Cinco empresas se disputan la concesión del nuevo servicio que hoy funciona a demanda
La Ciudad controla la operación en esta etapa de transición, después de suspender los contratos el año pasado
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LA NACIONMauricio Giambartolomei
Hace seis meses, en un anuncio improvisado, Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Miguel le ponían fin a los contratos con las empresas que durante décadas mantuvieron el servicio de acarreo de automóviles en la ciudad. El apuro intentó desactivar una bomba política, pero el Gobierno porteño ya masticaba la idea de cortar de raíz una situación que le generaba demasiados dolores de cabeza. Desde ese 16 de agosto, el contexto cambió hasta el punto de disparar la pregunta: ¿dónde están las grúas?
Hasta avanzar en el proceso de licitación, el jefe de Gobierno y el jefe de Gabinete habían anunciado que durante el período que dure la transición, la Ciudad se haría cargo del servicio, horas después de que Elisa Carrió le ordenara a sus propios legisladores debatir el fin de la concesión, una irrupción que terminó precipitando el fin de los contratos.
El volantazo sacó de la jugada a Dakota-STO y BRD-SEC, empresas que operaban con contratos vencidos desde 2001 y sucesivas prórrogas, y abrió el juego a otras cinco empresas que mostraron interés en quedarse con el servicio. Nada fue gratis. La Ciudad debió desembolsar una cifra millonaria para indemnizar a los empleados de ambas firmas, que responden al sindicato de Camioneros, y recontratarlos nuevamente.
Mientras las grúas de acarreo operan con un “servicio de emergencia y a demanda”, sin patrullar las calles en busca de vehículos mal estacionados como lo hacían antes sino en situaciones puntuales de obstrucción de rampas o garajes, por ejemplo, hay cinco empresas que fueron parte de la “primera apertura de sobres de la licitación pública nacional N° 7323-1117-LPU22 para la contratación de un Servicio de Grúas para Acarreo de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que se realizó el 14 de febrero, según la información oficial. Desde el Gobierno estiman que los nuevos concesionarios podrían tomar el control durante el segundo semestre del año.
La Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ashira-Ecoba y la empresa Transporte 9 de Julio están ligadas a la recolección de residuos. Ashira comenzó en 1998 el arrendamiento de equipos de higiene urbana y tanques atmosféricos al Gobierno porteño y, desde 2014, tiene a cargo la recolección y barrido de una parte de la ciudad; además opera en Trelew (Chubut), Junín, San Pedro, Balcarce y San Martín (Buenos Aires), y San Francisco (Córdoba). Mientras que Ecoba (Empresa Constructora Buenos Aires) tiene como actividad principal la construcción y recolección de residuos, a cargo del mantenimiento de espacios verdes en la comuna 5. Transportes 9 de Julio SA, en tanto, es una firma creada en 1976 en Santa Fe, con participación en la recolección de residuos de La Plata y Mar del Plata donde también ofrece servicios como “recolección domiciliaria, barrido de calles, remoción de residuos voluminosos y montículos, limpieza de playas y servicios particulares”.
Según pudo saber LA NACION, Ashira-Ecoba es impulsada por el gremio que conduce Hugo Moyano. Camioneros supo ejercer presión en conflictos que tuvieron como protagonistas a los trabajadores de la recolección de residuos con la Ciudad.
Las otras tres empresas interesadas son Plein Air Park, Rinkel Trail - Escalum Investment y SAEM - Tránsito Rosario. La primera pertenece a Neuss Capital en alianza con Empark de España, quien aporta la capacidad técnica. Empark, opera el servicio de estacionamiento medido en 140 ciudades de Europa (Madrid, Valencia, Lisboa entre otras) en seis países.
En 2018, Plein Air Park se presentó́ como oferente en la licitación para la concesión del servicio de estacionamiento medido en la ciudad y había calificada para operar en la Zona 4 de la ciudad, pero en diciembre de 2020 el proceso se dejó sin efecto.
Rinkel Trail, en tanto, brinda asistencia vehicular con una flota propia de grúas y cobertura en toda la Argentina y países limítrofes. En la Ciudad da servicio en Autopistas Urbanas (AUSA), en las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, además de distintas Compañías Aseguradoras. Mientras que SAEM (Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido) opera la concesión del servicio de estacionamiento medido en Neuquén. Se presentó en sociedad con Tránsito Rosario que controla el estacionamiento medido en Rosario y que, en 2018, también había sido calificada para la concesión de una de las zonas del estacionamiento medido porteño.
Procedimiento
Todas estas empresas competirán para quedarse con una de las tres zonas de acarreo en las que estará dividida la ciudad. A partir del 14 de febrero se abrió el período para realizar vista de los expedientes y las observaciones de los oferentes. A su vez, se avanzará con la primera etapa de evaluación de las ofertas teniendo en cuenta la propuesta administrativa, legal y técnica. Luego, según la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, “se publicará el orden de mérito de las propuestas correspondientes al sobre 1 y se procederá a la apertura del sobre 2 que contiene las propuestas económicas para todas zonas”.
La nueva licitación contempla cambios importantes ya que el servicio no estará limitados a las zonas actuales sino que se podrán resolver situaciones de convivencia vial en todos los barrios. Dakota-STO y BRD-SEC operaban, principalmente, en el microcentro y macrocentro, además de algunos sectores puntuales de diferentes barrios. La ciudad ahora estará dividida en tres áreas y habrá seis playas de acarreo. Como ocurre actualmente en este período de transición, los vecinos podrán reportar bloqueos de rampas, paradas de colectivos y cocheras.
A pesar de que no se ven con tanta frecuencia, las grúas siguen activas con el manejo de AUSA que tomó la operatoria cuando se alejaron Dakota y BRD. Son unas 30 grúas que trasladan a los vehículos en infracción a tres predios ubicados en Couture y Bibiloni (Facultad de Derecho), Cerrito y Sarmiento, y Tacuarí 1277. Las grúas tuvieron un cambio de imagen (ya no son blancas, sino grises) al igual que toda la cartelería y señalética.
La interrupción sorpresiva del contrato con las empresas salientes tuvo un costo de unos 1400 millones de pesos para la Ciudad que debió asumir las indemnizaciones de los 332 trabajadores de Dakota y BRD. La estatización del servicio activó la llamada Ley Moyano que establece pautas para el despido, indemnización y contratación inmediata del personal enrolado en el convenio colectivo 40/89 del sindicato de Camioneros cuando una empresa cambia de manos y se traspasa al personal. El acuerdo entre el gremio y la ciudad está vigente desde que Mauricio Macri era jefe porteño.
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