Costa Salguero: proponen instalar un parque público popular con el nombre Diego Armando Maradona
Es una iniciativa que se lanzó a través de una consulta popular; para que avance y llegue a debatirse en la Legislatura porteña se deberán reunir 40.000 firmas
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LA NACIONMauricio Giambartolomei
El destino final de los predios donde están ubicados los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco es cada vez más incierto. Al plan oficial de crear un desarrollo urbano que contemple viviendas, oficinas, locales gastronómicos y comerciales le creció una traba importante: un fallo judicial que declaró inconstitucional la ley que permitía la venta de esas tierras. Y, al mismo tiempo, surgió un proyecto de la oposición porteña para crear un parque público en las 18 hectáreas que dan al río en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad. La propuesta es habilitar un gran espacio verde con impronta popular y un nombre que lo acompañe: Diego Armando Maradona.
Un proyecto similar había sido presentado por el bloque del Frente de Todos (FdT) con el objetivo de “crear la unidad ambiental parque costero Río de la Plata en los terrenos del borde ribereño”, según se lee en la documentación ingresada en la Legislatura porteña. Pero en marzo pasado surgió otra alternativa para darle mayor impulso: una consulta popular, a través del mecanismo de adhesión de firmas, para enviar la idea al recinto cuando se alcancen los 40.000 respaldos y comenzar el camino del homenaje al ex futbolista que murió en noviembre pasado.
“La iniciativa popular está avalada por la Constitución y permite a los ciudadanos juntar firmas y llevar el proyecto a la Legislatura. Fue una iniciativa de Mariano Recalde con el aval de muchas instituciones ambientalistas que, en primera instancia, debe juntar 4000 firmas para que se habilite la publicidad gratuita en distintos medios sobre la idea”, explicó la legisladora del FdT, Claudia Neira.
La convocatoria, si alcanza la cantidad de firmas necesarias, debería pasar luego al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad que tiene competencia para evaluar la veracidad de los datos aportados con un control exhaustivo de las personas que se adhirieron. A diferencia del proyecto del FdT, que pide la derogación de la ley de enajenación que permitió la venta del predio y el llamado al concurso de ideas, votada en diciembre de 2019, la consulta popular solo propone la creación del parque público con el nombre del astro del fútbol.
Esta es la segunda propuesta movilizada por el FdT que pretende ser un homenaje a Maradona colocando su nombre en un espacio público. Una semana después de su muerte el bloque tomó la propuesta del presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, de cambiar el nombre de la avenida Boyacá, y su continuidad en la calle Punta Arenas, que corre en uno de los laterales del estadio, por el de Diego Armando Maradona.
Para que ambos proyectos avancen se debería exceptuar la ley N° 83, sobre todo el artículo 5 que establece: “En ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido diez años de su muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar”. Para el caso de otros personajes públicos debió cumplirse el período establecido en la ley.
Con un contrato de concesión que transita los meses finales, aún no hay definición sobre el predio que desde el año pasado se convirtió en un centro de atención de pacientes leves o asintomáticos de coronavirus y de testeos para turistas o residentes que vuelven a la ciudad. La propuesta oficial de generar una ciudad donde no la hay, con diseños urbanísticos privados (en el 26% del total que se venderá para construir edificios, calles y veredas) y superficie pública (en el 76% restante) chocó de frente contra un fallo judicial.
Hace dos semanas el juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño N°16, Leonardo Fuchi, hizo lugar al amparo presentado por Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos, y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y declaró inconstitucional la ley que permitía la comercialización de las tierras y que había sido votada, en primera lectura, en 2019. Después de una larga audiencia pública que se extendió dos meses, este año el oficialismo pensaba tener la segunda lectura del proyecto.
En la ciudad sostienen que el predio en cuestión es un terreno público de dominio privado por lo que deberían cambiar las condiciones legislativas para aprobar la ley, como sostiene el fallo del magistrado. La apelación del Ejecutivo porteño está en marcha y también la intención de llevar el caso ante el TSJ.
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