Polémica por una parrilla ilegal instalada en un predio histórico

Una parrilla abarca todo el frente del predio situado en Ramón Falcón al 2700, en Flores. A ambos costados hay espacios para estacionar autos; por lo general se ven entre tres y cuatro. El inmueble está encajonado entre dos edificios, y hay que mirar hacia arriba para ver el techo de madera y hierro, con un color ya añejo y algunos tablones rotos, que no logra esconder la antigüedad del lugar. Construido en 1892, allí funcionó la primera usina eléctrica de Flores y luego un mercado barrial que alquilaba espacios comerciales. Hoy, es el eje de un conflicto vecinal.

Residentes de la zona y dirigentes de la comuna 7, a la que pertenece Flores, denuncian que el predio fue usurpado por la Cooperativa de Provisión y Comercialización Libertadores de América Limitada, que explota el emprendimiento comercial sin habilitación alguna. "Queremos que el histórico inmueble sea destinado a un proyecto cultural o social con beneficio para todo el barrio", reclamó el vecino Víctor Aspiazu.

"Somos una cooperativa de 16 personas, somos los hijos de los viejos puesteros que trabajaron toda la vida en el mercado", explicó Pablo González, uno de los miembros de la cooperativa. Asegura que los sábados ponen puestos de venta de productos de empresas recuperadas. "Durante la semana agregamos gastronomía, con la parrilla y pizzería que se encuentra en el frente del predio. Además hacemos eventos con varias asociaciones del barrio y la iglesia", continuó.

Pero la ocupación del inmueble es precaria, ya que nunca concluyó en la Legislatura porteña el trámite parlamentario que impulsa la cesión por 20 años con opción a compra del predio. Naufragó en 2011, cuando el proyecto lo impulsaba el ex diputado Diego Kravetz. En diciembre pasado, los legisladores aprobaron en primera lectura un proyecto de la diputada Gabriela Alegre que retoma el original. En abril de este año, los vecinos participaron de la audiencia pública y mostraron su rechazo a una posible sanción en segunda lectura.

La descripción de González sobre la composición de la cooperativa encaja con la denuncia vecinal. Según la iniciativa de ley original, la cooperativa estaba integrada por comerciantes con más de 20 años de trabajo en el mercado, así como por profesionales y emprendedores, todos víctimas de la crisis social. Pero Susana Enrique, otra residente del barrio, dijo que "la entidad se inscribió en el Instituto Social de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en 2008 con sólo 10 integrantes, la mayoría de un mismo núcleo familiar".

Los reiterados intentos de inspectores porteños de fiscalizar el funcionamiento de la parrilla fueron infructuosos. A fines de junio, cuando personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) intentó ingresar al local, hubo un repentino corte de luz que obstaculizó la tarea. En dos visitas realizadas previamente en mayo, la encontraron cerrada.

"Muchos vecinos consideran que es un lugar como pocos en la zona, por la amplitud que tiene, de 1800 metros cuadrados. Por eso, sería un espacio ideal para desarrollar un proyecto importante, tratando de mantener la fachada, ya que es un edificio que podría ser patrimonio histórico", dijo Guillermo Peña, presidente de la comuna 7, a LA NACION. También agregó que el predio podría ser usado para nuevos proyectos que beneficien a la comunidad, entre ellos, una fiscalía o una comisaría local.

"La agrupación kirchnerista La Cámpora realiza eventos en el predio", se quejó la vecina Gabriela Sánchez. Desde la cooperativa lo negaron y aseguraron que están abiertos a recibir a todo partido político interesado en hacer reuniones barriales.

"Ni en 100 años podríamos comprar el predio, pero hicimos la opción de compra para estar más seguros, ya que existe una inmobiliaria que tiene interés en adquirir el lugar desde hace años y nosotros no queremos que construyan tres torres residenciales", contraatacó González. También indicó que pagan todas las expensas e incluso a un sereno que vive dentro del inmueble para evitar que otras personas lo usurpen.

Fuentes del gobierno porteño explicaron a LA NACION: "En la audiencia pública, organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo a la ley que tuvo primera lectura. Por eso, estamos trabajando junto con ellas y con los vecinos en buscar una solución de consenso para ambas partes". Mientras tanto, y aunque no tiene habilitación para funcionar, la parrilla publicita en un periódico barrial y ofrece cursos y talleres en diversos blogs.

Desde el área de Patrimonio Histórico de la Ciudad sostuvieron que el ex mercado Falcón cuenta con una protección preventiva y pronto sería evaluado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para confirmar esta protección.

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