Ciudad. Buscan reducir el gasto con menos obras y servicios y un nuevo impuesto
LA NACIONMauricio Giambartolomei
Con una partida que seguirá priorizando áreas sociales cómo salud, educación, desarrollo social y seguridad, que reunirán el 67% del total, pero con fuertes ajustes por el impacto que causó la reducción de la coparticipación federal la Ciudad de Buenos Aires presentó hoy el presupuesto 2021, de contingencia y con medidas transitorias que podrían dar marcha atrás si avanza favorablemente el reclamo iniciado en la Corte Suprema para frenar el drenaje de fondos que se inició en septiembre pasado. El recorte, en cambio, podría ser aún mayor si el Congreso aprueba el proyecto de ley enviado por la Nación para modificar el esquema de financiamiento de la policía porteña.
Suspensión o postergación de obras y proyectos, revisión de grandes contratos y servicios, como el de la recolección de basura y el mantenimiento hospitalario, mantenimiento mínimo y esencial del espacio público, reducción del gasto público que implica también las negociaciones paritarias, eliminación de exenciones impositivas a operaciones financieras y creación de un impuesto a los sellos por las transacciones con tarjetas de crédito son parte de las medidas que se implementarán con el fin de compensar la quita de fondos.
Desde el 10 de septiembre hasta hoy la Ciudad dejó de percibir $8400 millones, a un ritmo diario de $150 millones, con lo que terminará el año con una merma de $13.000 millones. Para el próximo año se espera una quita de $52.000 millones producto de la reducción del 1,18% de la coparticipación federal, que podrían alcanzar los $65.000 millones si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto que ya tiene media sanción del Senado. En este contexto la Ciudad propone un presupuesto 2021 de $612.643,5 millones y un total de recursos por $587.568,9 millones, lo que proyecta un resultado financiero deficitario en $25.074,6 millones.
Si la Justicia no falla favorablemente, la Ciudad deberá realizar nuevos ajustes tanto en su plan de gastos como en sus recursos
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas a cargo de Martín Mura, ingresó hoy en la Legislatura para recibir un primer tratamiento en las comisiones y luego en el recinto, donde se espera que se debata el 10 de diciembre. La propuesta no contempla aumentos en las patentes y el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que se calcularán con el mismo esquema utilizado hasta el momento. En el caso de las patentes se ampliaron los márgenes para que el aumento del vehículo no genere un salto de las cuatro categorías: hasta $1.600.000, 3.2% del total del rodado; entre $1.600.000 y $2.200.000, 4%; entre $2.200.000 y $3.200.000, 4,5%; y más de $3.200.000; 5%. Para el incremento del ABL se tomará la inflación de cuatro meses anteriores; por ejemplo, en enero próximo se aplicará la inflación de agosto pasado, del 2,4%, y así sucesivamente mes a mes.
El proyecto se formuló con las mismas variables macroeconómicas que figuran en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional que contempla una variación de la actividad económica del 5,5%, un tipo de cambio de $102,4 a fin de año y una inflación del 29%. La inclusión del impuesto a las operaciones con tarjeta de crédito, del 1,2% de cada transacción, no había sido tenido en cuenta hasta antes del recorte proveniente de la coparticipación. Con esta medida, que también se aplica en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego, se espera recaudar $7.700 millones para compensar la fuga de fondos. Pero no será la única medida en ese sentido.
También se eliminará la exención al impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs y a las operaciones de pases, con lo que se estima recaudar $10.608 millones y$1.392 millones, respectivamente. Además, con la reducción del gasto público se proyecta un ahorro de otros $32.300 millones con la revisión de contratos de recolección de residuos, como lo había adelantado LA NACION, el mantenimiento hospitalario, el mantenimiento del espacio público y de los espacios verdes, y el servicio de vigilancia privada, aunque todo este implique una merma en el nivel de prestación de servicios. También se suspenderán o postergarán obras hídricas, de transporte y grandes proyectos como el inicio del Distrito Joven, el Parque de la Innovación o el parque temático luego del traslado del Mercado de Hacienda de Liniers.
La Ciudad dejó de percibir $8400 millones desde el 10 de septiembre y terminará el año con una merma de $13.000 millones. Para el próximo año se espera una quita de $52.000 millones producto de la reducción del 1,18% de la coparticipación federal.
Acelerar procesos jubilatorios, reducir el gasto en alquiler de oficinas públicas y fomentar el trabajo remoto forman parte del paquete de herramientas que ayudarán a equilibrar el recorte. "Si la Justicia no falla favorablemente, la Ciudad deberá realizar nuevos ajustes tanto en su plan de gastos como en sus recursos. Este programa de ajuste transitorio desaparece si la Justicia falla a favor. Se retrotrae todo a septiembre, antes de la quita de la coparticipación" explicó Mura en la presentación del presupuesto.
Los efectos causados por la pandemia y los recortes proyectan un déficit para el cierre del ejercicio 2020 superior a los $ 70.000 millones. En este escenario lo destinado a áreas sociales alcanzará el 51,4% del total del presupuesto 2021 con la siguiente distribución: salud, $97.585,3 millones y 15,9% del total; promoción y acción social, $64.914,9 millones y 10,6%; educación, $119.013,7 millones y 19,4%; cultura, $13.2122,2 millones y 2,2%; trabajo, $3636,9 millones y 0,6%; vivienda, $12.323,8 millones y 2%; agua potable y alcantarillado, $4485 millones y 0,7%.
De acuerdo a la variación nominal el área de educación cerrará este año con un presupuesto de $ 91.780 millones, mientras que para 2021 aumentará un 29,7%. En cuanto al servicio de seguridad se mantendrá su proporción en el presupuesto total y representa el 15,8 % del total proyectado para el próximo ejercicio, con un crédito previsto de $97.084,3 millones. La administración gubernamental tendrá disponible $76.906,2 millones, los servicios económicos, $74.995,9 millones, y de deuda pública (con intereses y gastos) se destinarán $48.486,3 millones.
Moratoria
A partir del 1° de enero se pondrá en marcha un plan de facilidades con distintos porcentajes de quita de intereses para los impuestos empadronados (ABL y patentes) para aquellos contribuyentes con deudas de hasta $500.000 que hayan tenido problemas para afrontar el pago de dicho impuestos durante la pandemia. Habrá dos opciones de pago: hasta seis cuotas con la condonación de todos los intereses resarcitorios (pagará sólo la deuda), y 12 pagos con la conmutación del 50% de los intereses. Se podrán incluir las deudas correspondientes a 2019 y hasta octubre de 2020.
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