Sevilla cortará el agua a las viviendas ilegales en una campaña contra los alquileres temporales
Por Charlie Devereux
MADRID, 14 ago (Reuters) - Los propietarios que alquilen ilegalmente sus apartamentos a turistas en la ciudad de Sevilla, en el sur de España, podrían verse privados del suministro de agua, en el marco de una campaña de la alcaldía local para frenar la proliferación de los alquileres de corta duración, que está provocando el enfado de la población local. La alcaldía de Sevilla ha anunciado esta semana que está revisando todos los apartamentos turísticos de la ciudad y que pedirá a la empresa pública de aguas Emasesa que corte el suministro de agua a los inmuebles que no cumplan la normativa si siguen alquilándolos. Con la revisión, han identificado hasta ahora 715 apartamentos que no cumplen la normativa aprobada en 2022, que estipula que los alquileres vacacionales deben tener una entrada independiente si están por encima del primer piso, según una fuente de la oficina del alcalde, que pidió no ser nombrada porque la fuente no está autorizada a hablar con los medios de comunicación. Según la fuente, la alcaldía ya está hablando con los propietarios implicados. El auge del turismo en los últimos años, favorecido por la proliferación de los alquileres vacacionales, ha provocado protestas generalizadas en toda España. Las autoridades locales de lugares como Sevilla están tomando medidas enérgicas contra los anuncios ilegales y se esfuerzan por encontrar formas de limitar la proliferación de alquileres a corto plazo en plataformas como Airbnb o Booking.com. La alcaldía calcula que en Sevilla hay entre 5.000 y 7.000 alojamientos ilegales, mientras que otros 8.000 o 9.000 cumplen la normativa, según la fuente.
Un proyecto de ley que se tramita actualmente en el pleno municipal de Sevilla prevé prohibir más licencias de alquiler vacacional en el casco antiguo y en el colorido barrio de Triana, al otro lado del río. En el resto de España, Barcelona ha anunciado que prohibirá todos los apartamentos turísticos de aquí a 2028, mientras que las islas Canarias tienen previsto recurrir a la policía para hacer cumplir una normativa más estricta. (Información de Charlie Devereux; editado por Aislinn Laing y Ana Nicolaci da Costa; editado en español por Javi West Larrañaga)
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