El matrimonio igualitario atrae a los extranjeros gays que quieren casarse

Simón Cazal y Sergio López llegaron desde Paraguay a la Argentina con la ilusión de casarse. Sabían que la ley de matrimonio igualitario, sancionada el año pasado, se lo permitía. Sin embargo, cuando quisieron sacar un turno para dar el sí, en el Registro Civil porteño les dieron el no. ¿Por qué? Porque allí no casan extranjeros.

En la dependencia porteña se establece que al menos uno de los contrayentes debe tener DNI argentino. Sin embargo, no sucede lo mismo en todos los registros civiles. En Rosario, donde finalmente Cazal y López se casaron, una circular permite la unión legal a "turistas, pasajeros en tránsito y tripulantes del transporte internacional", y como comprobante de residencia temporaria sólo admite "la fotocopia del pasaporte con el sellado de ingreso al país o el duplicado de la tarjeta de migraciones donde conste fecha de ingreso al país, domicilio en el cual permanecerá al menos uno de los contrayentes y plazo de estadía".

En la misma dirección que la circular rosarina, la diputada porteña María Rachid (Frente para la Victoria) presentó un proyecto para garantizar la igualdad ante la ley de los extranjeros.

"Con este proyecto esperamos que en la ciudad de Buenos Aires se respete el derecho a contraer matrimonio de parejas nacionales y extranjeras como dicta clara y expresamente la Constitución nacional".

Rachid explicó a LA NACION que en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (Falgtb) empezaron a recibir muchos pedidos de parejas extranjeras que querían casarse en Buenos Aires. Sin embargo, cuando averiguaban los requisitos, se encontraban con que al menos uno de los miembros debía presentar un DNI argentino.

"El impedimento rige para todos los extranjeros, pero en general las parejas heterosexuales se casan en el lugar donde residen. Las del mismo sexo buscan las ciudades en donde se ha aprobado la ley de matrimonio igualitario", dijo la diputada.

Tras haber enviado un pedido de información pública y un proyecto de solicitud de informes al director de Registros Civiles Porteños, Alejandro Lanús, y no obtener respuesta alguna, la legisladora presentó el proyecto de ley.

Por su parte, Javier Buján, subsecretario de Justicia porteña, indicó a LA NACION: "Nosotros cumplimos con el tratado de Montevideo, de rango constitucional, que marca el principio de radicación. El debate es sobre la radicación; ocurre lo mismo en el caso de alguien que vive en Buenos Aires y se quiere casar en Jujuy. No es un tema en contra de las uniones del mismo sexo. Es un tema que requiere discusión, porque al ubicar el domicilio en la habitación de un hotel confundimos el concepto de la ley penal con el de la ley civil".

Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la interpretación oficial es errónea: "Ese tratado no tiene rango constitucional. Es supralegal pero infraconstitucional. Le dan a un tratado una jerarquía que no tiene y se obvia lo que dicen los organismos internacionales y la Corte en dos casos recientes, que es la base de la interpretación de cualquier caso: que todo debe ser entendido a la luz de la no discriminación. El director del Registro Civil es un permanente obstaculizador de las leyes y reglamentos que tengan que ver con la libertad sexual".

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