El Gobierno eliminará el 40% de los registros del automotor y la cédula azul

El Gobierno cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y eliminará la cédula azul como documento requerido para circular con el auto, según informó un comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

A partir de mayo, cualquier persona podrá circular con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde, que además dejará de tener vencimiento. La cédula verde es el documento en el que figura la identidad del propietario del vehículo y todos los datos del modelo en cuestión (marca, tipo, número de chasis y de motor). La cédula azul, en tanto, permite que un tercero conduzca el automóvil.

Luego de la eliminación, la semana última, del Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba a reportar la venta de un vehículo a la AFIP, el Gobierno decidió avanzar con su objetivo de reducir los trámites burocráticos ligados con la compra de los autos. La cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona indicó en el comunicado oficial que “de acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas”, entre las que detalla:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos
• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas;
• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

Hasta ahora, las cédulas verdes caducaban al año de ser emitidas, pero el titular del vehículo podía conducir de todas formas pese a que estuviera vencida. En cambio, no podía hacerlo un tercero, que necesitaba la cédula azul.

Si bien el Ministerio de Justicia señaló que a partir de este mes se eliminará la cédula azul, horas más tarde, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicó que “se mantienen los requerimientos de la ley vigente con respecto a la documentación solicitada para la circulación” hasta que se “dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes 3 de mayo”.

Esto significa que en los controles vehiculares en todo el país sigue rigiendo por estas horas la cédula verde y la azul, junto con el resto de la documentación obligatoria (DNI, licencia, comprobante de seguro vigente y VTV), hasta que el Gobierno establezca el día exacto en que entra en vigencia el cambio.

LA NACION consultó a fuentes del Ministerio para obtener más precisiones sobre el tema, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El Ministerio definió también que “los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros”.

Otra de las medidas será la digitalización de “la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos”.

Baja de impuestos

Otro punto importante de las medidas anticipadas por el Ministerio de Justicia está ligado con el costo que implica una transferencia de un vehículo, calculada hoy en el mercado en torno al 5,5% de su valor. El Gobierno, indicó, “propondrá a las provincias la adhesión de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia”.

En el mercado calculan que una transferencia ordinaria de un auto entre particulares paga hoy un promedio de 11 aranceles entre la expedición del título, los formularios y las certificaciones de firmas. Pero el mayor costo del trámite pasa por el impuesto de sellos, que en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia alcanza al 3% del monto de la operación.

Por otra parte, el Gobierno informó que derogará el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes automotores, lo cual “permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”. La Casa de la Moneda es la única habilitada en todo el país para proveer las chapas patentes, situación que generó el año último un faltante de insumos y demoras en las entregas de originales y duplicados en el contexto de la falta de dólares para las importaciones.

El Registro de la Propiedad Automotor se creó en el año 1964 y en la actualidad hay un total de 1558 oficinas registrales en todo el país. De ese número, se calcula que el 40% se encuentran intervenidos, lo cual significa que no tienen un encargado titular sino un interventor designado por la DNRPA.

Sobre la titularidad de los registros y las sospechas de sus supuestas vinculaciones con el mundo de la política como muchos protagonistas sostienen, el Gobierno indicó que “se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función”. También, “se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales”.

El Ministerio informó a su vez que “se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo”.

Luego de estas medidas, la cartera que conduce Cúneo Libarona iniciará la segunda etapa de la auditoría, “que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.

El peso económico que tienen los trámites de los registros en la compra de un auto despierta críticas recurrentes en muchos sectores. En abril, Cúneo Libarona había autorizado una suba de los aranceles para las transferencias (que no se actualizaban desde octubre de 2023) y debió dar marcha atrás el mismo día por la repercusión que provocó en redes sociales.

Buena parte de estas medidas figuraban en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el presidente Javier Milei el 22 de diciembre último, donde 14 artículos de la norma estaban dedicados a los registros automotores. La digitalización de los registros para que todos los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo puedan hacerse en forma virtual es el corazón de la reforma que impulsa el Gobierno. El decreto de diciembre había establecido en su artículo 364 que la DNRPA debía poner en marcha su “registro remoto, abierto, estandarizado y accesible” para el 2 de mayo de este año a más tardar. Este viernes 3 se conocieron las medidas.

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