El fin de Costa Salguero: qué pasará con el centro de convenciones que alojó congresos, búnkers políticos y una fiesta electrónica trágica
Esta zona frente al río atraviesa desde hace algunos años un proceso de transformación para generar más espacios públicos; en la pandemia, tuvo un rol clave
LA NACION
A pocos días de las PASO, Juntos por el Cambio se vio obligado a cambiar la sede donde iban a esperar los resultados los candidatos a jefe de gobierno y los precandidatos presidenciales. La polémica se coló en la campaña por el Centro de Convenciones de Costa Salguero, el primer sitio elegido para instalar el búnker, como ocurrió en muchas contiendas electorales anteriores. Pero se vieron obligados a rectificar el rumbo para evitar desprolijidades y sospechas con una explotación que atraviesa su última etapa con cuestionamientos y concesiones contractuales discutidos.
Costa Salguero y Punta Carrasco atraviesan desde hace algunos años un proceso de transformación para generar más espacios públicos en los sectores administrados por firmas privadas. Así, a medida que se fueron venciendo los contratos, la ciudad de Buenos Aires recuperó superficie que se convirtió, por ejemplo, en el Parque del Golf, donde funcionaba el histórico driving. Una concesionaria de vehículos, canchas de fútbol, gimnasios y locales comerciales fueron abandonando el predio a medida que finalizaban los vínculos.
Pero, ¿qué pasará con el Centro de Convenciones y hasta cuándo podría seguir funcionando? La polémica por el búnker oficialista que se disparó por el alquiler del espacio a través del Instituto de Gestión Electoral (IGE) para el funcionamiento del centro de cómputo y monitoreo de las elecciones primarias, abrió el interrogante y puso nuevamente en discusión el monto del contrato de concesión, uno de los cuestionamientos de los sectores que se oponen a los planes del oficialismo en esa porción de la ciudad.
La Administración General de Puertos SE concesionó, en 1991, el uso y explotación de Costa Salguero a la firma Telemetrix SA hasta el día 30 de abril de 2021; y en 2001, mediante la Ley N° 25.436, el Estado Nacional transfirió a la ciudad de Buenos Aires la parcela de terreno por lo que se estableció que seguirían vigentes las cláusulas, plazos y otras condiciones establecidas en el contrato.
Según pudo saber LA NACION, el último canon mensual fue de $1.074.865, con un contrato que se prorrogó en al menos tres oportunidades y con vigencia actual hasta el 31 de diciembre próximo.
“Durante los años 2020 y 2021 numerosos espacios del predio fueron utilizados por parte del Gobierno de la ciudad, en colaboración con el concesionario y de forma gratuita, como centro coordinación logística y operativa de acciones destinadas a combatir la pandemia del Covid-19, primero como centro de aislamiento, luego de testeo y, finalmente, de vacunación”, explican fuentes del Ministerio de Desarrollo Económico.
“Teniendo en cuenta el uso que hizo Gobierno del inmueble durante los últimos años de vigencia de la concesión, y a la espera del dictado de sentencia definitiva a efectos de poder de tomar una definición de mediano y largo plazo para el inmueble, se han prorrogado la concesión respecto de ciertos espacios. Tal prórroga fue encuadrada en el marco de las facultades de emergencia de las leyes 6.301, 6.384 y 6.507, que incluían la facultad de suspender, resolver, revocar, rescindir o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público, y así fue considerado”, argumentan sobre los motivos de la última prórroga.
Canon bajo
El canon mensual puede considerarse bajo si se tiene en cuenta sólo el monto del contrato que se pagó por el alquiler del centro de cómputos, cercano a los 130 millones de pesos. A estos ingresos debe sumarse los generados por otras actividades que se realizan en el Centro de Convenciones. La situación, aunque en rubros diferentes, es comparable a lo que ocurría con las grúas de acarreo antes que el servicio fuera estatizado, con dos empresas que se repartían las ganancias a cambio de un canon irrisorio.
Atento a esta situación, el Gobierno porteño tomó medidas. “Siendo que el plazo de la concesión fue extendido sólo respecto de ciertos espacios, el canon fue adecuado proporcionalmente en consecuencia. Ello sin perjuicio de la actualización periódica del mismo, que se hace en función de las pautas establecidas a tal efecto en el contrato de concesión”, dice la información oficial. Sin embargo, el nuevo canon aún está siendo negociado por las partes y se esperar llegar a un acuerdo antes de que finalice el contrato, con una retroactividad al vencimiento de contrato en 2021.
Con las condiciones actuales, en poco más de cuatro meses se pondrá fin a una historia de más de tres décadas de eventos, congresos, actividades políticas y fiestas electrónicas, como la trágica Time Warp donde murieron cinco personas de entre 20 y 30 años, en abril de 2016. Los grandes galpones también sirvieron para contener la demanda sanitaria en la pandemia de coronavirus como centros de testeos y de vacunación. A fin de año le darán paso a otros usos como parte de la transformación que impulsa la Ciudad.
La recuperación de la costa rioplatense, entre el norte y el sur porteño, avanza y va sumando hitos. El último, y con un fuerte contenido emotivo, fue la inauguración de una plaza memorial a las víctimas de la AMIA instalada sobre los escombros del edificio que sufrió el atentado en 1994. En Costa Salguero y Punta Carrasco los privados van abandonando los predios y el espacio público gana terreno, como ocurre en el Parque del Golf.
El plan contempla generar una mixtura de usos con edificaciones de viviendas, oficinas y comercios que se integren al espacio verde, las propuestas gastronómicas y de esparcimiento que se irán instalando cuando se produzca el cambio definitivo. En ese camino, la Justicia le puso objeciones al proceso que terminó con la aprobación de las leyes para comercializar las tierras y hubo una audiencia pública con participación récord desde que se instrumentó la participación ciudadana como herramienta democrática. Allí varios sectores de la oposición y la sociedad dejaron en claro que no estaban de acuerdo con lo que consideraron una nueva privatización de espacio, aunque con otro nombre.
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