Cambio en el sistema de VTV: qué harán las provincias y qué implica la nueva norma del Gobierno
La resolución publicada en el Boletín Oficial abre el registro para nuevos prestadores, elimina la regulación nacional sobre las tarifas y crea una base de datos unificada; qué deberán cumplir los talleres y qué cambios verán los conductores
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RedactorIñaki Zurueta
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó una nueva etapa en la Argentina. A través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la apertura del sistema para que talleres privados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
La medida que apunta a aumentar la oferta de prestadores, generar competencia y reducir la intervención estatal en el funcionamiento del servicio, una medida que impacta en los 15.784.385 vehículos que forman parte del parque automotor argentino en circulación.
La decisión termina de instrumentar varios de los cambios que habían sido introducidos meses atrás por el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito.
Aunque la resolución fue presentada por el Gobierno como el fin del monopolio de las plantas verificadoras, el impacto concreto de la medida todavía dependerá de dos factores clave: la adhesión de las provincias y la velocidad con la que nuevos talleres decidan ingresar al sistema.
Uno de los puntos centrales es la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que a partir de ahora será público, gratuito y digital. Los establecimientos interesados podrán inscribirse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y, una vez habilitados, estarán autorizados para realizar revisiones de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos o especiales.
Los talleres deberán acreditar capacidad técnica, contar con equipamiento específico y designar un director técnico, que obligatoriamente deberá ser un ingeniero matriculado. Además, quedarán sujetos a auditorías posteriores a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Sturzenegger cruzó a Kicillof por la no adherencia de provincia de Buenos Aires
Tras la oficialización de la normativa, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cuestionó el rumbo elegido por la administración nacional y puso el foco en las garantías de control. “Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo.
Para el funcionario, cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, “corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”.
La respuesta llegó desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ante una consulta de LA NACION, el ministro Federico Sturzenegger rechazó el planteo bonaerense y aseguró que el Gobierno provincial busca desviar la discusión.
“El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Kicillof a la cabeza, intenta correr la discusión hacia la seguridad vial porque no puede defender el verdadero problema: el monopolio”, afirmó.
Además, negó que la reforma implique la eliminación de los controles técnicos. “La revisión técnica obligatoria sigue existiendo. Nadie la eliminó. La Ley Nacional de Tránsito sigue exigiendo que los vehículos sean inspeccionados”, aseguró.
“Lo que terminamos fue con el privilegio de que esa inspección sólo pudiera hacerse en los talleres que el poder político decide habilitar”, afirmó.Desde el Gobierno nacional insistieron en que la apertura del sistema no implica la ausencia de controles: “Lo que hicimos fue exactamente eso: extender un modelo que ya existe y funciona. Abrimos la posibilidad para que cualquier taller que cumpla los requisitos técnicos pueda inscribirse, habilitarse y emitir una revisión técnica con validez nacional”, afirmó Sturzenegger.
El funcionario también cuestionó que algunas jurisdicciones rechacen certificados emitidos bajo normativa nacional. “Las provincias aceptan patentes emitidas por la Nación. Los camiones circulan con habilitaciones emitidas bajo normativa nacional. Pero cuando se trata de la VTV aparece una curiosa excepción: algunos sostienen que sólo son válidos los certificados emitidos por los talleres que ellos mismos seleccionan. Eso no es federalismo. Eso es protección de un negocio”, señaló.
Y concluyó con una de las definiciones más contundentes del intercambio: “La seguridad vial no necesita monopolios. Los monopolios sí necesitan el discurso de la seguridad vial”.
Desde el Gobierno nacional insistieron en que la apertura del sistema no implica la ausencia de controles: “Lo que hicimos fue exactamente eso: extender un modelo que ya existe y funciona. Abrimos la posibilidad para que cualquier taller que cumpla los requisitos técnicos pueda inscribirse, habilitarse y emitir una revisión técnica con validez nacional”, afirmó Sturzenegger.
El funcionario también cuestionó que algunas jurisdicciones rechacen certificados emitidos bajo normativa nacional. “Las provincias aceptan patentes emitidas por la Nación. Los camiones circulan con habilitaciones emitidas bajo normativa nacional. Pero cuando se trata de la VTV aparece una curiosa excepción: algunos sostienen que sólo son válidos los certificados emitidos por los talleres que ellos mismos seleccionan. Eso no es federalismo. Eso es protección de un negocio”, señaló.
Y concluyó con una de las definiciones más contundentes del intercambio: “La seguridad vial no necesita monopolios. Los monopolios sí necesitan el discurso de la seguridad vial”.
Qué equipamiento deberán tener los talleres y cuánto cuesta abrir un centro de VTV
La resolución establece una serie de requisitos mínimos para garantizar que las inspecciones mantengan estándares técnicos uniformes.
Entre otros elementos, los talleres deberán contar con frenómetro para medir la capacidad de frenado, alineador óptico de faros con luxómetro, detector de holguras en dirección y suspensión, dispositivos para verificar alineación de dirección y amortiguación, decibelímetro para medir emisiones sonoras, analizadores de gases para motores nafteros y diésel e instrumentos para controlar el desgaste de los neumáticos.
También deberán disponer de una fosa de inspección o elevador, sistemas de comunicación interna y herramientas específicas para realizar las verificaciones previstas por la normativa.
En una entrevista previa con LA NACION, Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), la principal compañía proveedora de este tipo de equipamiento, estimó que antes de la reforma la inversión necesaria para montar una línea completa destinada a vehículos livianos oscilaba entre US$50.000 y US$60.000.
Según explicó, la eventual incorporación de nuevos centros verificadores podría generar economías de escala en la fabricación de equipamiento. Bajo ese escenario, la inversión necesaria para instalar una línea de revisión técnica podría reducirse hasta ubicarse entre US$40.000 y US$50.000.
La expectativa del sector es que la apertura incentive el ingreso de nuevos operadores, especialmente talleres mecánicos y concesionarios que ya cuentan con parte de la infraestructura necesaria.
Precios libres y competencia
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la resolución es que el valor de la revisión técnica dejará de estar regulado por la autoridad nacional, ya que la nueva normativa establece expresamente que el precio será acordado libremente entre el usuario y el taller que realice la inspección.
La apuesta oficial es que el incremento de la oferta genere competencia entre prestadores y contribuya a moderar los valores del servicio. Sin embargo, el resultado dependerá de cuántos actores ingresen efectivamente al sistema y de la dinámica competitiva que se genere en cada región del país.
Qué cambia para los conductores
La resolución también ratifica las modificaciones introducidas este año respecto de los plazos de revisión para los vehículos particulares. Los autos cero kilómetro deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de su patentamiento inicial.
Posteriormente, mientras tengan hasta diez años de antigüedad, la revisión tendrá una vigencia de dos años. Una vez superado ese plazo, volverá a ser anual. Además, los usuarios podrán realizar la revisión antes de su vencimiento si así lo desean.
Otro aspecto que la normativa aclara es el mecanismo de acreditación de la inspección. Aunque avanzará la digitalización del sistema, la tradicional oblea seguirá existiendo, ya que los talleres deberán entregar tanto una constancia digital como una identificación física para adherir al parabrisas y facilitar los controles en la vía pública.
La gran incógnita: qué harán las provincias
Pese al alcance de la resolución, la implementación práctica del nuevo esquema todavía presenta interrogantes. El principal pasa por la postura que adopten las jurisdicciones que cuentan con sistemas propios de verificación técnica.
Esto se da porque si bien el Decreto N° 196/2025 asigna a la secretaría de Transporte la autoridad de aplicación del sistema de VTV (donde prevé el registro de talleres de cualquier jurisdicción y puedan controlar cualquier vehículo independientemente de su lugar de radicación), esto no elimina las competencias locales de fiscalización y control del tránsito de cada jurisdicción.
Esto se da gracias a que materia de tránsito, la Argentina funciona bajo un esquema federal en el que las provincias conservan facultades propias y deben adherir a las modificaciones que introduce la Nación para incorporarlas a su normativa local.
Buenos Aires ya había anticipado meses atrás que no acompañaría las modificaciones impulsadas por la administración nacional y que mantendría vigente la ley que impulsa su esquema actual de la VTV.
Desde la misma le explicaron a este medio que la ley provincial vigente debería modificarse para atrás para poder adherirse a la reglamentación nacional y que eso no va a ocurrir. “Lo que tiene valor es donde está radicado el auto y los controles provinciales van a ver que coincida la VTV con la misma, donde solo van a ser válidos los centros habilitados”, explicaron.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas concesiones vencían a fin de año, el día de hoy se está tratando un proyecto en la Legislatura porteña para avanzar en una modificación de la ley de VTV, presentado por María Del Pilar Ramírez, perteneciente al bloque de La Libertad Avanza, que se conecta directamente con la resolución nacional.
En diálogo con LA NACION, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Martín Marinucci, sostuvo entonces que “abrir el sistema de manera indiscriminada podría generar diferencias en los estándares de verificación y dificultades para auditar los controles”.
La provincia también plantea una cuestión vinculada con la cobertura territorial. “Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, agregó Marinucci.
Por ese motivo, el alcance real de la medida para el usuario dependerá de cuántas jurisdicciones adopten el nuevo modelo, de la cantidad de talleres que decidan incorporarse y de la capacidad del Estado para implementar la infraestructura digital y los mecanismos de control previstos en la normativa.
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