Cómo es para una víctima de trata reconstruir su vida: “Fuimos violadas y lastimadas durante años. El daño es permanente”

Cuando un avión la dejó en el fin del mundo, Alika Kinan tenía 18 años, casi 19. Era 1995 y el frío de Ushuaia le sacudió los huesos. Se recuerda delgada, rubia, con el pelo largo y “pasada de hambre”. Estaba desesperada por enviarle algo de plata a su hermana menor, que había quedado en Córdoba, en la casa de una amiga. En el aeropuerto, la esperaban Pedro Montoya y Claudia Quiroga para llevarla al Sheik, el prostíbulo donde sería explotada sexualmente durante 16 años.

Hoy, Alika vive con Alfredo, su pareja, y sus seis hijas e hijos. Por seguridad, su domicilio es reservado. Es directora del Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre Trata de Personas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y presidenta de la fundación que lleva su nombre. Feminista, activista y abolicionista, se convirtió en una de las caras más reconocidas de la lucha contra la trata y su historia se contó en decenas de medios de comunicación de la Argentina y el mundo.

Sin embargo, a casi una década de la madrugada del 9 de octubre de 2012 en que Gendarmería irrumpió en el Sheik, la activista considera que son pocos los avances que se dieron para acompañar a las mujeres que, como ella, fueron rescatadas: “La situación es exactamente la misma que años atrás. Hay asistencia en lo inmediato pero no un acompañamiento prolongado en el tiempo: haber pasado por esa situación te causa un daño permanente y no tenemos un programa que dure más de seis meses. Eso hace que te encuentres con víctimas que fueron tres, cuatro o siete veces rescatadas en distintos puntos del país, porque vuelven a caer en la explotación”.

Según datos oficiales, de las 17.400 víctimas rescatadas desde 2008 hasta la actualidad, se estima que el 80% permaneció en una situación de “gran vulnerabilidad”. A pesar de los avances que se dieron en lo normativo y de los programas gubernamentales que están dando sus primeros pasos, los especialistas consultados por LA NACION coinciden en que los desafíos para las mujeres atravesadas por este delito siguen siendo enormes: desde encontrar una contención adecuada y sostenida para juntar los pedazos de un cuerpo y una psiquis rota por las violencias, hasta acceder a un empleo digno. Sin vivienda, sin oportunidades y sin atención psicológica, cortar con ese círculo de explotación es una utopía.

Gustavo Vera, titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, asegura: “El diagnóstico con el que asumimos la gestión era que el Estado argentino venía mejorando su capacidad para detectar casos de trata y rescatar a personas de esa situación, pero no los mecanismos de asistencia que garantizaran que esas personas no volviesen a caer en la vulnerabilidad”. Y agrega: “El desafío más importante es asegurar la restitución de derechos para construir un horizonte de vida. Eso implica una batería de medidas en el corto, mediano y largo plazo. Muchos programas son incipientes: ahora hay que implementarlos”.

En esa línea, Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), sostiene que son cuatro los ejes en que hay trabajar fuertemente: que se garantice un tratamiento psicológico de por vida para sobrepasar esa experiencia traumática, y que se atiendan los déficits en educación, vivienda y trabajo. “Es muy importante que esas soluciones no sean momentáneas, sino sostenidas. Muchas son madres solas, único sostén del hogar. Hay que darles una perspectiva a futuro que les de tranquilidad de que cuentan con lo mínimo para poder vivir”, subraya.

Y es que los perfiles de las víctimas de trata son muy similares: mujeres atravesadas por historias de violencia y marginalidad, que en general provienen de la extrema pobreza y tienen hijas o hijos a cargo. Por eso, Alika subraya que no hay que perder de vista que es “un delito sumamente complejo que daña la dignidad de la persona, el corazón de todos los derechos humanos”. Y explica: “Los tratantes desarman psicológicamente a las víctimas. Hay coacción, coerción y en muchos casos una participación activa por parte del Estado, lo que significa que las mujeres desconfían de quienes la van a ayudar porque anteriormente las ultrajaron, la dañaron y las violaron. Ese daño es perpetuo, para toda la vida”.

De la letra a la práctica

En 2008 la Argentina sancionó la Ley N° 26.364 (que se modificó en 2012 y pasó a ser la N° 26.842) de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. La misma impulsó la creación del Programa Nacional de Rescate y su reforma estableció la creación del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, un fondo fiduciario público que se alimenta de los bienes decomisados por la Justicia en procesos vinculados con los delitos de trata, explotación y lavado de dinero provenientes de los mismos.

A mediados de 2019 se sancionó, además, una nueva ley (la Nº 27.508) para regular ese fondo y, en octubre de 2021, ocho años después de haber sido creado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación anunció que comenzaría a funcionar. Hasta el momento y según datos de la Protex, 1099 víctimas fueron reconocidas en sentencias judiciales por casos de explotación sexual, pero ninguna recibió aún dinero del fondo y recién se espera que una de ellas, de Santiago del Estero, lo haga en los próximos meses.

¿Los motivos? Fuentes oficiales aseguran que “la conflictividad se da en el Poder Judicial, que por ley debe primero reconocer en sus sentencias a las víctimas como tales y además fijar los montos de lo que sería la restitución y reparación. Hasta ahora, eso nunca ocurrió. Lo que se hizo fue mandarles oficios a los juzgados para que determinen esos montos cuanto antes”. Sobre esas barreras en la implementación, Vera agrega: “Como la reparación a las víctimas se hace en función de sentencias judiciales firmes, está interconectada con la velocidad en que las causas avanzan. Hay que tener en cuenta que solo el 5% de las víctimas rescatadas tuvieron sentencia y las causas pueden durar 10 o 13 años. Tienen una lentitud pasmosa”.

El día después

Vera, que asumió como funcionario luego de una vasta experiencia en la problemática como fundador de Fundación La Alameda, explica que, por protocolo, cuando hay un allanamiento en un lugar donde se presume que se está cometiendo el delito de explotación, interviene primero el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que debe contenerlas hasta su primera declaración testimonial. A partir de ese momento, señala que la víctima es derivada al “punto focal” que le corresponde según la jurisdicción (es decir, el organismo designado para garantizar las medidas de asistencia), que a su vez está coordinado por uno a nivel nacional, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. “El problema fundamental era que había una descoordinación de los programas nacionales y provinciales, no había seguimiento y el punto focal tenía que improvisar medidas de acuerdo a lo que cada ministerio provincial quisiera dar. Esto lo empezamos a cambiar drásticamente”, asegura Vera.

Con respecto al corto plazo, señala que las mujeres rescatadas pueden acceder al Programa Acompañar, que es el equivalente a un salario mínimo y móvil, por seis meses y con la posibilidad de renovarlo por seis más. Por otro lado, el funcionario sostiene que tienen acceso a un subsidio de protección por explotación laboral, que es por única vez, así como el derecho a un patrocinio jurídico a través de la Defensoría General de la Nación y a un acompañamiento terapéutico. “Luego, a mediano plazo, está el programa de inclusión y capacitación laboral que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde las víctimas ingresan a voluntad y se las capacita durante un año, pagando un salario que no puede ser menor que el vital y móvil”, detalla. Actualmente, se está desarrollando una primera experiencia piloto con 30 víctimas y se espera que a mediados de este mes comience una nueva camada: “El objetivo es que, articulando con el sector público y privado, puedan ser insertadas laboralmente”.

Mientras tanto, conseguir un trabajo continúa siendo una odisea para estas mujeres. Así lo vivió Daniela Chávez, que tiene 43 años y durante su infancia y adolescencia fue víctima de explotación sexual. Tenía 17 cuando su mamá la entregó a una red de trata en Villa Mercedes, Córdoba. “Me fue muy difícil todo, porque la gente no te daba trabajo: el estigma siempre te queda. Hoy sigue siendo así: lo veo en las mujeres que voy conociendo y que fueron rescatadas. Si realmente hubiese trabajo digno, cambiaría todo, porque sino tarde o temprano volvés a manos de un tratante”.

Alika suma otra complejidad: no todas las víctimas están en condiciones de poder trabajar: “Muchas tienen problemas psiquiátricos o físicos severos tras los años de explotación. Por eso, sería fundamental que puedan acceder a una pensión no contributiva de por vida. Hoy tenemos un proyecto que tiene el acompañamiento del bloque de Martín Lousteau (senador por la UCR) y el aval de la Protex. Lo presentamos junto a la diputada Carla Carrizo (UCR)”.

Reconocerse como víctima

“Yo no soy víctima de nada. A Pedro y a Claudia los quiero”, fue lo primero que le dijo Alika a la fiscal María Hermida cuando ella y sus compañeras fueron llevadas a declarar después de esa madrugada de octubre en que allanaron el Sheik. Hermida le preguntó por su infancia, su familia, cómo había llegado al sur. Alika le contó que a los 14 la habían violado y que nadie le había creído; que había pasado hambre, que sus padres las habían abandonado a ella y a su hermana a su suerte. Poner en palabras su historia fue el primer paso. “Reconocerme como víctima de trata fue un proceso muy largo. No todas lo pueden hacer. Implica revisar todo tu ser, enfrentarte a tus propios demonios. Es una barrera muy grande que tenemos: entender que no está bien eso que nos pasó, que se aprovecharon de nosotras”, detalla.

La activista sostiene que una vez que las víctimas hacen su primera declaración testimonial, quedan “desamparadas”, e inician un largo recorrido por distintos organismos donde “la revictimización es permanente”, quedando “en un limbo”. Con respecto al acceso a la Justicia, asegura que si bien deben ser informadas de todos el proceso judicial y de las peticiones especiales que hacen los imputados (sus explotadores) ante la fiscalía, “eso en general no sucede y puede que no se enteren, por ejemplo, del pedido de excarcelación del tipo hasta que son hostigadas o se lo encuentran por la calle”. Lo dice por experiencia propia.

Su caso fue considerado paradigmático: en 2016, en un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó a Pedro Montoya a ocho años de cárcel (luego se subieron a nueve) por el delito de trata agravado por la pluralidad de víctimas. Además, reconoció la responsabilidad civil de la Municipalidad de Ushuaia como participe necesaria en la existencia de la red, teniendo que indemnizar a Alika con 780.000 pesos. En 2018, las condenas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal y, por primera vez, el Estado argentino fue considerado cómplice por el delito de trata de personas. Pero Alika cuenta que en estos años no sólo no cobró ni un peso de la indemnización, sino que en el verano se enteró que Montoya había sido excarcelado aunque no había llegado a cumplir ni la mitad de la condena.

“De los nueve años que le dieron, cumplió tres. Una locura. Hizo su pedido de excarcelación en diciembre de 2021 y lo soltaron unos días antes de las fiestas. Yo me enteré por los medios de comunicación de Tierra del Fuego que había salido libre porque había hecho cursos de organización de eventos dentro de la cárcel”, cuenta con la voz cruzada por la indignación. Y concluye: “Mi caso se presenta como un leading case y ni siquiera me restituyeron la dignidad. A las víctimas de trata no se nos reconoce: somos el residuo de todos los derechos humanos. Tengo mi domicilio reservado, pero no tengo ninguna garantía de seguridad. Cuando Montoya salió de la cárcel dijo: ‘voy a recuperar todo lo que perdí'. ¿Y yo tengo que estar tranquila de que mi vida y la de mis seis hijos no está en peligro?”.

Dónde pedir ayuda

En la línea 145 se puede solicitar información, asistencia y denunciar todo tipo de casos de trata de personas; funciona las 24 horas, todos los días, en todo el país y es anónima.

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