Un diagnóstico de la ONG ACIJ cuestiona numerosos puntos en el proceso de integración urbana del Barrio Mugica, entre ellos, problemas en las construcciones nuevas y un lento avance en el macizo histórico
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Problemas edilicios en las construcciones nuevas, escasos avances en el mejoramiento de las viviendas existentes, insuficientes recursos en materia de salud y educación y bajo nivel de conexión formal a servicios esenciales como electricidad y agua. Esos son, a grandes rasgos, los puntos más críticos del diagnóstico que hace la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el proceso de integración social y urbana del Barrio Mugica (ex villa 31 y 31 bis) ubicado en Retiro.
La reurbanización del Mugica es parte de un plan que involucra también a otros barrios. El de Retiro –el tercero más grande en cantidad de habitantes– es en el que más fondos se han invertido hasta la fecha: más de 36.000.000 de pesos a lo largo de seis años. En dicho período, entre otras obras, se trasladó el Ministerio de Educación, se construyeron escuelas y dos centros de salud. Además, se reubicó a los vecinos que vivían debajo de la autopista en viviendas nuevas, a pagar a 30 años.
Sin embargo, una recorrida por el sector de las viviendas nuevas del barrio permite apreciar a simple vista algunos de los puntos señalados por el informe de ACIJ: calefones solares que no funcionan, cielos rasos rotos, falta de iluminación en espacios comunes de los edificios nuevos, bombas que llevan meses rotas, escasa higiene en las calles y falta de medidores de electricidad.
LA NACION consultó al respecto a María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo del proceso. “Valoramos mucho el trabajo de la sociedad civil, pero no estoy de acuerdo con algunas cifras del informe. Yo creo que la mejora en el barrio es significativa. Hay cuestiones que no pueden pasarse por alto. Por ejemplo, en lo que hace a la regularización del agua, asumimos el compromiso de que todas las casas estén conectadas en 2023. Pero primero tuvimos que hacer una obra que nos llevó dos años y medio. Con la electricidad pasó algo similar”, explica la funcionaria, quien sostiene que todo lo proyectado para el barrio sigue vigente.
“Hasta el tercer trimestre de 2021 el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha destinado 36.630.619.985 de pesos. El presupuesto presentó aumentos sistemáticos desde 2016 hasta 2019, pero desde 2020, la inversión en la reurbanización del barrio decrece exponencialmente, cuando aún se encontraba pendiente la realización de gran parte de las conexiones domiciliarias a los servicios públicos y había gran cantidad de obras sin ejecutarse, sobre todo en las manzanas del barrio histórico”, puede leerse en el estudio, que se presentó el sábado último en el barrio.
Según la fuente de medición, la cantidad de familias que viven en el Barrio Mugica oscila entre algo más de doce mil y algo más de trece mil. Hasta el momento, se construyeron 1254 viviendas nuevas y se mejoraron algo más de 2500 ubicadas en el núcleo histórico, en donde aún vive el 90% del total.
Rosario Fassina, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de ACIJ, cree que el escaso avance en algunos aspectos es preocupante. “Vemos con un poco de temor que no se avance con la misma energía e inversión pública en el macizo histórico como en las viviendas nuevas, siendo que, además, estas últimas tienen problemas de calidad habitacional. Nosotros realizamos una encuesta dentro del barrio y el 88% de los encuestados nos dijeron que no acceden a servicios de manera formal. Eso es lo más dramático para nosotros. Son obras que llevan mucho tiempo, y a casi siete años del anuncio de la reurbanización, el 88% dice que no accede al agua de manera formal, y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.
Con respecto a la calidad edilicia de las viviendas nuevas, Migliore hace una evaluación positiva. “La calidad es muy buena. Tal vez, como en todo, podés tener un vicio de obra. Hay aspectos a mejorar. En nuestros recorridos detectamos fallas en la provisión de agua caliente, filtraciones, problemas eléctricos, pero son cuestiones aleatorias, no son estructurales o significativas”, consideró la ministra, quien sostiene que la valoración de los vecinos es, en general, positiva: “Es importante poner en perspectiva que, mientras se hace una obra de esta envergadura, va a ser incómodo. Es lógico que el vecino lo marque.”
“Me pregunto qué estoy pagando”
Mirtha Rodríguez lleva un año viviendo en un departamento nuevo, ubicado muy cerca del Ministerio de Educación. Es un departamento amplio, con cuatro dormitorios y un patio, en el que el frío cala los huesos aunque sean las dos de la tarde y el día esté soleado.
La mujer valora que su nuevo hogar sea más luminoso que el anterior (antes, vivía debajo de la autopista), pero extraña las paredes de ladrillo, que cambiaron por durlock y se queja porque, a los quince días de mudarse, nunca más tuvo agua caliente. Si bien cuenta con un baño y un toilette, este último no lo puede usar por una filtración que le llega del depósito de las bombas de agua. “Tuvimos que hacer de nuevo la conexión eléctrica porque los cables no daban abasto y se nos cortaba la luz cada dos por tres. También sacamos los paneles eléctricos que eran para calefaccionar porque no estaban bien conectados y teníamos miedo de que se prendieran fuego, como pasó en otro departamento”, explica la mujer, en pareja y madre de tres hijos.
Rodríguez ve con preocupación el deterioro de su edificio cuando hace apenas un año que lo habita. “Yo quiero pagar por mi casa y por los servicios. Pero si a un año está todo así, a veces me pregunto qué estoy pagando, qué me va a quedar en diez años, veinte o treinta”, se pregunta.
Los resultados de otro relevamiento reciente, realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, van en consonancia con los de ACIJ en lo que respecta a las viviendas nuevas. Según este informe, que relevó 45 hogares ubicados en 19 de los 26 edificios nuevos, los principales problemas detectados son filtraciones de agua en los techos (73,8% de los hogares encuestados), filtraciones en las paredes (69%), superficies rugosas y desparejas en los pisos (88,4%), herrajes en mal estado (73,3%), aislación térmica (57,1%) y acústica (81,4%) percibida como mala, mal funcionamiento de luces y enchufes (76,7%) y la insuficiente provisión de agua fría como caliente (81,4%).
No muy lejos de la casa de Mirtha vive Alexis Mena. El hombre vive con su sobrina política y su dos hijas, ya que enviudó en 2020. Su mujer era Ramona Medina, una referente muy reconocida dentro del barrio, cuya muerte a causa del Covid movilizó en su momento a vecinos y referentes sociales. Aunque tiene una hija con una discapacidad muy severa, que incluye la motricidad, fue relocalizado a un departamento distribuido en planta baja, primero y segundo piso. Hay que subir un piso por escalera para acceder a la cocina y el comedor.
“Estoy pagando más de 9000 pesos por mes, pero de los servicios, ni noticias. El tema es que, mientras tanto, si se corta la electricidad o se daña algo a causa de la tensión, no tenés a quién reclamar, porque no sos cliente. En cualquier caso, pierdo yo”, explica Mena, quien asegura que sigue esperando por la plaza inclusiva que le prometieron para su hija.
“Las familias mudadas no ven superadas las vulneraciones que sufrían antes de mudarse –se lamenta Fassina-. El avance normativo es enorme, ya que hoy se habla de integración social y urbana de estos barrios. Su erradicación, que fue eslogan de campaña no hace tanto, ya no tiene espacio en la agenda pública y eso es, en gran medida, consecuencia de la lucha de los vecinos. Pero si caminás sus calles, te encontrás con que sus habitantes siguen viviendo como hace 40 años.”