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El incendio de un hotel ubicado en Microcentro, ocurrido hace pocos días, fue una postal extrema del drama cotidiano que padecen alrededor de 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Son familias o personas que viven solas y que, por su condición de vulnerabilidad, deben luchar diariamente para no quedar en situación de calle.
Ante la imposibilidad de afrontar un alquiler, terminan pagando por habitaciones en hoteles familiares o residenciales que funcionan a la manera de pensiones y que, en muchos casos, no cuentan con los controles adecuados para garantizar estándares mínimos de dignidad.
En estos espacios, por lo general, no sólo se comparte el baño y la cocina, sino que son moneda frecuente la falta de higiene y seguridad edilicia, el hacinamiento y la imposición de condiciones arbitrarias que los inquilinos deben acatar a riesgo de quedarse en la calle. El costo de estos lugares no es económico: su valor es similar al del alquiler de un monoambiente, o de una vivienda de dos ambientes en barrios periféricos de la Ciudad.
Un relevamiento de usos del suelo de la Ciudad, efectuado en 2013, estimaba que, del total de inmuebles destinados a hotelería, el 32,1% eran hoteles familiares (400 unidades) y el 2,8%, residenciales (35 unidades). La mayoría estaban ubicados en los barrios de San Cristóbal, Constitución, San Telmo y Barracas.
La clientela de estos hoteles proviene de niveles socioeconómicos muy bajos y no tiene otro lugar para vivir. “Quienes viven allí no pueden acceder al mercado inmobiliario formal. Tener garantía de un familiar directo que viva en CABA, más un recibo en blanco, son requisitos excluyentes para esta población. Pero, por otra parte, tienen la necesidad de estar en la centralidad de la Ciudad como opción de vivir porque, si no, otras opciones están en el conurbano, tal vez en el tercer cordón, que hace que estén lejos del lugar de trabajo, de hospitales o de escuelas. En general tienen su vida en la Ciudad”, explica María de la Paz Toscani, becaria post doctoral del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-Conicet), quien se ha dedicado a investigar en detalle este submercado de piezas en alquiler.
El caso de David, un hombre de 36 que vive de la venta ambulante por Recoleta, grafica claramente los dichos de la especialista. “En algún momento nos fuimos a vivir a José C. Paz. Alquilábamos una casa por 7000 pesos. Pero yo tenía dos horas y media de ida y otras tantas de vuelta para venir a trabajar. Además, nos robaron todo. En Recoleta todos me conocen. Así que tengo que vivir por acá, porque yo trabajo para comer”, comentaba durante la espera para reingresar al hotel de Microcentro, en donde vive desde hace tres años con su mujer y su hija.
“Acá pago 20.000 pesos por mes –continúa–. Me han llegado a cobrar 2.400 pesos por día en un hotel sobre la avenida Rivadavia que tenía wifi, tenía de todo. Acá es una linda zona. Ayer fuimos a desayunar a Puerto Madero. Tenés lindas plazas para llevar a la nena. La atiendo en el Fernández, un hospital excelente. Y cuando empiece la escuela, tengo buenas escuelas por acá”.
David explica que, para su economía, es imposible un alquiler formal por todos los requisitos de entrada. Por eso privilegia el costo y la ubicación de este lugar, pese a que el ambiente no sea el mejor. “Lo malo de vivir en un hotel barato es compartir el baño… y ver a cierta gente, que no querés cerca de tu hija”, reconoce.
El hacinamiento, una constante
LA NACION acompañó durante algunas horas a los habitantes del hotel incendiado durante la madrugada del lunes de la semana pasada, en Lavalle 930, mientras esperaban que les habilitaran el reingreso. Allí contaban que la persona fallecida era una mujer mayor llamada Ana y que dormía en una habitación tan pequeña que el colchón quedaba contra la puerta, obstaculizando la salida. Cuando se inició el fuego –que se esparció con rapidez, ya que toda la carpintería interna es de madera y durlock–, algunos vecinos intentaron ayudarla a salir, pero no pudieron abrir la puerta.
Según los damnificados, el hotel pertenecería a la Iglesia del Obelisco, una iglesia evangélica cuyo pastor es Guillermo Ferres. Mientras algunos cuentan que el lugar funcionó como albergue hasta la pandemia y que, desde entonces, se transformó en vivienda de muchas familias por un pago “a voluntad”, otros aseguran que funciona como un hotel familiar en el que la habitación oscila entre los 16.000 y los 20.000 pesos mensuales. Los baños son compartidos y no hay cocina.
En la puerta, un agente de la Policía de la Ciudad custodiaba que nadie ingresara hasta que los bomberos concluyeran con los peritajes. “En esta clase de hoteles son muy comunes la falta de higiene y el hacinamiento. Participé de dos operativos de desalojo últimamente. En uno, los olores nauseabundos eran insoportables. Las habitaciones eran muy chicas y la gente vivía hasta con animales, que hacían sus necesidades ahí adentro. En el otro, el hacinamiento era increíble: espacios reducidos en los que vivían seis o siete personas, dormían hasta en entretechos precarios, construidos para ese fin”, comentó el efectivo.
A unos metros se encontraba Laura, una mujer que se desplaza en silla de ruedas y había ido a “hacerle el aguante” a una de las habitantes del hotel. “Yo cobro una pensión y un subsidio por mi discapacidad. Pero los hoteles no me quieren tomar porque ando en silla de ruedas y porque tengo dos perritos. Hace tres meses que no sé lo que es dormir en una cama porque me quedé en la calle, estoy durmiendo en un cajero del Banco Ciudad. Dormir es un decir porque lo hago sentada. No puedo más del dolor de nuca”, se lamentaba.
Los especialistas que han venido investigando esta temática, coinciden en la falta de cifras oficiales acerca de cuántas personas dependen de esta modalidad de vivienda para no quedar en la calle. El hecho de que muchos de estos espacios funcionen en negro complejiza la situación.
Para tener alguna idea, el libro Los hoteles pensión de la Ciudad de Buenos Aires, de Toscani, cita un estudio de 2013, realizado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad en base al último censo. El informe calculaba entonces que unas 103.963 personas vivían en piezas de alquiler y en casas tomadas. De esa proporción, se sabe que el grueso lo hace en hoteles pensión. Por otra parte, desde hace años, en los anuarios estadísticos de la Ciudad, la cantidad de hogares concentrados en piezas de alquiler y casas tomadas oscila entre el 3% y el 5% del total de porteño.
“No es fácil acceder al subsidio”
Imposibilitadas de acceder al mercado formal de alquiler y acorraladas por las dificultades económicas, muchas familias dependen de un subsidio habitacional que les otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat para afrontar el costo de estos hoteles. Las características de este subsidio convierten a las familias en una clientela cautiva: los beneficiarios deben presentar periódicamente los comprobantes de pago del lugar en el que viven para seguir cobrando el beneficio. Los conventillos, los inquilinatos y cualquier otra instancia informal de alquiler no suelen disponer de comprobantes de pago. Los hoteles sí.
Ante un requerimiento de LA NACION, el mencionado ministerio sólo aportó una estimación de la cantidad de beneficios que otorga, a razón de uno por grupo familiar. La cifra se ubica entre los 15.000 y los 20.000 subsidios. Estos aportes no suelen cubrir el costo de la habitación. Pero es, para muchos, una ayuda indispensable. El resto del monto corre por cuenta de los beneficiarios. En caso de que, por diversos motivos, el valor no se complete, suelen ser víctimas de desalojos en los que a veces pierden sus pertenencias.
“Actualmente el subsidio es de 8000 pesos si se trata de una persona sola. Va ascendiendo hasta un tope de 13.000 para una familia compuesta por cuatro o más integrantes. Los valores están muy por debajo de lo que cuesta una habitación, por lo que los beneficiarios sólo pueden acceder a lugares muy precarios. No hay que olvidar que, además, deben comer y cubrir el resto de sus necesidades básicas y que tienen escasos ingresos. Por otra parte, si bien con este subsidio se asiste a personas y familias que están en riesgo de quedar en la calle, es decir, en una condición de vulnerabilidad extrema, los requisitos para obtenerlo son bastante engorrosos, no es fácil acceder”, explica Mónica de Russis, fundadora de Amigos en el Camino, una organización que asiste a personas en situación de calle y que ha ayudado a tramitar este subsidio a muchas de ellas.
El asesor tutelar ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, Gustavo Moreno sigue de cerca esta problemática. El funcionario lamenta que estos establecimientos de naturaleza transitoria se conviertan en algo permanente para muchas familias. “En parte, por la imposibilidad económica de las familias, pero también por la falta de controles y acompañamiento por parte del Estado. En una habitación, un niño no tiene un lugar para hacer su tarea, para higienizarse. Comparte el baño, comparte la cocina, no tiene un espacio lúdico para poder recrearse. Vivir en un hotel se hace a veces muy ingrato para cualquier tipo de familia”, sostiene Moreno, quien sabe de lo que habla: él mismo creció en un inquilinato.
El funcionario denuncia que la fiscalización de estos espacios, a cargo de organismos que dependen de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, es intermitente. “En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat debe acompañar a las personas que permite que se alojen en estos lugares con un subsidio estatal. Pero en los hechos, otorgan el subsidio y se desentienden. Sin embargo, el Tribunal de Justicia dijo que el Gobierno tiene la obligación de entregar los subsidios habitacionales y hacer un seguimiento social a las familias. Y esto último es lo que no se hace”, agrega.
LA NACION intentó conversar con algún funcionario del mencionado ministerio, pero desde ese organismo sólo respondieron con un breve comunicado en el que se explica en qué consisten los subsidios, de cuánto es su monto y cuáles son los requisitos. Asimismo agregaron: “Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat el tema no se reduce al otorgamiento del subsidio, sino que el objetivo es poder acompañar a las personas o familias a que puedan fortalecer o reconstruir su proyecto de vida. Así, los equipos de profesionales de la Dirección y del BAP abordan la gestión de trámites como el DNI, el otorgamiento de ticket social, certificados de discapacidad, tarjeta Ciudadanía Porteña, la posibilidad de incorporar capacitaciones en distintos oficios, entre otros.”
Una larga historia de desamparo
El submercado de piezas en alquiler se inicia a fines del siglo 19, con los conventillos y, posteriormente, los inquilinatos. En 1959 irrumpen los hoteles pensión. “En un contexto de congelamiento del valor de los alquileres y de prohibición de los desalojos, se sancionó entonces una ley que eximía específicamente de esa regulación a los hoteles. Entonces, muchos dueños de conventillos e inquilinatos hacen una mutación en su negocio y empiezan a funcionar como hoteles. Se los empieza a denominar hotel pensión para dar cuenta de esta idea de que es un falso hotel porque en realidad no es un vínculo pasajero – hotelero, sino que lo que se da es una relación de locación encubierta, pero que no es alcanzada por la ley de alquileres”, explica Toscani.
Ante la clara evidencia del desamparo en que se encuentra esta población, los especialistas consultados lamentan la falta de una política que aborde el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral. “Las opciones al alcance de los pobres para vivir en la Ciudad son todas muy estigmatizantes: la calle, la villa, el asentamiento –concluye la experta–. Son formas que los introducen en un círculo de desigualdad y pobreza del que es difícil salir. Vas a buscar un trabajo y ya el decir que vivís en un hotel te pone en lugar de usurpador. Hay una cuestión de pensarlos como ocupas, de que quieren vivir de arriba, esa idea de que hay que merecer la ciudad, de que no cualquiera puede vivir en Buenos Aires”, finaliza.