En una semana, la Ciudad tomará el control de las grúas de acarreo de autos en infracción: qué cambiará
Desde los años 90 dos empresas se reparten el servicio aunque tienen las contratos vencidos desde 2001; el gobierno porteño cortó el vínculo por decreto para evitar consecuencias políticas
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LA NACIONMauricio Giambartolomei
Dentro de una semana habrá un cambio de era en uno de los servicios públicos más polémicos de la ciudad. El próximo sábado el acarreo de autos mal estacionados comenzará a ser manejado por el Gobierno porteño después de décadas de funcionamiento irregular y de intentos frustrados de normalizar los contratos. Pero un mes después de un anuncio apresurado de Horacio Rodríguez Larreta, siguen las dudas sobre cómo se implementará este período de transición, previsto hasta que termine de definirse un proceso de licitación en el que más de diez empresas ya están interesadas.
La Ciudad ya tenía previsto reemplazar a las actuales concesionarias que hoy se reparten el patrullaje en las calles del microcentro, el Casco Histórico y otros sectores en diferentes barrios. Los plazos estipulados marcaban que antes de fin de año se debía preadjudicar la explotación del servicio a los nuevos operadores para que entre mayo y junio del año próximo pudiesen comenzar a trabajar. Los tiempos no cambiaron, pero sí el contexto porque en un giro inesperado el jefe de Gobierno, a través de un decreto, puso fin a la concesión de Dakota y BRD, con contratos vencidos y prórrogas constantes desde 2001.
La nueva normativa estableció que Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) se hará cargo del servicio desde la semana próxima, aunque no hay pautas establecidas de cómo lo hará. Se sabe que, por el momento, las grúas aún no llegarán a toda la ciudad y se mantendrán en las mismas zonas actuales; vale decir que el pliego de licitación en marcha establece que desde el año próximo la ciudad se dividirá en tres zonas y el servicio será a demanda de los vecinos en todos los barrios.
Por estos días continúan las reuniones frenéticas entre la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y representantes de Dakota y BRD, más enviados de la Procuración General de la Ciudad y del Ministerio de Hacienda. Manuela López Menéndez, titular de la secretaría, encabeza la negociación en la que se intenta llegar a un acuerdo sobre el traspaso total, es decir, la actividad, los empleados, la logística y la infraestructura.
El ambiente, en esos encuentros, es tenso. Las empresas aceptaron el decreto de Rodríguez Larreta, pero a regañadientes por perder un negocio perfecto y millonario. Cada una de ellas paga un canon de $55.00 mensuales y congelado desde 2014, y realiza un promedio de 350 acarreos diarios y unos 12.000 por mes. Si un vehículo es acarreado el infractor debe pagar $6525 por el traslado del vehículo, además del costo de la multa. Se calcula que en 2021 Dakota y BRD recaudaron, entre las dos, unos $547 millones.
La operatoria se realiza hoy con unas 30 grúas de las empresas y tres predios, pertenecientes a la ciudad, donde se trasladan los vehículos en infracción. Esos sitios, ubicados en Couture y Bibiloni (Facultad de Derecho), Cerrito y Sarmiento, y Tacuarí 1277, se mantendrían con la estatización del servicio, aunque aún no se definió con cuáles y cuántas grúas se realizarán los recorridos.
Las reuniones en cuestión tienen como objetivo terminar de definir los detalles del traspaso. Según pudo saber LA NACION, el Gobierno podría pedir que en el acuerdo de traspaso se incluyan las grúas o también, comprar o alquilar otros rodados si hace falta. En cuanto a los trabajadores, la continuidad ya fue acordada después de una amenaza de los Moyano.
Es que el gremio de Camioneros había amenazado con realizar una marcha y paralizar el servicio de recolección de residuos si no se conservaba el convenio colectivo 40/89 del sindicato sobre el despido, indemnización y contratación inmediata del personal cuando una empresa cambia de manos y se traspasa a otra firma, lo que en la jerga se denomina la “Ley Moyano”.
Desde el gremio que conduce Pablo Moyano sostienen que son 500 los empleados en transición, mientras que en la Ciudad afirman que se trata de 350. De las tres personas que ocupan una grúa dos de ellas están enrolados en Camioneros, situación que favoreció la demostración de poder del sindicato.
El conflicto se tensaba porque los empleados de AUSA están afiliados a dos gremios: el 85% al Sindicato de Empleados de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, histórico rival de los camioneros y aliado al Gobierno porteño, y el 15% restante a la Uocra. Las diferencias quedaron superadas con un acuerdo más allá del traspaso del servicio a AUSA porque los trabajadores del acarreo dependerán de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y de esa manera se garantizarán el convenio colectivo de trabajo de Camioneros, incluyendo sus salarios y otros derechos laborales.
Juego político
El golpe de timón que provocó la Ciudad el lunes 15 de agosto tuvo implicancias políticas. Días antes comenzaba a tomar forma el acuerdo opositor Frente Antigrúas que concentraba las fuerzas del Frente de Todos y los libertarios de Javier Milei, además del Frente de Izquierda, y la amenaza de pedir en la Legislatura una sesión especial para debatir la suspensión del servicio por las constantes irregularidades y denuncias de los usuarios.
La oposición no lograba sumar la cantidad necesaria de legisladores para dar quórum hasta que apareció en escena Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, quien le pidió a sus legisladores que se unieran al frente opositor. La jugada se leyó como un ultimátum para Rodríguez Larreta que eligió cortar los contratos por decreto antes que pagar el costo político de que sea obligado por la Legislatura.
Tras seis intentos fallidos desde 2013, la ciudad se disponía regular el sistema de acarreo con un llamado a licitación que ya había lanzado cuando se precipitó el final de Dakota y BRD. El nuevo plan es ampliar la llegada de las grúas a toda la ciudad, pero a demanda de los vecinos al detectar un auto mal estacionado u otra infracción mediante Boti (el canal de atención a través de WhatsApp), la línea telefónica 147 o en los perfiles de las redes sociales.
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