Parquímetros y grúas a más barrios: se asignaron cuatro de las cinco zonas
Dakota- STO, BRD-SEC, Plein Air Park e IT NET-Tránsito Rosario son las empresas elegidas; una de ellas también se quedará con el quinto sector; la Justicia aún debe dar luz verde
LA NACIONMauricio Giambartolomei
La reanudación de la actividad judicial tras la feria podría ponerle fin al largo y tedioso debate de la expansión del sistema de estacionamiento medido en la ciudad, que ya lleva más de cuatro años enredado en una contienda jurídica. El gobierno porteño espera que el mismo juez que el año pasado declaró inconstitucional la ley del servicio de acarreo y su ampliación a los barrios acepte una modificación introducida en esa norma que destrabaría el conflicto. Mientras tanto, ya asignó cuatro de las cinco zonas entre las empresas que compiten en la licitación.
Dakota-STO y BRD-SEC, las concesionarias que hoy operan con contratos vencidos y prorrogados desde 2001, continuarán en las zonas donde ya prestan servicio, las de mayor circulación de vehículos. En paralelo, nuevos jugadores se repartirán otras dos zonas. Pero, como la ciudad se dividió en cinco áreas diferentes en las que habrá once estaciones de acarreo, durante las próximas semanas habrá una nueva convocatoria para que una de las cuatro empresas se quede con la explotación del sector vacante.
La Boca, Barracas, Parque Patricios, San Telmo, San Nicolás y Monserrat, entre otros barrios, son territorio controlado por las grúas de BRD-SEC. Dakota-STO monitorea el mal estacionamiento en Recoleta, Retiro, Palermo, Colegiales y Villa Creso, entre otros.
Plein Air Park, de capitales españoles, hará base en la zona norte, principalmente en Belgrano, Núñez y Saavedra, mientras IT NET-Tránsito Rosario explotará el corredor suroeste (algunos de los barrios son Villa Lugano, Mataderos, Liniers, Villa Luro, Monte Castro y Villa Devoto).
La quinta empresa que se había presentado a la licitación fue Elinpar-Rowing y llegó a participar de las pruebas de vehículos que todas debieron realizar ante la comisión evaluadora de la Secretaría de Transporte y Tránsito porteño.
Esas evaluaciones incluyeron tests de manejo de los operarios y presentación de las grúas. Luego del análisis técnico, Elinpar-Rowling no logró avanzar a la instancia de evaluación económica y así quedó vacante una superficie que incluye los barrios de Caballito, Flores, Nueva Pompeya y Parque Chacabuco, entre otros. Esta será la zona puesta en consideración entre el resto de las empresas.
Antecedentes
En diciembre de 2016, fue aprobado el pliego del nuevo sistema de estacionamiento regulado y acarreo (ley Nº 5728), aunque desde ese mismo momento de la sanción comenzaron la trabas judiciales.
En julio de 2017, el magistrado Francisco Ferrer, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23, dictó una medida cautelar que fue apelada por el gobierno porteño al mes siguiente. Esa decisión frenó, entre otras cosas, la firma del contrato con la empresa que se adjudicó la licitación de las 2000 terminales multipropósito, los parquímetros.
Parkeon SAS, hoy Flowbird, deberá esperar la nueva resolución de Ferrer para saber si podrá o no ser la responsable de instalar los dispositivos en cada esquina, como quedó establecido en el Boletín Oficial porteño el 14 de junio de 2017. Pero no es ese el único obstáculo jurídico.
En junio pasado, en una sentencia de fondo, el mismo juez declaró parcialmente inconstitucional la ley que aprobó los pliegos para la concesión del servicio. En la resolución, Ferrer validó el reclamo de una ONG que planteaba que la norma debía haber sido aprobada en doble lectura y con 40 votos (dos tercios de los legisladores), no en simple lectura y con mayoría simple (31 votos), como fue sancionada por el oficialismo.
Con todo, Ferrer tiene en sus manos la posibilidad de destrabar el asunto si considera que los cambios sancionados en diciembre pasado -una ley que modificó los puntos cuestionados por el juez- se ajustan a la pretensión de quienes solicitaron el recurso de amparo.
Si así sucede, la Ciudad espera que la ampliación del estacionamiento medido comience a aplicarse gradualmente este semestre. Pero hay quienes piensan que se demorará por lo menos un año más, sobre todo al tener en cuenta que 2019 es un período electoral y no sería adecuado aplicar una medida que genera cierta antipatía en la gente.
La resolución se espera con cierta premura. A pesar de que las zonas ya fueron asignadas y se realizaron las pruebas de los vehículos, no habrá adjudicación posible hasta que se expida el juez. A partir de su fallo, las empresas podrán empezar a poner en condiciones las playas de acarreo. En cada uno de los once predios deberán construir un edificio para atención de clientes y oficinas donde trabajarán 200 empleados, según el pliego de licitación.
Inversión
Se estima que cada empresa deberá realizar una inversión de entre cinco y diez millones de dólares para construir las instalaciones y comprar los vehículos cero kilómetro, que deberán sustituirse cada cinco años. Lo que exige el pliego son 25 grúas, camionetas (de mantenimiento y de control) y motos. Una dotación total de 35 vehículos.
El nuevo sistema de estacionamiento regulado prevé que aproximadamente el 78% de los lugares para estacionar en la vía pública continúen siendo gratuitos, mientras que alrededor del 22% serán pagos. Habrá dos tipos de tarifas sobre la base de la demanda de cada zona: progresiva y sencilla. Además, se establecerá la figura del residente, que estará eximido de pagar.
El oficialismo espera que sea una herramienta para ordenar la circulación de los 1.600.000 vehículos que se mueven a diario por la Capital, promover la rotación en los espacios existentes y bajar el porcentaje de infracciones por mal estacionamiento. El año pasado se labraron un total de 4.239.457 multas, de las que 1.351.561 fueron por mal estacionamiento, el 32% del total.
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