Presidente de Panamá firma contrato con mina canadiense en medio de protestas
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aprobó este viernes, en medio de protestas, un nuevo contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals para la operación en el país de la mina más grande de Centroamérica.
Cortizo sancionó el proyecto de ley aprobado horas antes por la Asamblea Nacional de Diputados con 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, según publicó la Gaceta Oficial de Panamá, donde se ve el documento con la firma del mandatario.
Los legisladores dieron luz verde a un contrato que contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior.
Además, la empresa canadiense se compromete a otras millonarias inversiones en las comunidades cercanas a la mina, situada en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital panameña.
"Se trata de atender la defensa de los intereses nacionales, de asegurar que recibiríamos mayores y mejores beneficios en base a lo que teníamos en el contrato de 1997 y sobre todo la protección de los empleos de miles y miles de panameños", señaló el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.
La aprobación se produjo en medio de protestas contra un contrato que permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20.
Rutas de acceso a la Ciudad de Panamá fueron bloqueadas este viernes de manera intermitente, con quema de neumáticos y marchas.
La policía utilizó gases para dispersar a manifestantes que, bajo una pertinaz lluvia, se acercaron a los predios de la Asamblea, protegida con vallas y fuertemente custodiada por los agentes.
Los manifestantes, algunos con banderas panameñas y pancartas contra la minería, gritaron consignas antigubernamentales.
En la víspera, los manifestantes se enfrentaron en ese lugar a la policía con piedras, objetos contundentes y fuegos pirotécnicos.
- 300.000 toneladas -
La minera y el gobierno panameño llegaron a un acuerdo este año para la firma de un nuevo contrato de concesión, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
Desde febrero de 2019 la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año y da empleo a más de 8.000 personas.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares y aporta el 4% del PIB a la economía panameña. Sus envíos representan el 75% de las exportaciones del país.
El gobierno panameño dice que con los aportes de la mina podrá inyectar recursos al fondo público de pensiones y mejorar los pagos mensuales de las jubilaciones más bajas.
"Este proyecto de ley es beneficioso para el país, no solamente para sus habitantes si no para su imagen internacional, estamos ante la inversión privada más grande de la historia" de Panamá, dijo el diputado oficialista Roberto Ábrego.
- "Entrega soberanía" -
Sin embargo, hay sectores que se oponen porque consideran que el contrato es "inconstitucional" y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.
"Esto es una vergüenza", afirmó en un video el exmandatario y candidato presidencial para las elecciones de 2024, Martín Torrijos.
"Llevarán en su conciencia este error histórico que impactará a esta y a las futuras generaciones", añadió.
"Claramente ahí hay una entrega de la soberanía nacional" en las áreas donde opera la mina, declaró a la AFP Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, el mayor sindicato panameño.
Además, "los daños al ambiente son devastadores, la explotación a cielo abierto es de las más dañinas", agregó Méndez.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y varios obispos católicos han expresado también públicamente su rechazo al contrato.
"Traidores, vamos a la calle a demostrarles que no son los dueños del país", escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter) el también candidato presidencial, el centrista Ricardo Lombana.
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