Cupo laboral trans. "Es una medida histórica contra la desigualdad"
LA NACIONMaría Ayuso
En plena pandemia, llegó un logro histórico de la lucha del colectivo LGTBIQ+. Esta mañana, a través del decreto 721/2020, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estableció el cupo laboral en el sector público que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero.
"Es una medida histórica para toda nuestra comunidad porque busca reparar la desigualdad estructural que hemos vivido la población trans a lo largo de los años y que nos ha excluido del ámbito laboral", sostuvo Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y militante por los derechos del colectivo LGTBIQ+.
Si bien en los últimos años hubo importantes avances (en lo normativo, entre otras, la pionera ley de identidad de género, sancionada en 2012), las mujeres trans continúan siendo uno de los grupos más violentados y vulnerados en sus derechos. Aunque los referentes coinciden en que vamos hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, destacan que aún quedan un largo camino por recorrer y muchos prejuicios por derribar. El decreto publicado esta mañana, sostienen, es un paso más.
"Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros están atravesadas por la estigmatización, la criminalización y la patologización sistemática, tanto de la sociedad como en las instituciones. Para nosotras es central transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión", explicó Rueda.
César Cigliutti, quien fue presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y falleció a principios de esta semana, había dicho en su última entrevista con LA NACION: "Estamos trabajando desde la CHA, que forma parte del Frente Orgullo y Lucha, por una ley nacional de cupo e inclusión para personas travestis y trans. Así como salió la ley de matrimonio igualitario o la identidad de género, ahora buscamos la de cupo e inclusión laboral travesti-trans".
Diferentes informes echan luz sobre las violencias y vulneraciones cotidianas a los derechos de las mujeres trans: su expectativa de vida oscila entre los 35 y 40 años; seis de cada 10 abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación; el 83% fue víctima de graves actos de violencia y discriminación policial; el 46% vive en viviendas deficitarias, y el 34% tiene VIH y dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales.
La mayoría, por las barreras que encuentran en la búsqueda de un empleo formal, cae en la prostitución como única forma de subsistencia: según un informe de la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta), seis de cada 10 la ejercen, el 87% comenzó antes de cumplir 19 años y el 87% la dejaría si tuviesen otra posibilidad. Muchas son abolicionistas: consideran que la prostitución no es un trabajo, sino el resultado de la pobreza, la marginalidad y una "picadora de carne".
En ese sentido, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, advirtió que este decreto, además de garantizar un piso mínimo de empleos para la población travesti y trans, atiende particularmente "la cadena de exclusiones" que atraviesa a ese colectivo.
"Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de discriminaciones que muchas veces se inicia en la niñez", sostuvo en un comunicado Gómez Alcorta. Y es que, en muchos casos, las familias son el primer lugar de una exclusión que luego se replica en distintos ámbitos. "Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. El cupo laboral trans es un paso importante en ese camino", agregó la ministra.
Para llevar adelante la política del cupo laboral en el Estado, se impulsó la creación de una Unidad de Coordinación Interministerial que estará a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que será integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Educación. El objetivo es garantizar el cumplimiento efectivo del ingreso y permanencia en los trabajos de este sector de la población.
Además, con ese mismo fin, el decreto prevé que se hará una reserva de puestos de trabajo, en cualquiera de las modalidades de contratación, que podrán ser alcanzados por personas travestis y trans, sin importar si realizaron o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI.
Por otra parte, se establecen mecanismos para asegurar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios, en los casos que los tengan incompletos, de modo de cumplir con la normativa vigente en el empleo público en materia de formación educativa obligatoria. En paralelo, el Ministerio de las Mujeres, en forma conjunta con el Instituto Nacional de la Administración Pública, capacitarán a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, para que la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas.
"Esta medida nos permite garantizar oportunidades reales que están vinculadas al acceso al empleo y a una integralidad de derechos como el acceso a una obra social, aportes jubilitarios, poder hacer sustentable nuestra vida y la de nuestras familia y demostrar que efectivamente tenemos una capacidad laboral", dijo Rueda. Y concluyó: "Estos derechos son fundamentales para pensar una Argentina de la igualdad frente a una discriminación histórica que atravesó a la comunidad trans".
Por María Ayuso
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