Qué porcentaje de los Registros del Automotor resta cerrar tras el avance del Gobierno
El Ministerio de Justicia puso en marcha la eliminación de las oficinas registrales, que deberán reducirse en un 40% acorde a lo propuesto por el Poder Ejecutivo
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En mayo, el Ministerio de Justicia de la Nación emitió un comunicado donde informaba los pasos a seguir en relación a los Registros del Automotor. La información, difundida por la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, hablaba del cierre del 40% de las oficinas registrales y la reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, entre otras medidas.
Luego de haber puesto en marcha la eliminación de la cédula azul y del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), llegó el turno de los registros. Hoy, a dos meses del anuncio, se dio a conocer el primer cierre masivo de oficinas, el cual se publicó en el Boletín Oficial del 10 de julio.
A través de la Resolución 209/2024, se confirmó el cierre de 136 registros así como se puso el freno en la apertura de otros 12 que estaban pactados para los próximos meses. Las localidades afectadas por esta primera medida son, en su mayoría, de la provincia de Buenos Aires, como Baradero, Ayacucho, Dolores y Carlos Tejedor, entre otros.
Todos los que se cerrarán serán registros intervenidos, es decir, que no tienen un titular efectivo sino un interventor designado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). Acorde a lo informado por el ministerio, los primeros en cerrarse son los que llevan más de dos años bajo intervención, para luego seguir con los restantes.
En la República Argentina hay 1558 registros abiertos, por lo que cerrar el 40% implica desmontar 623 oficinas. Hoy, tras haber eliminado 136, se avanzó con el cierre de un 8,7%. Entre tanto, el ministerio también informó qué centros absorberán las tareas de los registros cerrados.
La medida “materializa la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional”, argumentó el Gobierno en la resolución. A su vez, aclaró que esto se trata de “una primera etapa de la restructuración del sistema”. En una segunda instancia, “se revisará el contrato general de administración de los Registros Automotor, se acelerará la digitalización y transformación del proceso y se bajarán fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.
Estas medidas convergen con una iniciativa que surgió con mayor antelación impulsada por Patricia Vásquez, diputada de Juntos por el Cambio. La legisladora, que cuenta con el apoyo del Pro y un sector de La Libertad Avanza (LLA), busca la eliminación total de los Registros Automotor y su reemplazo por un sistema electrónico de autogestión.
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