Infancias sin familia: por qué hay niños que esperan cuatro años o más en los hogares

Vivir en familia. Lo que en las convenciones internacionales y las leyes locales aparece como un derecho fundamental, es para miles de chicas y chicos de la Argentina un deseo cuando apagan las velitas de los cumpleaños o en las cartas a Papá Noel para Navidad. Son infancias y adolescencias que pasan años en los hogares de protección, donde llegan cuando el Estado determina que deben ser separados de sus familias de origen tras sufrir distintas violencias.

Pero si bien esas “medidas excepcionales” que buscan ponerlos a resguardo son fundamentales, el tiempo que muchas veces transcurren en las instituciones resulta, para los referentes en la temática, injustificado, injusto e inadmisible. El reloj empieza a correr para estas niñas, niños y adolescentes mientras se define su situación: si se logra revertir la causa que originó la vulneración de sus derechos, vuelven con su familia de origen o ampliada −lo que ocurre en el 90% de los casos− y, si eso no es posible, se les busca una nueva por medio de la adopción.

Según el último relevamiento publicado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (Senaf) junto a Unicef, en la Argentina hay más de 9700 chicas y chicos con medidas excepcionales en hogares de todo el país. De ese total, se estima que un 10% tiene declarada su situación de adoptabilidad. En otras palabras, están con la mochila al hombro, aguardando.

Si bien cada historia es tan particular como irrepetible, los especialistas estiman que en promedio la institucionalización puede durar entre tres y cuatro años. En ocasiones, muchos más. Solo un ejemplo: en enero, en LA NACION contamos la historia de Martina, Federico y Lucero, tres adolescentes de 13, 15 y 17 años, que hacía una década esperaban en un hogar de Misiones que se definiera su situación. Una vez que se declaró su estado de adoptabilidad y tras una convocatoria pública, comenzaron a vincular con un matrimonio de Catamarca. Hoy son una familia.

Pero de esa espera silenciosa pocas veces se habla. Los motivos que hacen que el derecho a vivir en familia de miles de niñas y niños de la Argentina se aplace, son muchos. LA NACION conversó con defensores, abogados, hogares, juezas y jueces, para indagar en los más frecuentes:

1. La medida excepcional: el punto de partida

Cuando se detecta que una niña, niño o adolescente sufre algún tipo de violencia en su familia, desde maltrato o abandono, hasta abuso sexual, interviene el órgano de protección local, que es quien determina la medida excepcional, el término legal que se utiliza para nombrar la decisión de apartarlos de su familia de origen. En la inmensa mayoría de los casos, se decide llevarlos a hogares; en una pequeña proporción, a familias de acogimiento. Pero otras veces, van con su familia ampliada (como tíos o abuelos) o, incluso, con otros referentes afectivos, que pueden ser, por ejemplo, una vecina o vecino del barrio. El órgano de protección tiene 24 horas para comunicar la medida a la jueza o juez que corresponda, quien debe hacer el control de legalidad desde ese momento y durante todo el tiempo que dure.

Según la ley, el plazo de las medidas excepcionales no debería superar los 180 días. En ese tiempo, se debería determinar y efectivizar la vuelta con la familia de origen o la declaración de adoptabilidad. Pero, ¿qué sucede en la práctica? Esos seis meses pueden (y suelen) prorrogarse.

Los desafíos en esta etapa:

Escasez de recursos y falta de capacitación ante situaciones complejas. En esta etapa, los equipos interdisciplinarios de los órganos administrativos y también de los juzgados, cumplen un rol clave. Son psicólogos o trabajadores sociales que tienen la misión de ver si la revinculación con esos padres u otros familiares es posible y reconstruir esos tejidos que se rompieron, o de generar nuevas redes de contención. No es una tarea sencilla. Los casos son variados: desde mamás y papás que necesitan recuperarse de adicciones, hasta algunos con problemáticas de salud mental más o menos complejas. Desde los tribunales, subrayan lo drástico de una declaración de adoptabilidad y la necesidad de que se agoten todas las instancias previas. Por otro lado, para poder trabajar con las familias de origen, se necesitan muchos recursos que no siempre están. Los 24 juzgados civiles con competencia de familia de CABA, por ejemplo, tienen solo dos trabajadores sociales que no dan abasto. Para poder dar una respuesta integral, efectiva y rápida a los cientos de expedientes que llevan por año, reclaman una adecuación en la cantidad y calidad de los recursos humanos. Los zonales y los órganos administrativos también están desbordados y muchas veces no disponen de personal lo suficientemente capacitado.

Poca articulación entre los diferentes actores. Además de pocos recursos, la articulación entre los actores intervinientes no siempre es aceitada. “Volvió a foja cero” es una frase que desde los hogares escuchan con frecuencia. Esas cuatro palabras, en el “Juego de la Vida” de estas infancias les implica retroceder veinte casilleros.

Mientras tanto, ¿cómo evitar que los chicos pasen tanto tiempo en hogares? Para Mariana Incarnato, fundadora de Doncel, uno de los grandes desafíos de la política pública es fortalecer a la familia extensa “como un dispositivo más de cuidado del Estado”, lo cual sería “mucho más eficaz como estrategia y además aseguraría que las chicas y los chicos no se eternicen en las instituciones”. Se necesita poner a disposición de esas familias un acompañamiento económico y de recursos humanos, además de una estrategia que involucre a la comunidad. “Tiene que haber una transformación del sistema que refuerce tanto a las familias de acogimiento como a la de origen o la extensa; y también instituciones de cuidado como opción para adolescentes de 15 o 17 años que no quieren estar en familia y que necesitan, por ejemplo, hogares terapéuticos”, asegura.

2. La determinación de la adoptabilidad

Si la revinculación con la familia de origen no es posible y la Justicia considera necesario declarar la situación de adoptabilidad, aquella tiene el derecho de apelar la decisión, lo que muchas veces suele prolongar los procesos. A la espera de que los tribunales superiores se definan, sigue corriendo el tiempo.

Los desafíos en esta etapa:

Las demoras cuando hay apelaciones. Apelar es un derecho fundamental para la familia de origen: estamos hablando de una decisión tan central para sus vidas como el que sus hijos sean declarados en adopción. Rosa Cabral, abogada especialista en derecho de la infancia, explica que la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 busca agilizar esos tiempos, pero que no todos los códigos procesales de las distintas jurisdicciones se adaptaron a la misma. “En algunas provincias, cuando la familia de origen apela la declaración de situación de adoptabilidad, esta queda en suspenso hasta que los tribunales superiores resuelven. En otras, en cambio, ponderando el factor tiempo en la construcción de la subjetividad de un niño en desarrollo, se determinó que en el mientras tanto puede avanzarse con la vinculación con una familia adoptiva, siempre y cuando se le aclare que la sentencia de adoptabilidad no está firme”, detalla la abogada.

Sin perspectiva de infancias. Además de tener una familia, las chicas y los chicos tienen otro derecho fundamental: ser oídos. Sin embargo, muchas veces ni los juzgados de familia ni los otros órganos administrativos intervinientes tienen perspectiva en infancias. Para Agustina Díaz Cordero, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23, “las audiencias con chicos no pueden ser iguales a cualquier otra. Nosotros, por ejemplo, les mandamos un librito que se llama ‘Mi audiencia en el Juzgado de Familia’, donde les contamos quién los va a recibir y por qué, con un lenguaje accesible, más humano. Esto lo establece la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños”.

3) Encontrar una familia

Cuando la sentencia de adoptabilidad está firme, aún queda un largo camino por recorrer. Encontrar una familia para muchas chicas y chicos y en contra de lo que generalmente se cree, no es nada fácil. Según los datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), actualmente hay 3024 personas y parejas inscriptas para adoptar en la Argentina. Sin embargo, menos del 2% estarían dispuestas a ahijar a niñas y niños de 11 años.

Los desafíos en esta etapa:

La brecha entre aspiración y realidad. La mayoría de las chicas y los chicos que esperan ser adoptados, tienen más de 6 años –pero, sobre todo, rozan o están en plena adolescencia–, pueden ser parte de grupos de hermanos y tener algún tipo de discapacidad o problema de salud. Sus realidades contrastan con las aspiraciones de la mayor parte de los postulantes a adoptar, que anhelan niños pequeños, “sanos y sin un pasado a cuestas”. Es tan sencillo como desgarrador: hay infancias y adolescencias a las que cuesta mucho conseguirles una familia. Para tender un puente entre ambas esperas, jueces, organismos de protección de derechos, psicólogos y otros especialistas en la temática, subrayan la urgente necesidad de trabajar en la “disponibilidad adoptiva” de los postulantes, para que puedan tener una mirada más amplia, flexible y responsable acerca de quiénes necesitan un hogar.

Para Isa, dimensionar que el tiempo que pasan esas infancias y adolescencias privadas de cuidados parentales debe ser comprendido en un sentido amplio, es fundamental. “El tiempo institucional y jurídico no coincide con el tiempo subjetivo de los niños que esperan. Su avance produce en ellos lesiones en su subjetividad y agota su esperanza. Es clave humanizar las prácticas de la infancia y saber que cada día cuenta en la vida de aquellos que no dejan de esperar por la llegada de alguien que los aloje como hijos y les restituya sus derechos”, reflexiona la especialista.

Las vinculaciones fallidas. Los fracasos en los procesos de vinculación –cuando el niño o niña y la posible familia adoptiva empiezan a conocerse– y durante la guarda –que implica la convivencia y dura un mínimo de seis meses que anteceden a la adopción definitiva–, son más frecuentes de lo que se cree. Aunque ambas etapas fueron pensadas como instancias para que adultos y niños empiecen a conocerse y generar vínculos, los especialistas coinciden en que es fundamental destinar todos los recursos a evitar que estos desencuentros sucedan, por el duro impacto emocional que provoca en los chicos. Para evitarlo, fortalecer el proceso de evaluación y selección de los postulantes y profundizar el acompañamiento con equipos especializados durante todas las etapas, son algunos de los desafíos. Pero también lo es poner el foco siempre en las necesidades, deseos y respeto a los tiempos de los chicos y chicas, preparándolos para ese momento de sus vidas y acompañándolos. En ese sentido, Gilda Podestá, de la Fundación Juanito, señala: “Hace falta que se escuche la voz del niño y trabajar mucho en lo que desea, que es algo que va a expresar de numerosas maneras, no solo mediante la palabra”. Con qué tipo de familia sueña o necesita, son cuestiones que no pueden desatenderse si se quiere que la adopción prospere.

Poco uso de las convocatorias públicas. Cuando un juez dicta la situación de adoptabilidad de un niño, niña o un grupo de hermanos, la búsqueda comienza en el registro de postulantes de la jurisdicción a la que pertenecen los chicos. En caso de que no se encuentre ningún legajo adecuado entre los inscriptos, se amplía a las regiones cercanas y finalmente a todo el país. El último recurso para encontrarles una familia son las convocatorias públicas, que son llamados abiertos a toda la comunidad. Es una herramienta que empezó a utilizarse en los últimos diez años y a las que pueden presentarse tanto quienes están inscriptos para adoptar como cualquier otra persona que considere que está en condiciones de hacerlo. En todos los casos, deberán atravesar un riguroso proceso de selección. Por distintos motivos y aunque cada vez se utilizan más, no todos los juzgados suelen utilizarlas. “Hay jueces que son reticentes a las convocatorias porque de antemano sentencian a los chicos como ‘casos imposibles’. En una de las últimas que hice de grupo de hermanos, la mayor tenía 15 años y nos decían todos que no. Hoy, viven con su familia en el sur”, señala Díaz Cordero. Y agrega que salvo que un chico manifieste expresamente que no quiere ser adoptado, “hay que agotar todos los recursos para encontrarle una familia”.

Sobre este artículo

Este artículo forma parte de un especial sobre ADOPCIÓN que LA NACION publicará a lo largo del año. Busca escuchar a las niñas, niños y adolescentes que esperan en hogares, visibilizar su realidad y difundir las convocatorias públicas para lograr que se cumpla su deseo y derecho fundamental de tener una familia. Los nombres fueron cambiados para preservar su identidad.

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