Para la Defensoría del Pueblo, la Metropolitana "actuó con un uso irracional dela fuerza"
El organismo porteño le pidió explicaciones al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; además elevó un proyecto para controlar la actuación de los efectivos
Una semana después de la represión en el hospital Borda siguen los cuestionamientos al accionar de la Policía Metropolitana que disparó contra pacientes, enfermeros, médicos y periodistas.
La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, detalló, en una resolución: "Nada puede justificar semejante accionar policial que configura un caso de evidente gravedad institucional".
Al reconstruir el hecho, constató que el operativo fue dispuesto de madrugada, sin aviso previo a las autoridades del hospital, con conocimiento de que habría conflicto y sin que se haya adoptado ninguna medida de resguardo de los pacientes o profesionales del hospital.
En un comunicado que se publicó en el sitio oficial de la Defensoría del Pueblo porteña Pierini señala que la "responsabilidad en el uso de la fuerza que corresponde al Estado no puede equipararse al que pudiera provocar un grupo de manifestantes", en referencia a la protesta que realizaba un grupo identificado con el gremio de ATE.
"No hay explicación posible que justifique semejante proceder policial, con un uso irracional y desproporcionado de la fuerza", destacó Pierini. "Ejercer violencia ante una protesta expresa la impotencia política para conducir, abordar o encauzar los conflictos que son propios de cualquier sociedad", agregó.
Como consecuencia la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministro de Justicia, Guillermo Montenegro , que se esclarezcan los hechos y la actuación de efectivos de la Metropolitana. Y solicitó garantías de resguardo para los pacientes y profesionales del Hospital Borda.
Proyecto de ley
La Defensoría del Pueblo presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley sobre las normas a las que debe sujetarse la actuación de la Policía Metropolitana en manifestaciones públicas.
En su artículo primero, la iniciativa establece que el accionar de los efectivos debe atenerse a los "criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas", elaborados en la Primera Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad Interior.
Entre los fundamentos del proyecto se señala que las manifestaciones públicas constituyen un acto paradigmático del ejercicio de los derechos constitucionales indispensable para la vida en democracia.
En este sentido, se destaca la existencia de leyes nacionales y locales que disponen que la actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de los principios así como a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
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