De los asentamientos a los trabajadores informales: cómo pasan la cuarentena las poblaciones más vulnerables
Por Lorena Oliva y María Ayuso
Nadie está exento del COVID-19 y el aislamiento obligatorio, pero no todos los argentinos poseen los mismos recursos para hacerle frente. El contexto socioeconómico, la posibilidad de contar con redes de apoyo, las condiciones del hábitat y el tipo de trabajo, entre otras cuestiones, son solamente algunos de los determinantes. Según los referentes en pobreza, salud y sistemas carcelarios consultados por LA NACION, la pandemia vino a poner sobre la mesa y a profundizar problemáticas de largo arrastre, con el enorme riesgo de potenciar la segregación social de personas que, previamente, ya sufrían un corrimiento del sistema.
La médica Alejandra Sánchez Cabezas, magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud y directora de la asociación civil Surcos, reflexiona acerca de cómo el coronavirus puso en muy poco tiempo a la salud en el centro de la escena política y social. Recuerda que los barrios populares se caracterizan por su inestabilidad económica, dificultades en el acceso a los servicios de salud y viviendas precarias. "Si el lavado de manos y el aislamiento social son las dos medidas por excelencia para frenar la propagación del virus, ¿qué pasa cuando más del 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza, vive en condiciones de hacinamiento, no tiene alcohol en gel y además no accede a agua segura ni a servicios de salud de calidad? Esta situación de vulnerabilidad, además de ponerlos a ellos mismos ante un mayor riesgo, tiene consecuencias sobre la salud de todos", sostiene la médica.
En este sentido, Pablo Bonvehi, jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones en CEMIC, y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), considera que va a ser más difícil de practicar la cuarentena en los niveles socioeconómicos más vulnerables porque no cuentan con la infraestructura adecuada en sus domicilios, y que sobre todo habrá que reforzar las medidas de higiene. Por ese motivo, para el infectólogo es clave, en esta fase de contención, cumplir al máximo con las indicaciones gubernamentales.
"La gente tiene que colaborar. Por ejemplo, si una persona mayor vive sola y necesita ayuda para ir a comprar, hay que pensar no solo en uno, sino en los demás y ofrecer ayuda. Eso es fundamental. Nosotros estamos trabajando muchísimo en el área de la salud, pero también la gente tiene que entender que debe ser solidaria y socialmente responsable", apunta Bonhevi.
Para Sánchez Cabezas, la pandemia nos invita "a comprender las políticas desde una perspectiva de derecho y que el hecho de que las poblaciones padezcan los problemas de salud de manera diferencial, no nos debería ser indiferente".
"La emergencia del COVID-19 debería abrirnos los ojos sobre dos conceptos: que la desigualdad social en la Argentina es la causa de que algunos tengan más posibilidades de enfermarse y morirse que otros, y que esto es problema de todos", dice Sánchez Cabezas.
Hacinados: cuando los cuartos y hasta las camas se comparten entre varios
En Agustoni, uno de los asentamientos de Pilar, viven 2.920 familias, según el Registro Nacional de Barrios Populares. En los últimos días, en varios de los hogares, el coronavirus se sumó a una lista de preocupaciones encabezada por la inundaciones que sufrieron las tres manzanas más cercanas al arroyo que cruza el barrio.
"Varias de las familias viven en situación de hacinamiento. El jueves pasado, 50 amanecieron inundadas. Hay algunos vecinos que no son muy conscientes del coronavirus porque tienen muchos otros problemas, como el agua que les está entrando a las casas", cuenta Zoraida Duarte, una de las habitantes de Agustoni e integrante de la mesa de trabajo que conformaron los vecinos impulsados por la ONG Techo.
Tal como ocurre en una gran cantidad de viviendas de ese asentamiento –muchas de las cuales son de emergencia, construidas por Techo–, el hacinamiento es una realidad que afecta a miles de hogares del país. Según el informe sobre pobreza multidimensional 2010-2019, del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el año pasado el 21,6% de los hogares, no tenía una vivienda adecuada; es decir, que 2 de cada 10, por su estructura o materiales de construcción no cumplían con las funciones básicas de delimitación de los espacios, aislación térmica, acústica y protección superior contra las condiciones atmosféricas.
Dentro de ese 21,6%, el 7,6% presentaba hacinamiento (tres o más personas por cuarto), el 8,9% déficit en el servicio sanitario (no contaban con baño, retrete, descarga mecánica o arrastre de agua) y el 14,8% tenía una infraestructura precaria (eran casillas, ranchos o viviendas sin revoque en las paredes).
Por otro lado, según el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del ODSA, el 23,4% de los niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años vivían en condiciones de hacinamiento en las regiones urbanas de la Argentina, cifra que trepa al 30% en la provincia de Buenos Aires. El tener que compartir la cama con sus padres o con hermanitos, es una realidad que se multiplica en los hogares de los estratos socieconómicos más bajos. Para los especialistas, estas características del hábitat vuelven a las familias especialmente vulnerables a la propagación de enfermedades, entre ellas el COVID-19.
Con respecto a la posibilidad de cumplir con una de las medidas claves para la prevención, como la higiene, Zoraida explica: "Los recursos que las familias tienen son pocos y ahora el ingreso bajó más, porque la mayoría trabaja en negro. Van a priorizar comer antes que comprar productos de higiene. Lamentablemente, los comercios no ayudan porque aumentan los precios y es mucho más difícil poder acceder a los mismos".
En el marco de la pandemia, Solange Rodríguez Espínola, doctora en psicología e investigadora del ODSA, pone el foco en otra cuestión clave sobre la que pocas veces se indaga. "Lo que observamos es que el hecho de que haya un contexto con mucha gente alrededor viviendo en un espacio reducido, no garantiza que uno sienta que cuenta con determinadas condiciones de asistencia o apoyo de los demás. En los espacios urbanos socioresidenciales con mayor concentración de población como villas y asentamientos, donde hay varios hogares en situación de hacinamiento, la gente dice que siente menos contención social", detalla Rodríguez Espínola.
La psicóloga cuenta que cuando, en un reciente estudio, se le preguntó a las personas cuántos amigos o familiares cercanos tienen para enfrentar situaciones de necesidad, 2 de cada 10 respondieron que a nadie. Pero, si la lupa se posa en las zonas socioambientales más vulnerables, donde el hacinamiento es mayor, el número se eleva a 3 de cada 10.
Dentro de los grupos etáreos, también hay diferencias: "La gente de más edad nos refiere mayor sensación de pérdida de contextos de sostén social. En esta época de crisis, donde es fundamental estar atentos al otro, en los mayores se duplica la sensación de no contar con apoyo, sobre todo afectivo y emocional", señala Rodríguez Espínola.
Sobrepoblación y malas condiciones de higiene, la alarmante realidad de las cárceles
Cárceles sobrepobladas, con pésimas condiciones de higiene y salubridad, donde, según vienen denunciando desde hace décadas los especialistas, se da una sistemática vulneración a los derechos elementales de las miles de mujeres y hombres privados de su libertad. Ese es el panorama general del sistema penitenciario en la Argentina, que se agrava aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Nicolás Laino, defensor público oficial de la Defensoría General de la Nación (DGN), subraya que la población carcelaria es especialmente vulnerable a la propagación del virus por varios motivos. "En primer lugar, porque ediliciamente las cárceles tienen poca ventilación y en muchas de las prisiones no hay celdas individuales sino pabellones colectivos, que están sobrepoblados. A esto hay que sumarle que en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que es donde nosotros intervenimos, el gobierno anterior declaró hace un año la emergencia penitenciara y el actual la mantuvo", señala Laino.
El defensor explica que en el SPF, hay un 30% de sobrepoblación: tiene 14.000 presos y una capacidad declarada para 12.500. De ellos, 55% son procesados (tienen prisión preventiva) y 45% condenados.
"Una cárcel con sobrepoblación significa más hacinamiento. Además, los elementos de higiene escasean. Más allá de que el servicio con la crisis sanitaria del Coronavirus dispuso algunas medidas, en general faltan por ejemplo jabones y esto hace que sean aún más un caldo de cultivo", advierte Laino.
Para el abogado, otro problema clave a considerar es qué pasaría una vez que el virus empiece a circular por las cárceles. "Desde la DGN, venimos marcando desde hace años las deficiencias del sistema de sanidad en las prisiones. Muchas veces faltan especialidades: por ejemplo, neumonólogos. Incluso si vas a los hospitales penitenciarios centrales de Ezeiza o al de Devoto, las habitaciones/celdas están muy pegadas. Es dificultoso pensar en generar allí espacios de cuarentena", describe.
La existencia de un número importante de personas detenidas que presentan enfermedades preexistentes o que adquirieron en prisión, es otro de los agravantes. Por ejemplo, según datos brindados por el SPF ante un pedido de la DGN, en el Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, de varones, hay 2400 personas detenidas: de ellas, más 400 se consideran en riesgo por patología crónicas. Por otro lado, en la Unidad 19 donde están las "casitas" de preegreso, hay 270 internos, de los cuales 30 presentan factores de riesgo; y en el complejo II de Marcos Paz, son 2600 los presos y 115 tienen una salud especialmente vulnerable.
"El año pasado, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, aprobó una resolución instando a los defensores a hacer planteos de morigeración de las prisiones preventivas. Un 60% de las personas detenidas, no tienen condena. A esas personas, el Código de Procesal Penal Federal, les permite que antes de toda la prisión preventiva se apliquen medidas alternativas como la detención en el domicilio, el monitoreo electrónico a través de una pulsera, la obligación de comparece a firmar", explica Laino. "Ahora, con el coronavirus -continúa-, la defensora reforzó ese pedido a los defensores y nos recomendó hacer acciones de habeas corpus correctivos para poner fin a una situación de agravamiento de las condiciones de detención. Por ejemplo, si alguien está hacinado o no se le está garantizando su derecho a la salud".
En el servicio penitenciario bonaerense la situación es aún más crítica y hasta las comisarías están colapsadas. Hay unos 49.000 presos cuando la capacidad es para 22.000 o 24.000, según cómo se mida.
El defensor ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Mario Coriolano, explica que desde hace años vienen señalando en centros cerrados, comisarías y cárceles la existencia de una crisis humanitaria. "Es una expresión a la que no se le dio la importancia que tiene: es una situación donde muere gente y no se toman medidas para impedirlo. Ahora estamos ante una pandemia que en el contexto de hacinamiento está mostrando las consecuencias de no tomar medidas a tiempo", señala el defensor.
Destaca que en los últimos días, ante la conciencia por la pandemia, las autoridades de la provincia de Buenos Aires y la Nación dictaron una serie de resoluciones, como protocolos de acción. "Lo que me preocupa es que todo eso se cumpla. Tiene que haber un comité de crisis con las cabezas de las instituciones responsables: los jueces de todas las instancias, los fiscales, la defensa pública, los ministerios de Seguridad y Justicia, y el rol fundamental de las organizaciones no gubernamentales para señalar los incumplimientos y hacer los ajustes que se deba hacer", advierte Coriolano.
Por otro lado, subraya que la protección a la salud en el contexto de encierro no puede implicar la restricción de derechos, como la salidas transitorias. "Es fundamental que las medidas tomadas potencien los derechos y nos los restrinjan agravando la situación. Por ejemplo, en el caso de las salidas transitorias, en lugar de suspenderlas como se hizo, considero que para aquellas personas que venían saliendo y entrando de la cárcel hace tiempo, se debería haber transformado en una prisión domiciliaria", dice el defensor.
En cuanto a las visitas, en la mayoría de las unidades penitenciarias fueron los mismos detenidos y detenidas quienes se autolimitaron para proteger a sus visitas y ellos mismos.
Trabajadores informales: cuando se vive al día y el teletrabajo no es una opción
En términos económicos y laborales, el establecimiento de la cuarentena obligatoria no significa lo mismo para todos. En un extremo se ubica un segmento de la población que trabaja en relación de dependencia o es cuentapropista y tiene la posibilidad de continuar desarrollando su tarea desde sus casas. En el otro, un significativo porcentaje de personas vive estos días de pandemia con la angustia y la incertidumbre de no saber cómo van a poder subsistir tanto ellas como sus familias. Son los trabajadores no registrados, dependientes en la mayoría de los casos de un jornal diario que solo llega cuando hay trabajo.
Es el caso de Fernando Agüero, de 31 años, que vive con su mujer y sus tres hijos en Villa Zagala, en una casita alquilada. Desde hace tres años, se desempeña como ayudante de un pintor y cobra por día. "Habíamos empezado un trabajo de pintura en una casa, pero la clienta nos llamó para suspender la obra. Después nos íbamos a poner con el frente de otra casa pero ya llamaron para cancelar. Estoy desesperado", se lamenta con la voz quebrada. Y sigue: "No sé cómo voy a hacer para pagar el alquiler. Mi mujer no trabaja. Tenemos la AUH, pero no alcanza. No sé qué otra cosa hacer mientras tanto porque todo está parado".
Lejos de ser la excepción, el empleo no registrado es la realidad que debe enfrentar la mayoría de las familias pobres del país. Por tratarse de un segmento invisible para las estadísticas, la cantidad de trabajadores informales es una cifra variable según la fuente.
María Eugenia Sconfienza, investigadora del Conicet y presidenta de la Fundación Cultura de Trabajo, estima que hay un 35% de trabajadores informales en relación de dependencia, es decir, que además debemos sumar el segmento de los cuentapropistas informales."Se trata de un universo que para la Anses no existe. Al interior hay realidades muy diferentes, por su puesto, pero todos ellos e incluso toda la población en general está atravesada hoy en día por el miedo al desempleo. Otros países cuentan con programas de desempleo que brindan protección social y un ingreso mínimo que les da un piso con el que subsistir. Aquí lo que hay está orientado a la población registrada", sostiene la especialista.
¿Cómo llegar, entonces, a este segmento de la población que necesita más que nunca la protección del Estado? Sconfienza explica que algunas formas de llegar son a través de la AUH, de las jubilaciones y pensiones e, incluso, con algunos subsidios a ONG y movimientos que poseen comedores o brindan algún otro tipo de asistencia. "Algunas de las medidas más recientes del Ministerio de Desarrollo Social apuntan a fomentar el empleo y el autoempleo, ofreciendo créditos para la compra de herramientas o para la refacción de las viviendas, con la finalidad de que no pierdan la posibilidad de hacer changas. Pero en un contexto de paralización económica como el que se instala con esta pandemia, va a ser muy difícil incluso con estas medidas", agrega.
Dentro de este panorama desesperante, la situación más grave es la que padecen los trabajadores no registrados mayores de 45 y quienes tienen hijos mayores de 18, porque quedan afuera de los paraguas de la AUH y del sistema jubilaciones, las principales formas de asistencia social.
Para los referentes, el principal desafío es encontrar formas indirectas de llegar a ellos. En principio, para brindarles algún tipo de salvataje que les permita subsistir. Una vez que haya pasado lo peor, para empoderarlos y acompañarlos en el camino de la inserción laboral. Un camino en el que, siempre, son los últimos de la fila.
Comedores comunitarios: la prioridad de dar respuesta al hambre
El establecimiento de la cuarentena obligatoria preocupa y angustia mucho a Luis Gómez, coordinador general del comedor comunitario y merendero Por los chicos, ubicado en el barrio Loyola de San Martín, que brinda asistencia a unas setenta familias de la zona. "Yo entiendo lo del virus, pero la gente tiene hambre", explica Luis. Así y todo, asegura que no reciben ningún tipo de subsidio. Y duda que la cosa cambie por la emergencia del coronavirus. Hace pocos días, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dispuso un conjunto de medidas para reforzar las políticas alimentarias y de emergencia social.
El organismo anunció que se reforzará la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios y se modificará de forma temporal el sistema de distribución de la tarjeta. "En términos generales hay ocho millones de personas que reciben asistencia alimentaria en la Argentina. Cerca de tres millones de chicos comen en las escuelas y el resto en comedores y merenderos. Por eso, ampliamos las partidas presupuestarias para hacer frente esta situación y avanzar hacia un sistema de viandas que respete las prevenciones del distanciamiento social", explicó recientemente Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social.
Por el momento, las 14 personas que llevan adelante el comedor dicen sentirse muy solas, haciendo una labor enorme. "Acá no sólo les damos de comer. También les damos ropa cuando me donan. Hay mamás que nos vienen a pedir jabones para poder lavarles las manos a sus hijos. Con el tema del virus, estamos hablándoles mucho a las familias, porque no todos tienen el mismo nivel de conciencia con respecto a la prevención y no saben lo que tienen que hacer. Ahora damos la comida en tuppers, y les decimos que no vengan todos al mismo tiempo, que no estén encimados", agrega Gómez.
La dependencia de donaciones privadas es algo que lo tiene muy inquieto. "A nosotros nos dona mucha gente humilde, trabajadora. Y si con esto del virus se les corta la actividad, ¿cómo nos van a seguir donando? Yo tengo algo de reservas, pero no voy a poder subsistir por mucho tiempo", expresa preocupado.
En el ámbito porteño, fuentes del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, informaron sobre una serie de medidas para garantizar el funcionamiento de los 470 comedores comunitarios y los 75 Centros de Primera Infancia con que cuenta la Ciudad. Algunas de ellas contemplan la provisión de kits de limpieza y la provisión de viandas o bolsones de comida.
Pero la situación de emergencia económica y social que instaló el COVID-19 no generó, al menos por el momento, cambios en el tipo de asistencia estatal que Estela Gauto recibe para el comedor Corazón humilde, que fundó hace veinte años en la villa 21-24 de Barracas. Allí ofrecen merienda y cena a niños y adultos.
"Seguimos recibiendo las mismas 190 raciones y atendemos a 300 personas. La gente sigue necesitando la comida. Y además, ahora, con la falta de clases, los chicos vienen a cualquier hora a pedirnos la leche. Tenemos a otras cien personas en lista de espera, y la lista sigue creciendo", grafica Estela, explicando cuáles son sus principales urgencias.A medida que la situación sanitaria fue agravándose, instauraron la entrega de viandas y tratan de extremar las medidas de higiene con lo poco que tienen. "Enviamos una nota al Gobierno de la Ciudad pidiendo barbijos y alcohol en gel –denuncia–, pero hasta el momento no tuvimos respuesta".
Cómo colaborar
- El comedor Por los chicos recibe todo tipo de donaciones. Para colaborar, llamar al 4754-5949 o al 15-5577-5264. También a través de la caja de ahorros N° 541153/0 del Banco Provincia, a nombre de Luis Angel Gómez (CUIL 20-16876263-2; CBU 01400267 03509754115309).
- Para ayudar al comedor Corazón Humilde se puede llamar al celular de Estela (15-5146-4169). También a través de la caja de ahorros N° 025-370841/3 del Banco Santander a nombre de María Estela Gauto González (CBU 0720025088000037084136).
Por Lorena Oliva y María Ayuso
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