Socialistas españoles e independentistas catalanes pactan enmiendas a la ley de amnistía que protegen a Puigdemont
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Los diputados del Partido Socialista de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes pactaron este martes enmiendas al proyecto de ley de amnistía que protegen más a Carles Puigdemont, al permitir acogerse a secesionistas acusados de "terrorismo" siempre que estos no vulneraran derechos humanos.
La promesa de una rápida aprobación parlamentaria de la amnistía permitió a Sánchez ser reelegido presidente del gobierno español a mediados de noviembre, gracias a los votos de los dos partidos separatistas de Cataluña, que la habían impuesto como condición para su apoyo.
El martes, el ministro de Justicia, Felix Bolaños, explicó en rueda de prensa que ahora se han pactado "dos enmiendas técnicas" con "los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de amnistía".
Con ellas, "se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía" pero solo en el caso de que "suponga una violación grave de Derechos Humanos", afirmó.
El gobierno socialista aseguró de entrada que los "casos de terrorismo" no podrían beneficiarse de la amnistía.
Pero había uno que amenazaba con afectar a Puigdemont, que era jefe del gobierno autónomo catalán en 2017 y lideró el intento de secesión de Cataluña. Este hacía referencia a las protestas organizadas en Barcelona en 2019 contra las sentencias judiciales que condenaron a varios dirigentes independentistas catalanes.
"Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos", insistió Bolaños.
Las nuevas enmiendas beneficiarían en primer lugar a Puigdemont, que podría así volver a España tras instalarse hace casi siete años en Bélgica para eludir a la justicia española.
Las protestas de 2019 fueron organizadas por un misterioso grupo llamado Tsunami Democràtic. La justicia investiga para averiguar si estaban involucrados en él Puigdemont y otros dirigentes independentistas.
La ley de amnistía sigue su recorrido parlamentario.
Una vez aprobada, probablemente no antes de unos meses, supondrá el levantamiento por parte de la justicia, en un plazo de dos meses, de la imputación de cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en la tentativa fallida de secesión de 2017 y en los hechos relacionados previos o posteriores.
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