Alertan sobre la desfinanciación en 2025 de un plan que tuvo buenos resultados para prevenir el embarazo adolescente
Se trata del programa ENIA, que logró bajar la tasa de fecundidad en la adolescencia; un estudio de ACIJ y ELA afirma que en el proyecto de presupuesto del año que viene se suma un recorte que pone en riesgo la continuidad del plan
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LA NACIONPaula Soler
“Si ser madre y sostener un trabajo o el estudio es difícil para una mujer adulta, imaginate para una adolescente”, tira Florencia, que tuvo a su hijo hace dos años, cuando apenas había cumplido 17. Los obstáculos de los que habla son muchos. Ella tuvo que postergar sus estudios para cuidar a su hijo, ya que su madre, cabeza de familia, trabajaba, y ella no podía costear una niñera. Además, no había vacantes en las guarderías públicas.
Florencia conversa con LA NACION mientras comparte su tiempo con amigas de la guardería Jakairá, de la Fundación Kaleidos, en el barrio de Chacarita. Es un espacio pensado especialmente para ayudar y asistir a padres y madres como ella, muy jóvenes: de entre 12 y 19 años.
El embarazo adolescente es una problemática que además tiene mayores consecuencias en quienes tienen menos recursos. Mientras que la prevención y el acceso a la salud son clave para evitarlo, tal como lo demostró el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que en los seis años de su puesta en marcha, logró que la tasa de embarazo en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años bajara por entre el 43% y el 49, según los segmentos de edades.
Sin embargo, ese plan podría quedar en jaque por decisión del Gobierno nacional, que propuso recortar drásticamente su financiación para 2025 y que este año ya había comenzado a desfinanciar. Según las organizaciones consultadas por LA NACION, “esta decisión terminará afectando los buenos resultados” y quienes terminarán perjudicados son “las y los adolescentes de menos recursos” con la consecuencia de “perpetuar ciclos de pobreza”.
De acuerdo un análisis del presupuesto 2025 hecho por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización ELA (Equipo Latinoamericana de Justicia y Género), se profundiza la desinversión que comenzó en el año 2021: para 2025 se propone una reducción real del 27% de los fondos respecto al presupuesto vigente en 2024, del 78% en comparación con el de 2023 y del 85% en relación al de 2021.
“Lo proyectado para 2025 es la cifra más baja desde que existe el programa. Mientras que este año se ejecutó solo un 15% del presupuesto que tiene asignado. Hay una intención muy clara de que el plan deje de existir”, considera Julieta Izcurdia, abogada y directora del área jurídica de la organización ELA.
LA NACION consultó al Ministerio de Salud de la Nación, responsable del plan, para entender cómo planean mantener el programa con este ajuste de fondos, pero no obtuvo respuestas.
Cómo cuidar desde el Estado
Se estima que entre las adolescentes de 15 a 19 años, cinco de cada diez embarazos no son intencionales, según los últimos datos de ENIA. En menores de 15 años, esa relación asciende a siete de cada 10 embarazos. Además, en esta franja de edad, en su mayoría son embarazos como consecuencia de abusos y violencia sexual.
De esas chicas, que tienen entre 15 y 19 años, las que pertenecen a sectores económicamente más desfavorecidos han tenido mayores probabilidades de quedar embarazadas o de convertirse en madres tempranamente, se evidencia desde una encuesta de Unicef. De acuerdo a Mabel Bianco, directora de Feim, esa problemática se explica desde la desigualdad en el acceso a la información sobre prevención y en el acceso a la salud para la interrupción de los embarazos.
“Estas niñas pobres tienen menos acceso a información sobre prevención de embarazo, más aún si el colegio no brinda esas herramientas, como sí pueden tener chicas de mayores recursos en otros colegios. Además, quienes tienen más recursos económicos pueden acceder a la interrupción del embarazo de manera más fácil porque, si no lo hacen en un hospital público, tienen más recursos económicos”, detalla.
Izcurdia destaca que la decisión de recortar el presupuesto del ENIA “puede tener consecuencias en seguir profundizando el ciclo intergeneracional de la pobreza que afecta en mayor medida a las niñas y adolescentes mujeres con mayor vulnerabilidad social y económica”, ya que “su efectividad ha sido probada”.
Izcurdia explica que también los resultados del Censo 2022 confirman el impacto de las políticas desarrolladas en la prevención: se registró una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos.
El plan ENIA, que surgió en 2017 como una iniciativa interministerial y con apoyo y recursos de Nación a las provincias con más índices de embarazo adolescente, habilitó el acceso a los chicos y chicas a consejerías en salud sexual y reproductiva en centros de salud, acceso a métodos anticonceptivos, actividades de promoción comunitarias para la prevención de embarazos en adolescentes, complementados con la aplicación de las charlas de educación sexual integral (ESI) y asesorías en las escuelas para también la prevención del abuso y la violencia sexual.
Recortes sucesivos
Los recortes que se han dado hasta el momento, según indica Acij y ELA, afectaron los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el plan ENIA en cinco provincias; se despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y se desfinanciaron las partidas destinadas a la compra de insumos (folletos y métodos anticonceptivos, entre otros).
Ya en 2024, el presupuesto disponible muestra una disminución significativa en comparación con 2023, siendo un 70% menor en gastos en personal y un 69% más bajo en productos farmacéuticos. Bianco explicó a LA NACION que la distribución de insumos “es clave porque las provincias no pueden comprarlos y si se compran en menos cantidad para cubrir agujeros, son mucho más caros”.
Desde Acij y ELA indican que el costo de no invertir en prevención es mayor que los fondos destinados al plan ENIA. El Estado argentino utiliza U$S 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes. En tanto, “el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,5 millones y el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA”.
Las adolescentes, las más perjudicadas
Para Bianco el recorte presupuestario del ENIA “en realidad es una forma de reducir el alcance del programa” cuando “debería extenderse a todo el país”. Desde Traslasierra, Córdoba, los testimonios de las niñas asistidas por esa Fundación Kaleidos suman una visión del embarazo adolescente en donde los dispositivos del Estado no llegan y las comunidades son más vulnerables.
“A los 14 años supe que estaba embarazada y dije, ´en qué lío me metí´”, cuenta desde un video de la organización en voz baja y tímida una niña cuyo bebé ya tiene más de cinco meses. Luego dice que tuvo que dejar el colegio porque debe cuidar al niño, que cuando crezca un poco más su hijo, terminará la secundaria, conseguirá un trabajo para que a él no le falte nada. “Lo más difícil es cuando no tengo para darle de comer”, explica y frunce el ceño para no llorar.
Para la Fundación Kaleidos, que apoya a adolescentes madres y padres para que terminen sus estudios, tanto el ENIA como la ESI buscan dar “las herramientas necesarias” para tomar decisiones informadas y planificar su futuro. “No solo previenen embarazos no intencionales, sino que también promueven la igualdad de género, la autonomía corporal y el bienestar emocional de los y las adolescentes”, destaca afirma Alejandra Scialabba, directora de esa organización.
De acuerdo a un estudio de Fundación Kaleidos, basado en datos de Unicef de 2021, de cada 10 adolescentes que asistían embarazadas a la escuela, seis quedaron abandonaron las aulas.
Florencia este año pudo independizarse de su madre y vive con su pareja, el papá de su niño, quien consiguió un trabajo. Dice que en la Fundación encontró el apoyo para confiar en ella misma. “Quiero terminar de estudiar y empezar la carrera de psicología”, dice con entusiasmo la joven que ahora cursa la secundaria a distancia gracias a un programa estatal de la Ciudad.
“Uno de los mayores riesgos del recorte de presupuesto del ENIA es que muchos de esos adolescentes, sin el soporte adecuado, podrían abandonar la escuela y quedar aislados, comprometiendo su educación y reduciendo sus oportunidades de desarrollo personal y económico”, sintetiza Scialabba.
Más información:
La Fundación Kaleidos promueve y restituye derechos de niños, niñas y adolescentes, con especial foco en el desarrollo infantil, la terminalidad educativa, el acceso a la salud y la igualdad de género. Con su programa Jakairá, acompaña tanto a adolescentes que se han convertido en padres y madres, como a sus hijos. Para más información, hacé click aquí
Por Paula Soler
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