“Castigo”, “auspicioso”, “inequitativo”: qué piensan tres especialistas en infancia sobre la idea de sacarle planes sociales a las familias que no envíen a sus hijos al colegio

En pocas horas, la medida generó repercusiones de todo tipo, a favor y en contra. Esta mañana, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que a partir de este segundo cuatrimestre se endurecerán los requisitos para otorgar el certificado de regularidad de los estudiantes que asisten a escuelas de la Ciudad, y advirtió que aquellos beneficiarios del programa social Ciudadanía Porteña que no los cumplan, podrían dejar de percibir el ingreso.

En la actualidad, este programa beneficia a 23.686 chicas y chicos de los sectores más vulnerados en el acceso a derechos. Cada hogar recibe, en promedio, 15.722 pesos mensuales y aquellas familias con niñas, niños y adolescentes, un monto adicional de 5256,30 pesos si se trata de un hogar en situación de pobreza y de 7884,50 pesos cuando su situación es de indigencia.

Mientras que funcionarios oficialistas subrayaron la importancia de la medida para realizar un seguimiento de la escolarización de las chicas y los chicos, referentes de otros espacios políticos lo consideraron un “castigo” y una “doble estigmatización” que terminaría profundizando el círculo de la vulneración de derechos.

¿Puede este tipo de políticas reforzar situaciones de exclusión? ¿Son indispensables para que las chicas y los chicos sostengan su escolaridad? ¿Se pone en riesgo el acceso a otros derechos, como a la seguridad alimentaria? LA NACION consultó a tres especialistas que, desde diferentes ámbitos, se dedican al abordaje de los derechos de las infancias y adolescencias, para conocer su mirada sobre esta iniciativa.

“Los adultos no pueden disponer de los derechos de las chicas y los chicos”

El programa de Ciudadanía Porteña es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH). En otras palabras, las familias que perciben el primer beneficio, no pueden acceder al segundo. Por eso, en el marco de las medidas anunciadas hoy, el gobierno de CABA sugirió que su definición de “alumno regular” debería ser adoptada también por el nacional para hacer lo mismo con los beneficiarios de la AUH.

Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) y abogada con una larga trayectoria en temáticas de infancia, subraya que tanto la AUH como el programa Ciudadanía Porteña “responden al derecho a la seguridad social que tienen todas las chicas y los chicos”, previsto en el artículo 26 de la Convención sobre los de los Derecho de NNyA. Recuerda que se trata de “un derecho autónomo que no tiene que ver con la situación de los adultos”.

“Lo que ningún adulto puede hacer, y es algo que justamente responde a una mirada adultocéntrica, es disponer de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, enfatiza la defensora. Por otro lado, destaca que son muchas las variables que pueden incidir en que los NNyA tengan un mayor ausentismo, y que “lo peor que puede hacerse es excluirlos de los programas de asistencia que en estos momentos de crisis son fundamentales”. Recuerda que, desde Unicef y otras instituciones como el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, “vienen alertando que sin la AUH o programas que la sustituyen, como Ciudadanía Porteña, el porcentaje de niñas y niños en situación de pobreza sería mucho más que el 50%”.

En ese contexto, para la defensora, “lo único que vamos a generar con medidas como esta es más pobres y posiblemente, con estas exigencias, tampoco logremos una mayor presencialidad en las escuelas”. Destaca que son muchos los motivos vinculados a la asistencia que deben ser tenidos en cuenta, y ejemplifica: “Hay casos de chicas y chicos de 17 años que faltan un día a la semana porque tiene que trabajar −pueden hacer una jornada corta, porque eso está previsto por ley−, y están en riesgo de quedarse sin el programa y, finalmente, sin escuela, ya que es muy probable que la terminen abandonando”.

Por otro último, Graham subraya que en el caso de estos programas que requieren una contraprestación −como la asistencia a la escuela o controles de salud−, lo que la Defensoría impulsa es que el incumplimiento de la misma “no implique una penalidad para las niñas, niños y adolescentes”. “Las políticas nacionales y de las provincias tienden a satisfacer los derechos de NNyA y hay tres que son esenciales: salud, educación y seguridad alimentaria, que sin ingresos o restringiéndolo los que tienen las familias, queda en riesgo. Por eso, preservar esos ingresos es clave para que aquellas personas que tienen como deber el cuidado de chicas y chicos, puedan contar con los recursos mínimos necesarios para sostener un piso de derechos”.

“Que la escuela se proponga controlar qué pasa con el ausentismo es auspicioso”

Según las medidas anunciadas hoy, en los casos en los que los chicos pierdan su condición de estudiantes regulares durante el bimestre –es decir, que no hayan asistido al mínimo de 85% de días efectivos de clases–, podrán recuperarla durante el bimestre siguiente. Si a los tres meses, con un nuevo cruce de nóminas, la situación no se regularizó, se dará de baja el componente adicional del programa Ciudadanía Porteña. Si el problema persiste en el siguiente trimestre, el beneficiario perderá la totalidad del beneficio.

Teniendo eso en cuenta, Ianina Tuñon, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, considera que cuando este tipo de medidas son tomadas con “bastantes cuidados y no es que se les van a sacar el programa en una primera instancia, sino que son varias las que se están considerando”, responden “a una perspectiva de asumir las responsabilidad que tienen los Estados en términos de protección de los derechos de los chicos”. En ese sentido, aclara que tanto la AUH como el programa de Ciudadanía Porteña, “son políticas que tienen condicionalidades (asistencia a la escuela y controles de salud) y su revisión es parte de un diagnóstico que hay que realizar”.

“Hay muchos estudios y diagnósticos en términos de los mayores problemas que tienen en la escolarización los sectores sociales más vulnerables y en los resultados que logran en comparación con otros sectores. Son múltiples los factores que inciden, pero un aspecto que se señala es el mayor ausentismo a la escuela. Por eso, que la escuela se proponga controlar, registrar y se preocupe en ver qué está pasando con esos chicos, es auspicioso, no entiendo como no se hizo siempre”, destaca Tuñón. Y agrega: “Si creamos una transferencia de ingresos con condicionalidades en salud y educación, deberíamos garantizar que esto ocurra”.

Sin embargo, la investigadora también asegura que en muchos casos el Estado “no ofrece estructuras adecuadas y de calidad”. “En los barrios más vulnerables del conurbado, los chicos no van a la escuela cuando llueve y eso sería diferente si hubiese otra infraestructura. Deberíamos empezar por ahí. Pero también tener sistemas de acompañamiento y seguimiento es algo que ha estado presente en funcionarios de distinto orden partidario y no he visto que se haya implementado hasta ahora. Más que una política de castigo, es una política de acompañamiento y ojalá la hagan bien”, señala la especialista. Y agrega: “Tenemos tasas de deserción altísimas en la secundaria y esos chicos no se van porque la escuela les ponga normas muy exigentes o castigos, sino por muchos otros motivo, entre ellos porque las escuela no los consideró, no les pregunta por qué faltaron”.

En esa línea, sobre la medida anunciada hoy, opina que la ve como “una intención de hacerse cargo de un problema, aunque probablemente no con todas las herramientas, porque la caja de herramientas que se necesita para la inclusión es mucho más amplia, pero sí es un recurso muy importante, ya que una de las principales variables que siempre es determinante del éxito del desarrollo NNyA es su capital social, y buena parte de ese capital es la escuela”.

“Hay una reproducción de las inequidades: se le pide más a las poblaciones más vulnerables”

Gala Díaz Langou es directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una organización independiente y apartidaria que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas. La especialista explica que Ciudadanía Porteña es parte es “una pieza de un rompecabezas más grande vinculado al sistema de transferencias que da el gobierno nacional a las familias que tienen niñas y niños”. Estas se dan por tres canales: la AUH, las asignaciones familiares contributivas para las personas que trabaja en relación de dependencia y la deducción al impuesto a las ganancias para los trabajadores de más altos ingresos, “que si bien no es una transferencia, sí tienen un impacto equivalente en el bolsillo”.

Subraya que las políticas de transferencia con corresponsabilidad (como la AUH o el programa de Ciudadanía Porteñas), “demuestran que el impacto de atarlas a la asistencia a la escuela, por ejemplo, es bastante marginal; aunque tienen un impacto un poquito mayor en los últimos dos años del secundario, no es así en el resto de la trayectoria educativa, donde las familias tienden igual a mandar a los niños a la escuela y sino lo hacen no es por falta de voluntad sino por falta de condiciones materiales como dinero para pagar el boleto del colectivo”.

Según Díaz Langou, estas cuestiones deberían enmarcar la discusión y ser tenidas en cuenta porque “generan ciertas inequidades”, ya que “se les exige cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad mientras que a otras familias que también reciben dinero del Estado, como las asignaciones familiares o deducción de impuesto a las ganancias, no se les piden estas cuestiones”. En otras palabras, la especialista sostiene que “hay un vector de reproducción de las inequidades, donde se le pide más a cambio a las poblaciones más vulnerables”.

La directora de Cippec considera clave “aprovechar esta discusión para concentrarnos en cómo logramos la justicia educativa y que todos los chicos y chicas puedan ir a una escuela que les sirva para enriquecer sus trayectorias vitales y que les brinde oportunidades lo más amplias posibles”. Todo eso, dice la especialista, teniendo en cuenta que el modelo actual de la secundaria “fue pensando hace muchísimos años con una sociedad y un mercado de trabajo muy distinto, y hoy tener secundario completo no garantiza una inserción buena. Tenemos que pensar en cómo fortalecer el sistema educativo para que esas trayectorias escolares sean lo más exitosas posibles, pensando en cómo hacemos para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad tengan menos riesgo de salirse del sistema con una mirada mucho integral y centrada en incentivos positivos en lugar de negativos”.

Por último, concluye que en los casos de abandono hay una “superposición de distintas vulneraciones” y que debe buscarse “reducir ese impacto desde las políticas públicas, ya que puede ser que haya problemas de inseguridad alimentaria, salud, vivienda, entre otras”. “También se puede trabajar desde una mirada que busca anticipar las situaciones en las cuales puede haber abandono a partir del cruce de información de las administraciones públicas: por ejemplo, si la familia está con un problema de salud o salida del mercado de trabajo, hay más riesgo de que el NNyA abandone y se puede actuar preventivamente. Esto se llama sistemas de alerta temprana y se están implementando en algunas provincias”, resume.

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