Relatores de la ONU instan a Honduras a poner fin a las detenciones de defensores garífunas
Relatores de la ONU han instado este viernes a Honduras a poner fin a las detenciones de defensores de las comunidades garífunas y a no utilizar la legislación penal nacional "como una herramienta de intimidación", en línea con las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, este año han sido detenidas tres activistas garífunas por presuntos delitos de robo.
Asimismo, ha puesto de manifiesto como Honduras no ha titulado, delimitado y demarcado los territorios tradicionales de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz según el veredicto de 2015 de la CIDH, que ordenó esas reparaciones tras considerar que se habían violado las garantías fundamentales de ese colectivo.
Seis años después, los 300.000 integrantes de la comunidad garífuna hondureña --un grupo étnico de herencia africana e indígena-- no han recibido esas reparaciones. En cambio, tres mujeres defensoras del territorio y derechos garífunas --Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano-- han sido arrestadas acusadas de delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas.
Las defensoras se habrían visto involucradas en un conflicto relacionado con la posesión, uso y propiedad de ciertos terrenos con varios títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.
Además de estas detenciones, hay 29 órdenes de captura en contra de defensores de los pueblos garífunas hondureños, una criminalización que "debilita los movimientos de la sociedad civil".
En este contexto de "violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en el país", Lawlor ha pedido al Gobierno que se abstenga de utilizar "la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de los defensores de Derechos Humanos".
Se ha sumado a este llamamiento el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tzay, que ha lamentado que tras el asesinato de la defensora Berta Cáceres, las comunidades garífunas siguen siendo objeto de violencia, ataques y persecución.
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