Ante el aumento del combustible, miles de choferes de personas con discapacidad dejaron de prestar servicio
Reclaman un aumento del arancel que perciben por parte del Estado; hoy cobran $ 272 por kilómetro recorrido; la medida afecta a unas 230 mil personas en todo el país y se extiende hasta el sábado
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LA NACIONLorena Oliva
El año comenzó con una noticia amarga para miles de personas con discapacidad que dependen del servicio de un transportista para ir a sus terapias, centros de día o espacios de rehabilitación. Desde hoy, la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, que nuclea a unos 30.000 choferes en todo el país, inició un cese de actividades en reclamo de una actualización del monto que cobran por esos traslados. Afirman que con lo que perciben no pueden afrontar el fuerte aumento de los combustibles.
El transporte es una de las prestaciones básicas que a través de las obras sociales o prepagas, según la ley 24,901, le cubre el Estado a las personas con discapacidad en los casos en los que requieren esos traslados para rehabilitarse, ir a la escuela, a un centro de día o a un centro educativo terapéutico, entre otros destinos. Actualmente, los choferes cobran 272 pesos por kilómetro.
“Cuando acordamos ese aumento, el litro de combustible estaba en 328 pesos. Pero el aumento en el litro de nafta y gasoil nos complicó, porque ahora estoy pagando 819 pesos con el mismo arancel. Llenar el tanque cuesta entre 50.000 y 60.000 pesos. La situación es verdaderamente angustiante”, explica Pablo Bolego, vicepresidente de la Federación y chofer desde hace 15 años. Actualmente Pablo transporta a 30 personas.
“Siempre es difícil dar una noticia así, porque propagás tu angustia a las familias, que dependen de tu servicio y no precisamente para un fin recreativo. Pero la gran mayoría entiende que vivimos de esto. Mi familia depende de mi trabajo”, dice Bolego.
El costo de las prestaciones es fijado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, un organismo que preside la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) e integran diferentes organismos e instituciones del sector público como el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud o el Ministerio de Salud, entre otros, así como instituciones sin fines de lucro relacionadas con la discapacidad.
Hace pocos días, el nombramiento del abogado Diego Spagnuolo al frente de la Andis generó expectativa entre las organizaciones involucradas en esta medida. “Esperamos tener una pronta respuesta porque nuestro reclamo es absolutamente razonable. De nosotros depende el traslado de unas 230.000 personas que, si no reciben sus prestaciones, no sólo se afectan a si mismas sino también se afecta el trabajo de los otros prestadores”, alerta Bolego en referencia a los terapeutas, médicos o centros que atienden a este grupo de personas.
LA NACION intentó comunicarse con la cúpula de la ANDIS pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
“Nos prometieron una respuesta”
Gonzalo Siles traslada, por semana, a unos 35 chicos y chicas con discapacidad que viven en el partido de San Martín. Cerca de la mitad de los traslados los realiza como prestador privado y el resto, contratado por el Sindicato de Choferes Particulares, que nuclea a 1500 choferes en todo el país. Sabe que en Rosario o en Salta el cese de actividades es total, pero él prefirió estirar la decisión una semana. “Nos prometieron una respuesta en los próximos días, así que yo decidí esperar un poco más. Pero la situación es insostenible: al sindicato que me paga a mí, hace tres meses que el sistema no le paga”, denuncia.
De todas maneras, Siles considera que no hay que perder de vista la naturaleza del trabajo que realizan. “Nuestro servicio es mucho más que un traslado. Si yo no busco a esos chicos, nadie los va a buscar y ellos son los principales damnificados”, dice.
Con él coincide Bolego, quien asegura que todos los integrantes de la Federación que encabeza entienden la naturaleza de su trabajo. “Se trata de una medida absolutamente involuntaria. Aunque quisiera, no puedo seguir saliendo a trabajar porque con lo que cobro, no cubro los gastos. Y no hablemos sólo de combustible”, sostiene.
Entonces cuenta que está pagando en cuotas una nueva camioneta para cambiar la que tiene, que es modelo 2012. “El Estado te obliga a que cuentes con una unidad moderna y perfectamente equipada para brindar este servicio. ¿Cómo hago para cumplir con todas estas exigencias cuando no logro cubrir lo mínimo indispensable?”, se pregunta, angustiado.
La decisión tomada por la Federación implica un cese de actividades hasta el sábado próximo. Ese día, la organización decidirá si retoma los traslados o continúa con la medida. “Ojalá tengamos señales positivas antes de esa fecha”, concluye Bolego.
Por Lorena Oliva
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