El juez resuelve hoy si desaloja el predio de Villa Lugano tras el fracaso del acuerdo
Tras una nueva reunión, postergó su decisión para esta mañana; podría ordenar la salida compulsiva de los usurpadores; unos pocos okupas aceptaron censarse y abandonar el lugar; la mayoría se quedó y construyó nuevas casillas
La toma ilegal del predio de Pola y Fernández de la Cruz, en Villa Lugano, se consolida espacialmente y se prolonga en el tiempo. Ayer naufragó el principio de acuerdo alcanzad o anteanoche para liberar el lugar y la Justicia aplazó para hoy a la mañana una nueva resolución, que podría incluir el desalojo compulsivo.
Y mientras se sucedían las negociaciones, y unas pocas familias aceptaron ser censadas para una futura solución habitacional en el lugar, la mayoría de los ocupantes construyeron casillas cada vez menos precarias, de madera y chapa, ingresaron muebles e incluso tendieron cables para conectar la electricidad.
El asentamiento en el viejo cementerio de autos de la Policía Federal, que comenzó el lunes, mostraba anoche señales de una mayor organización que los días previos. Pasadas las 20, el juez penal y contravencional Gabriel Vega se reunió con la fiscalía y la defensoría intervinientes y con el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, en lo que fue una audiencia previa a tomar una decisión sobre la usurpación.
Durante las primeras horas del día, luego de que los vecinos de la villa 20 instalados en el terreno ocioso rechazaran la propuesta de sus delegados de abandonar el lugar, según el preacuerdo al que habían arribado anteanoche, Vega adelantó que no iba a tomar de inmediato la decisión de desalojar por la fuerza, aunque admitió que la toma no podía "dilatarse mucho más".
Versiones de un posible desalojo compulsivo circularon durante toda la tarde. No obstante, el juez volvió a escuchar anoche a las partes y les comunicó que hoy, a las 9, les haría conocer su resolución definitiva.
En la reunión, de la que no participaron delegados de los ocupantes, el fiscal Carlos Fel Rolero solicitó una vez más el desalojo del predio y su restitución al gobierno de la ciudad. Según pudo saber LA NACION, el procurador Conte Grand respaldó la posición de la fiscalía porteña.
Por su parte, la asesora de menores interviniente pidió que se garantizaran los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sus padres involucraron en la toma. Mientras, la Defensoría oficial requirió que primero se resuelva si el juez Vega es competente para seguir actuando en la causa.
En ese sentido, la Defensoría recordó que el predio ya forma parte de un expediente judicial que está en manos de la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori, relacionado con el saneamiento del terreno y la construcción en él de viviendas sociales para habitantes de la villa 20, según lo establecido por la ley 1770 sancionada en 2005.
Contramarcha
Por la madrugada, los participantes de la toma habían rechazado el acuerdo firmado por sus delegados con representantes del gobierno porteño, ante el magistrado. En un acta habían aceptado liberar el predio a las 6 y someterse a un "censo de salida", es decir, por efectuarse a medida que abandonaran el lugar.
Las familias inscriptas en ese censo iban a ser consideradas para ser beneficiarias del plan de urbanización previsto en el expediente en manos de Liberatori.
Pese a la existencia de la mencionada ley, el predio estuvo ocupado hasta hace un año por la Policía Federal, que guardaba allí vehículos secuestrados. Hoy, el terreno es inhabitable por el alto grado de contaminación de su suelo, ya que el gobierno porteño todavía no avanzó con el saneamiento previo a la construcción de las viviendas sociales.
Como informó ayer LA NACION, cuando los delegados volvieron al predio para comunicar a los usurpadores la propuesta oficial de anteanoche hubo un fuerte rechazo y reticencia a liberar el terreno. El principal argumento era que la oferta era similar a la que las autoridades nacionales y porteñas habían hecho durante la toma del parque Indoamericano, en Villa Soldati, entre fines de 2010 y principios de 2011, que nunca se cumplió.
Mientras algunos okupas discutían qué decisión tomar en plena oscuridad, otros seguían ingresando ramas, maderas y palos al predio para delimitar sus lotes.
Efectivamente, la toma en el viejo cementerio de autos continuó y fueron pocos los usurpadores que aceptaron censarse y dejar el lugar. Si bien los listados fueron supervisados por la Justicia, voceros de la Secretaría de Hábitat porteña informaron a LA NACION que unas 180 de las 300 personas instaladas en el predio dieron sus datos.
El número oficial de usurpadores, no obstante, discrepa del contabilizado por otras fuentes. Originalmente hubo 500 personas, a las que se sumaron anteayer 200 más.
Ante la caída del preacuerdo judicial, voceros de la Secretaría de Hábitat dijeron que el posible beneficio de una vivienda social no correrá ni siquiera para quienes se censaron.
En ese sentido, fue confuso el discurso del gobierno porteño. Si bien ante el juez los funcionarios habían dejado la puerta abierta a incorporar a los usurpadores a un plan de vivienda, por la mañana la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, insistió en que la Ciudad no negociaría con personas que emplean como mecanismo la toma de tierras.
"No hay posibilidad de que nosotros negociemos con gente que está usurpando, que está cometiendo un delito. No hubo ninguna promesa. Tenemos un montón de vías para que la gente se acerque y reciba atención", enfatizó.
En tanto, voceros de la fiscalía N°43, que investiga el homicidio de Osvaldo Soto durante la toma, sostuvieron que todavía no había sido detenido el autor de los disparos que pusieron fin a la vida del joven, pese a que ya fue identificado.
El conflicto, paso a paso
La toma en Villa Lugano comenzó el lunes y seguía anoche
- El lunes pasado, a las 16, vecinos de la villa 20 comenzaron a ocupar el predio situado en Pola y Fernández de la Cruz, en Villa Lugano
- Hasta hace un año, el lugar estuvo ocupado por la Policía Federal, que guardaba allí vehículos secuestrados.
- La Justicia ordenó su saneamiento y posterior construcción de viviendas sociales, lo que todavía no se hizo
- Anteayer, el fiscal Carlos Fel Rolero solicitó al juez Gabriel Vega el desalojo del predio. El magistrado decidió intentar, primero, consensuar con los usurpadores para evitar una salida violenta
- Anteanoche, delegados de los usurpadores aceptaron liberar el predio a cambio de ser censados con miras a ser beneficiarios de las viviendas sociales por construir
- La mayoría de los involucrados en la toma rechazó el acuerdo firmado por sus representantes
- Hoy decidirá el juez
lanacionarDel editor: cómo sigue.
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