Costa Salguero: la Auditoría no pudo definir datos claves

Después de la tragedia de Time Warp, en la que fallecieron cinco chicos, el análisis de la concesión del predio Costa Salguero realizado por la Auditoría General de la Ciudad (Agcba) no despejó una de las principales sospechas: que el bajo canon abonado surge de un cálculo viciado por supuestas conexiones entre la firma que explota el complejo y las subconcesionarias. Por retaceo de información oficial y empresarial, el organismo no pudo concluir sobre la existencia o no de cruces societarios entre las partes, lo que favorecería la manipulación de los precios.

Así lo denunció la presidenta del cuerpo colegiado, representante del Frente para la Victoria, Cecilia Segura Rattagan. "En 2007, la Inspección General de Justicia (IGJ) había entregado toda la información. En un principio nos habían dicho que nos iban a dar los datos actualizados, pero nunca respondieron", dijo a la nacion. La Agcba intentó impulsar un nuevo pedido, pero una votación interna lo frenó.

En 2008, y a raíz de que el canon había quedado congelado con la pesificación, el macrismo negoció con Telemetrix que el monto a pagar se calcularía al promediar el precio de cuatro servicios prestados por igual cantidad de empresas que funcionan en el predio: el balde de pelotitas de golf, la hora en el estacionamiento, el alquiler del metro cuadrado en los pabellones y la noche en una habitación del hotel. Si hubiera conexiones societarias, podría haber manipulación de las variables.

"Si uno se pregunta por qué la IGJ no nos brindó la información, después de cómo el oficialismo nos frenó la nota reiteratoria, la negativa del gobierno porteño a dar esa información, la negativa de la Telemetrix y la de las subconcesionarias, creemos que es muy factible que sea porque están cruzadas las sociedades", sostuvo Segura.

Diversas fuentes consultadas aclararon que la IGJ no tiene la obligación de responder a las preguntas de la Agcba. No obstante, luego de la mencionada votación en donde se negó la reiteración del pedido porque se consideró que ya había sido contestado, hubo intentos informales de comunicación. Tanto interés de funcionarios que responden al kirchnerismo encendieron las alarmas en la IGJ, según pudo reconstruir la nacion. La Auditoría no logró conseguir ninguna de las composiciones societarias de las 22 subconcesionarias del complejo.

Desde Telemetrix negaron la existencia de conexiones entre las empresas. Señalaron que desde hace tiempo que se indaga en esa situación por la participación, mínima, del marido de la diputada nacional y ex vicepresidenta de la Legislatura porteña Carmen Polledo (Pro). "Nos cambiaron las reglas del juego en varias ocasiones y siempre estuvimos de acuerdo. Nos sentamos y escuchamos los planteos de todos los gobiernos que pasaron", afirmaron ante la consulta de la nacion; Telemetrix tiene la concesión de Costa Salguero desde 1988. Sostuvieron además que no sería factible modificar el precio con el que se calcula el canon porque se trata de algo público.

La imposibilidad de establecer las composiciones societarias, junto a otros puntos como la denuncia del mal cálculo del canon entre 2002 y 2015, el período auditado, forma parte del informe al que tuvo acceso este medio. En total, por este ítem, para el cuerpo colegiado habría un detrimento de $ 18.158.611,82, de los cuales más del 67% corresponde a la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno, entre 2008 y 2015.

Más allá de la fórmula utilizada para establecer el canon, funcionarios porteños admitieron que existe una desactualización del monto por dos motivos. El primero es que históricamente se trató de un canon bajo porque la empresa construyó desde cero el predio. "Fue todo terreno ganado al río", coincidieron, en conjunto con fuentes empresariales. En segundo lugar, la intervención en el Indec hizo imposible poder tener un cálculo adecuado a la coyuntura económica. Por eso, por ejemplo, en el último año el canon representó el 8,46% de la facturación de Telemetrix.

El mecanismo de cálculo del canon cuestionado por la Agcba regiría hasta fines de año, cuando se prevé que las partes llegarán a un acuerdo para imponer un monto que se actualice por inflación, adelantaron fuentes oficiales y del sector.

Existe otro foco de negociaciones entre Telemetrix y la Ciudad, que ya escaló hasta la Justicia. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos intimó a la firma por el no pago de la tasa de ABL desde 2011 hasta la fecha, una deuda original de $ 30 millones que ascendería al doble por los intereses y punitorios. Según la empresa, cuando se firmó el contrato en 1988 el predio estaba categorizado como urbanización parque y urbanización futura, y por lo tanto exento de esa tasa.

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