Sobreseen a detenidos por la Sala Alberdi

La justicia nacional sobreseyó a tres hombres que habían sido acusados por daño agravado, lesiones y resistencia a la autoridad, por su presunta participación en incidentes registrados en el Centro Cultural San Martín durante un intento de desalojo de la toma de la Sala Alberdi, en 2013.

La jueza en lo criminal de instrucción Fabiana Palmaghini sobreseyó de los cargos en su contra a Luis Rufino Orellano, Adrián Alejandro Malta y Leonardo Esteban Silva, por considerar que la causa "carece de elementos probatorios que permitan mantener vinculados al proceso a los imputados".

Según la magistrada, "la sola presencia de los acusados en el lugar de los hechos no puede ser admitida como indicio suficiente de que fueron ellos quienes provocaron los resultados lesivos", menos aún cuando había en el lugar "alrededor de 300 personas".

Entre la noche del 12 de marzo de 2013 y la madrugada del día siguiente, la Policía Metropolitana copó la planta baja del Centro Cultural San Martín, como parte de un operativo destinado al desalojo de la Sala Alberdi, que permanecía tomada desde 2010 en el sexto piso del edificio. Los ocupantes rechazaban la nunca probada intención del gobierno porteño de privatizar el funcionamiento del centro cultural.

El despliegue de efectivos fue repelido por los protagonistas de la toma y otras personas del ámbito de la cultura popular, lo que originó un serio enfrentamiento. Durante los incidentes se dañaron vidrios del hall de ingreso al edificio, las paredes del mismo, el cuarto de mantenimiento, pinturas exhibidas en su interior y siete valiosas obras plásticas exhibidas en el patio cubierto.

Además resultaron lesionados 10 agentes y oficiales de la Policía Metropolitana.

Orellano, Malta y Silva fueron detenidos durante los disturbios e imputados por daño agravado, lesiones y resistencia a la autoridad. Dos años y medio después, Palmaghini los liberó de los cargos, al recordar que ni los policías heridos pudieron identificar a los acusados como sus agresores ni tampoco se los observa en las grabaciones aportadas al expediente, provenientes de cámaras de seguridad de la vía pública y canales de televisión.

"La orfandad probatoria demuestra que se trató de una acusación arbitraria", sintetizó el patrocinante de los acusados, Emiliano Villar.