Arrasan 7800 puestos en La Salada que controlaban los barrabravas

María sólo pretendía salir de su casa para ir a trabajar, pero vive en una zona tomada. Para entrar o salir, la extorsionan y le piden dinero. Pueden ser $ 20, $ 50, $ 100. Lo que tenga. Si dice que no lleva nada, le revisan los bolsillos o la amenazan con un arma.

Con este nivel de impunidad y de tensión se vive en las inmediaciones de la feria La Salada. Éstas eran las prácticas habituales de un grupo depersonas que regenteaba unos 7800 puestos que se habían instalado sobre la autovía que se construyó en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, entre el Riachuelo y los barrios humildes de la ribera.

Estos puestos, que están afuera de los tres galpones que ocupan los comerciantes más antiguos de la feria, fueron arrasados ayer por orden del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitali, después de que un grupo de vecinos se acercara a la fiscalía a denunciar las amenazas que recibían por parte de varios puesteros. Fuentes con acceso al expediente indicaron a LA NACIÓN que se trata de barras bravas que recaudan con la venta ilegal.

"Las personas dicen ser de la barra de Boca Juniors y del club Los Andes. Y la pelea es por la recaudación de los puestos", indicaron fuentes judiciales que precisaron que muchas de esas peleas se dirimen a los tiros.

Las barras bravas operan allí garantizando la permanencia y la seguridad de los puestos. Estos puestos comenzaron a instalarse en noviembre del año pasado. Cabe recordar que en 2012 toda esa zona había sido desalojada en el marco de la causa del saneamiento del Riachuelo, que ordenaba liberar los 35 metros que quedan entre las construcciones y el río.

La situación empeoró desde febrero pasado cuando se registraron por lo menos tres muertes relacionadas con el control de la nueva feria. Ahí es donde las barras bravas, en connivencia con agentes de la policía distrital, funcionaban en el barrio. Precisamente hace pocos días fueron pasados a disponibilidad los agentes bonaerenses Diego Bogado y Alejandro Gómez, sospechados de haber intervenido en el asunto.

"La gente sólo podía salir los días que no había feria. Estaban como presos en sus propias casas. Los puesteros habían tomado todas las entradas laterales y, en otro sector, habían establecido una especie de estacionamiento para los compradores que llegan de madrugada", contó Víctor Frites, del Foro Hídrico de Lomas de Zamora.

"Este desalojo va a beneficiar a muchísima gente. Hay que pensar que ahí no podían pasar ni la ambulancia ni los bomberos. Incluso se quemaron varias casas. El tema va a ser cómo lo mantienen. Es la segunda vez que se desaloja", desconfía Frites.

Los vecinos también se quejan de la complicación en los accesos a sus casas que genera la feria. "Yo vivo a diez cuadras y es imposible circular. Es una consecuencia de la falta de gestión y control municipal. Peleamos por obras contra las inundaciones, ya que también hay ocupación del borde de los arroyos", agregó Frites.

El operativo de desalojo fue realizado ayer por la policía bonaerense y la Infantería. También colaboró el municipio con las topadoras. El desalojo fue firmado por el juez el 16 del mes pasado, aunque se mantuvo en secreto para poder organizar las fuerzas de seguridad que participarían.

En la feria especulaban con que la investigación realizada por el programa La cornisa, el domingo pasado, aceleró los tiempos. Quienes sí se enteraron fueron los puesteros, ya que en las imágenes del desalojo, que comenzó entrada la madrugada, se vio claramente que no había productos en oferta.

La Salada está conformada por tres sectores: Punta Mogotes, Ocean y Urkupiña. Ninguno fue alcanzado por la medida judicial. Jorge Castillo, el encargado del sector Punta Mogotes de La Salada, destacó que en la feria hay "unas 40.000 bocas de expendio", sostuvo que los puestos desalojados "son parte de la parte ilegal" del predio.

Enrique Antequera, administrador de la feria Urkupiña y uno de los fundadores del complejo La Salada, defendió a los puesteros: "La feria comenzó con el trabajo precario de manteros que se organizaron para resguardar y regularizar su trabajo. Desde un comienzo se pensó en la integración y en el trabajo digno".

Y aseguró: "Las tres ferias internadas pagan impuesto de todo tipo. El complejo paga 9 millones de pesos anuales al municipio de Lomas de Zamora, gobernado por Martín Insaurralde. Y se pagan más de 30 millones de pesos anuales a los que se les agregan $ 170 millones por otros impuestos".

Insaurralde opinó sobre el operativo: "Los puestos se encontraban instalados en lo que se llama el camino de sirga y que había sido liberado hace varios años por la comuna. Lomas de Zamora fue el primer municipio que dio cumplimiento al fallo de la Corte que ordenó la liberación de las márgenes del Riachuelo".

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