El Gobierno pidió información de la causa de los aviones, que tiene en la mira a Massa, Guzmán, Kulfas y otra docena de exfuncionarios

La Oficina Anticorrupción (OA) ha solicitado formalmente acceso a la documentación y actuaciones relacionadas con la causa que se inició por las importaciones irregulares de aeronaves a la Argentina entre 2020 y 2023, bajo la gestión de Alberto Fernández. Este caso involucra tanto a exfuncionarios como a empresarios y está vinculado a posibles delitos de contrabando, lavado de activos, sobrefacturación y subfacturación en las operaciones comerciales.

“Tengo el agrado de dirigirme a V.S., en mi carácter de Director Nacional de Apoyo, Análisis Técnico y Litigio de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, sita calle 25 de Mayo Nº 544 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Causa N° CPE 801/2024 caratulada “MASSA, SERGIO TOMAS Y OTROS y otros s/INFRACCIÓN LEY 22.415″ de los registros del Juzgado Penal Económico N° 9 de esta Ciudad a su cargo, Secretaría N° 17, a los fines de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios a efectos de posibilitar a esta Oficina conocer el estado de las referidas actuaciones”, dice la nota enviada al juzgado el 7 de octubre.

Fuentes de la Oficina, a cargo de Alejandro Melik, dijeron a LA NACION que se pidió acceder al expediente para evaluar si la causa es de competencia o de interés de esta oficina. Comentaron que se analizará, a partir de las actuaciones, una posible presentación como querellante o iniciar un expediente administrativo. El criterio será la repercusión institucional, económica o social que interpreten que tiene el caso.

La causa judicial, caratulada como “MASSA, SERGIO TOMAS Y OTROS s/ INFRACCIÓN LEY 22.415″, que involucra a 14 exfuncionarios y a otras 28 personas en las maniobras relacionadas con la importación de esos bienes durante la gestión anterior, fue impulsada por la Coalición Cívica y cayó en el Juzgado Penal Económico N° 9, a cargo del juez Javier López Biscayart. Este, a su vez, le solicitó información al juez federal Ariel Lijo sobre el expediente abierto que está a su cargo. En 2021, el fiscal Guillermo Marijuan inició una investigación preliminar relativa a los hechos denunciados, pero un abogado, Santiago Dupuy de Lome, hizo una denuncia particular que le tocó por sorteo a Lijo. Como fiscal a cargo quedó Eduardo Taiano. Desde ese entonces a la fecha, la causa en manos del actual candidato a la Corte Suprema se movió lentamente.

La denuncia presentada por la Coalición Cívica en el fuero penal económico busca ampliar el espectro de la investigación. Los apuntados son: Sergio Tomás Massa, Paula Español, Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera, Matías Tombolini, Martín Guzmán (a pesar de que el área bajo la mira no estaba bajo su esfera cuando era ministro), Matias Sebastian Kulfas, Mercedes Marcó del Pont, Carlos Castagneto, Silvia Brunilda Traverso, Guillermo Michel, Paola Tamburelli y Miguel Ángel Pesce. Además, 18 empresas y otras 10 personas.

Las empresas denunciadas son Aerotec Argentinas S.A., Aaxod S.A., Flexfly S.A.S., Fame Fábrica Argentina de Máquinas y Equipos S.A., Helitours S.A., Kube Aviación S.A., Phoroneus S.R.L., Alas del Beagle S.A.S., Baires Fly S.A., Atx Logistics S.A., Just Flight S.A., Lácteos Puyehue S.R.L., Servicios Helicenter S.A., Terminales y Servicios S.A., Servicios Aeronáuticos del Nea S.R.L., A Fondo Group Sociedad Anónima, Aceitera General Deheza S.A., y Churrince S.A. Mientras que las otras personas denunciadas son Luis Ángel Cuadrado; Marcelo Juan Martino; Alesio Roberto Nardelli; Alejandro Adrián Papaianni; Germán José Gabriel Álvarez; Mercedes Susana Cuneo Lacoste; Lisandro Abel Morandi; Julián Van Dam; Enzio Fernando Rocha del Santo y Norberto José Martinessi.

Una investigación de LA NACION detectó que, en las 949 aeronaves traídas durante los cuatro años, hay decenas de posibles casos de sobrefacturación o subfacturación (declarar un monto distinto al que realmente vale la aeronave), no haber traído efectivamente el bien a la Argentina o sospechas alrededor de coimas para la aprobación de la autorización para importar en momentos en los que estos permisos escaseaban. Para los funcionarios públicos, se evalúa si hubo incumplimiento de los deberes y posible cohecho en estas maniobras, al facilitar millones de dólares a valor oficial que luego generaban ganancias siderales entre los importadores.

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