Denuncian que hay trabajo esclavo

La feria Punta Mogote, la más grande del mercado de La Salada, tiene unos 8000 puestos de venta de indumentaria que se abastecen de emprendimientos textiles familiares, pero también de talleres clandestinos donde los costureros, mayoritariamente extranjeros, trabajan en condiciones de hacinamiento e insalubres.

Se estima que al menos cuatro talleres proveen a cada uno de esos puestos y ninguno de ellos está registrado como lo prevé la ley N° 12.713, que regula el trabajo a domicilio. Funcionan en casas, garajes y habitaciones con entre siete y ocho personas que confeccionan las prendas en jornadas que van desde las 7 hasta las 21. En algunos casos se extienden entre las 5 y las 22.

Según información de la ONG La Alameda, en los alrededores de La Salada y en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires funcionan, al menos, 30.000 talleres en los que trabajan entre 250.000 y 300.000 personas en "condiciones de esclavitud". Están disimulados entre las viviendas de Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín, Villa Celina, Pompeya, Villa Lugano y Villa Soldati. En 2011 la Defensoría del Pueblo de la Nación había estimado que en todo el país funcionaban 12.000 talleres clandestinos y por lo menos 3500 en la ciudad de Buenos Aires.

En el 40% de los locales de Punta Mogote, Ocean, Urkupiña y la desalojada La Ribera (las ferias de La Salada) se venden marcas falsificadas. El resto -consigna la ONG- comercializa marcas propias o prendas sin marca.

Todos los puesteros, que alquilan un espacio de ocho metros cuadrados por entre $ 300 y $ 350 al día o lo compraron en US$ 100.000, deben pagar un "permiso especial" para vender marcas truchas. En Punta Mogote el peaje diario es de $ 200, en Urkupiña y Ocean sale $ 150 y en La Ribera se cobraban entre $ 20 y $ 50.

"Con ese impuesto se recaudaban US$ 700.000 por mes. Jorge Castillo [el administrador de Punta Mogote] se llevaba US$ 250.000; el resto se lo repartían los socios o servía para «otros servicios»", cuenta a LA NACION el titular de La Alameda y legislador de Bien Común, Gustavo Vera.

Las presentaciones judiciales por talleres clandestinos son varias. En una de las últimas, el 11 de marzo de 2013, la ONG denunció ante la AFIP la ubicación de 40 talleres en distintos barrios porteños. En ese momento tomó intervención la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Persona (Ufase) -reemplazada en abril del mismo año por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex)- para certificar si se cometían delitos de ese tipo.

"Los precios populares no deben ser sinónimo de esclavitud. La solución debe ser auditar toda la cadena de producción y comenzar a regular la actividad de esas personas. Los responsables de La Salada saben del trabajo esclavo", afirmó Vera.