Angustia entre las familias del Magno College: “No sabemos si, tarde o temprano, nuestros hijos pueden ser los próximos discriminados”

En el Magno College nada volvió a ser igual desde que su dueño, Sebastián Boix Mansilla, le informó a ocho familias de alumnos con discapacidad que no podrán seguir en esa escuela de Pilar a partir del año próximo. La decisión que tomó el Magno a fines de septiembre no solo afectó a esas familias, sino que también impactó en el resto de la comunidad educativa.

Varias madres y padres consultados para esta nota reconocen, y denuncian, que entre los adultos se vive un clima tenso y de incertidumbre ante este cambio drástico de posición del colegio con respecto a la inclusión. Además de solidarizarse con las familias discriminadas, temen por la continuidad de otros chicos con discapacidad y hasta por quienes puedan tener dificultades en los aprendizajes. “No sabés si, más tarde o más temprano, pueden ser los próximos”, dice angustiada Paula Goldfarb, mamá de Paloma, alumna de quinto grado y compañera de uno de los chicos rechazados para 2023.

Entre los alumnos, dicen los padres consultados, reina la angustia y la tristeza.

“Esto fue como una bomba. El Magno se caracterizó por ser un colegio inclusivo y ese fue un rasgo que atrajo a muchas familias como la nuestra. Pero nos cambiaron las reglas. La gran mayoría de los padres no comulgamos con estos valores que dicen buscar detrás de esta decisión”, expone Paula y asegura que esto colocó a muchas familias que no están directamente afectadas por la medida ante una disyuntiva: promover un diálogo entre las autoridades del colegio y las familias discriminadas o salir a buscar ya mismo otro colegio para sus hijos.

Paula cuenta que su recorrido dentro del Magno lleva varios años. “Llegamos cuando Sofía, nuestra hija mayor, que ahora cursa quinto año en otro colegio, estaba en tercer grado. Veníamos de una institución que priorizaba los contenidos académicos por sobre las personas y no era lo que buscábamos. Me pareció muy valioso que el Magno fuera un colegio inclusivo, porque supone que va a respetar los tiempos de cada chico a nivel madurativo, cognitivo y emocional”, dice la mujer.

Años después, Paloma, su hija menor, empezó el jardín en el Magno. La niña es compañera de Emanuel, uno de los chicos afectados por la medida. Paula recuerda que, cuando la mamá del niño le contó sobre el mensaje que habían recibido, se puso a llorar. “Me parece muy injusto todo. Conozco la lucha de Emanuel, cómo la viene peleando. Para él, sus compañeros son fundamentales. Y los chicos lo aman. Lo ves en los recreos, lo ves en los cumpleaños. Los chicos se le acercan, lo abrazan y él se mata de risa”, sostiene con emoción.

Paula es empresaria pyme, está graduada en Ciencias Económicas y es psicóloga social. Sostiene que es mucho lo que el niño le aporta al resto del grado. “Lo que los demás chicos aprenden de Emanuel es enorme. Estos chicos nunca se van a dar vuelta y mirar con desprecio o rechazo a una persona con discapacidad. Naturalizaron la forma de percibir que hay gente que es diferente, que todos tenemos nuestras cosas. En esta sociedad tan egoísta, lograron un nivel de inclusión que no se aprende con un libro. Hay cosas que hay que vivirlas”, reflexiona.

Hace pocos días, las familias se enteraron de que se suspendió el Family Day, que iba a ser el primero pospandemia. Paula lo confirma y cuenta que se cortó la fluidez en la comunicación de la institución con las familias. “Todo esto genera mucha angustia. Te dicen que lo que se busca es una excelencia académica y, para lograrlo, se recurre a medidas como esta. Si tu hijo tiene discapacidad pero no está entre estos ocho, o tiene dificultades en alguna materia, no sabés si, más tarde o más temprano, puede ser el próximo”, se sincera la mujer.

Denuncia ante el INADI

La semana pasada, la comunidad educativa promovió un abrazo frente al colegio, en apoyo a las familias discriminadas. Casi en simultáneo, el colegio ratificó la decisión de quitarle la vacante para 2023 a los ocho chicos. Por el momento, ni la intimación de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia ni todo el rebote mediático lograron que el colegio reviera su postura.

Mientras que ayer, cinco de las familias que no serían rematriculadas el año próximo se reunieron con la directora del INADI, Victoria Donda. Según se informó en un comunicado, la reunión fue el inicio formal de una denuncia ante la entidad y el comienzo de la intervención del organismo. “Los expedientes se encuentran en la instancia de Gestión Rápida de Conflictos, desde la cual se intenta establecer diálogo con autoridades de la escuela, a fines de resolver la demanda de vacantes. En caso de que no sea posible arribar a una solución se avanzará con una conciliación, y luego con un dictamen de opinión sobre lo denunciado”, expresa la comunicación del INADI.

Pablo Basz, el papá de Emanuel, fue uno de los asistentes. “El INADI se mostró muy dispuesto a acompañar. Ofrecen, por un lado, una vía administrativa para reclamar al colegio y, en caso de que las reuniones no sean positivas, eventualmente emitir una resolución declarando como discriminatoria la medida. En paralelo si vamos por una acción judicial, nos informaron que el INADI apoyaría ese reclamo”, expresó Basz, consultado por LA NACION.

Entre las familias perjudicadas por esta decisión del colegio Magno, hay posturas diversas. Mientras algunas luchan para que sus hijos e hijas puedan tener continuidad en la institución, otras ya se embarcaron en la búsqueda de una nueva escuela.

Las escuelas privadas, menos predispuestas a incluir

Hace ocho años, Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional aprobado por las Naciones Unidas que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a aprender en un entorno inclusivo. Esto quiere decir que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a estudiar en las escuelas de modalidad común.

Sin embargo, el cumplimiento de esta disposición en nuestro país es muy variable según la jurisdicción, salvo La Pampa, donde la inclusión es casi plena. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación del 2021, el 49,5% de los chicos del país que tienen algún tipo de discapacidad, estudian en espacios segregados, principalmente en escuelas especiales. En el Conurbano, ese porcentaje es del 52%. El mismo relevamiento expone que en el Conurbano la escuela estatal es más permeable a la inclusión que la de gestión privada, ya que el 75% del total de chicos que se encuentran en proyectos de inclusión va a escuelas estatales, lo que deja apenas un 25% en colegios privados.

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