Presidente regional catalán presenta querella por espionaje con Pegasus

El presidente de la región Cataluña, Pere Aragonès, presentó una querella contra la exdirectora de los servicios secretos españoles y la empresa israelí propietaria del spyware Pegasus por el espionaje al que fue sometido junto a otros independentistas catalanes y que generó un gran escándalo político.

Casi tres meses después de que saltara la polémica, el presidente catalán presentó este miércoles su querella en los juzgados de Barcelona "por hechos que podrían constituir delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, de intercepción ilegal de comunicaciones, de espionaje informático y de producción y adquisición para el uso de spyware y otros delitos contra los derechos fundamentales", según el texto.

Aragonès apunta como responsables a Paz Esteban -- directora hasta su destitución en mayo del CNI, los servicios secretos españoles -- y a NSO Group, la compañía israelí propietaria del programa Pegasus.

Según la querella, el teléfono de Aragonès fue infectado en enero de 2020, cuando era vicepresidente y consejero de Economía de esta región del noreste de España.

"Hay que ir hasta el final y esperemos que los responsables asuman lo que les toca", afirmó el líder regional este miércoles en el Parlamento catalán.

Aragonès es uno de los 18 independendistas que el CNI reconoció haber vigilado con autorización judicial, según trascendió tras la declaración de Esteban ante una comisión parlamentaria en mayo.

El escándalo había explotado semanas antes, cuando en un informe publicado por la organización canadiense Citizen Lab se aseguraba que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana habían sido infectados entre 2017 y 2020 con Pegasus. Algunos de ellos también han presentado ya querellas ante la justicia.

Los separatistas acusaron entonces al Estado de estar detrás de esas escuchas y amenazaron con retirar su crucial apoyo parlamentario al gobierno minoritario del socialista Pedro Sánchez, lo que supondría poner en peligro la continuación de la actual legislatura, que debe terminar a finales de 2023.

Rs/chz/pc

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