la ley establece que si la gente no acepta internarse por su propia voluntad, no se los puede ingresar en ningún lugar”, agrega.
De acuerdo a la ley mencionada, la internación puede ser voluntaria pero también involuntaria cuando un equipo de salud interdisciplinario evalúe riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
“Yo sé que estoy enfermo”
Carlos recuerda, de manera muy traumática, haber sido internado en el Hospital Alvear y también estar “encerrado” en alguno de los centros de inclusión social, antes llamados paradores porteños. “Durante la pandemia, tuve que quedarme en un parador y no volvería a esos lugares ni loco”, dice con aprensión. “Las cosas que viví ahí fueron horribles: peleas, insultos, gritos, robos. Se agarraban a puñaladas por nada”, agrega con voz cada vez más agitada.
Los recuerdos de ese tiempo lo llevaron a hablar de su mujer y su hija, a quienes no ve hace tiempo. “Cuando estaba mejor, les acercaba comida y veía a mi hija, pero con esta situación, ¿qué voy a ir hacer a esa casa?”, explica confusamente, sin detallar por qué está lejos de ellas. “Estuve tratando de sacar turno para hacer terapia, yo sé que estoy enfermo, pero es que es muy difícil vivir en la calle. Yo tengo derechos, como todos. Si estoy loco, ¿por qué no vienen a ayudarme?”, se pregunta angustiado e inmediatamente recita. “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí”, dice mientras ordena sus viejas revistas de arte con gestos nerviosos.
Si bien los organismos de atención a la gente en situación de calle de la ciudad de Buenos Aires son muchos y cuentan con un circuito de dispositivos que responden con rapidez a un primer llamado al 108, el abordaje se estanca a la hora de conseguir lugares de albergue y seguimiento porque no los hay.
“Estas personas no necesitan una internación, necesitan un equipo específico que los acompañe y que puedan hacer un seguimiento”, explica Di Iorio. Los hospitales, los centros de día y los paradores los rechazan por falta de camas, por falta de personal, porque son personas que están en una zona gris, que no padecen enfermedades mentales de gravedad, pero tampoco tienen una estabilidad psíquica como para convivir con otros y cumplir ciertas pautas.
Si bien todos los entrevistados acuerdan en la complejidad de la problemática, Di Iorio sostiene que desde el Estado no se lo está enfrentando de manera integral y comunitaria como deberían. “El marco de paradigma de salud mental implica pensar un modelo de salud comunitario, y eso implica la integración socio comunitaria que es el acceso a la vivienda, pero la situación de calle obtura pensarlas para esta población”, explica.
A su vez desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lucrecia Capdevilla defiende la política sanitaria que aplican y propone que se revise la Ley de Salud Mental. “Nosotros trabajamos cada caso como único, le hacemos un seguimiento con equipos territoriales que coordinan con el área de salud mental y se diseñan estrategias de abordaje, algo que no podemos hacer en los centros de inclusión social. No se puede diseñar una política aislada, sería un parche más”, sostiene.
Mientras tanto, Carlos sigue todos los días, sentado en su colchón o “haciendo algunas changas”, como dice él. Cuenta que los equipos del Ministerio de Salud lo visitan todas las semanas, le ofrecen tramitarle un subsidio habitacional, apoyo clínico y terapéutico y se quedan conversando, algo que él valora mucho. Pero no pueden ofrecerle mucho más. No hay lugares para personas como él. Repite que la sociedad lo rechaza y que la policía lo persigue. “Son todos unos estúpidos, no ven corazones”, murmura.
Más información:
- Cuál es la mejor forma de ayudar a quienes están en situación de calle: La Nación armó una guía con 50 maneras de solidarizarse con las personas que duermen a la intemperie. Podés entrar haciendo click aquí.