Tribunal de Madrid archiva única causa por torturas del franquismo que había sido admitida a trámite
Un tribunal de Madrid archivó la única causa por torturas durante la dictadura franquista que había sido admitida a trámite por la justicia española, según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP este martes.
La causa había sido abierta ante la denuncia de Julio Pacheco Yepes, quien en septiembre de 2023 se convirtió en la primera víctima de torturas escuchada por un juez español desde que muriera Francisco Franco en 1975.
"Acuerdo el (...) archivo de las presentes actuaciones", indicó la jueza Ana María Iguácel en su auto fechado el 31 de julio, pero que no había salido a la luz hasta ahora.
La propia magistrada había admitido a trámite en mayo la querella, al constatar "la posible existencia" de "crímenes de lesa humanidad y torturas".
Pero ahora se pliega a la jurisprudencia de la justicia española, que ha rechazado sistemáticamente todas las denuncias de víctimas de la dictadura (1939-1975) alegando la prescripción de delitos y, sobre todo, la Ley de Amnistía de 1977, que perdonó los delitos de los opositores políticos pero también de los agentes del orden público.
"El estado de la jurisprudencia no ha cambiado tras la promulgación de la Ley de Memoria Histórica", escribió la jueza, en referencia a la legislación insignia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para resarcir a las víctimas del franquismo, aprobada en octubre de 2022.
"Es demoledor", afirmó a la AFP Julio Pacheco Yepes, quien dijo que pese a haber tenido "claro que las posibilidades" de que la causa avanzara "eran muy pequeñas", sintió "rabia" al conocer el documento judidicial.
"Ha habido mucho movimiento, hemos ido a declarar. O sea que había una cierta expectativa de que se podía llegar a algún sitio", dijo el hombre de 68 años, quien a sus 19 años fue arrestado y torturado por la policía secreta en agosto de 1975, apenas tres meses antes del fallecimiento de Franco.
Pacheco Yepes dijo que había recurrido la decisión de la jueza y afirmó estar dispuesto a "seguir peléandolo" hasta el Tribunal Constitucional y la justicia europea.
Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, condenaron la decisión del tribunal madrileño.
"Manifestamos nuestra más absoluta disconformidad y absoluto rechazo con el contenido del auto", que "consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho y socava (...) los derechos más elementales que asisten a aquellas personas que sufrieron crímenes franquistas", indicaron en un comunicado.
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