Presidente de Guatemala anuncia derogación de exigencia de tener seguro para vehículos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, cedió a las manifestaciones en contra de cuatro reglamentos de tránsito que regulaban la exigencia de tener seguro para vehículo particular, de carga y transporte público, y ordenó que se derogaran.

Cientos de personas bloquearon el miércoles por segundo día varios puntos de la capital guatemalteca y de algunos departamentos en protesta por la reglamentación de la Ley de Tránsito suscrita en 1996, la cual creó el requisito de que todo propietario de vehículo debería adquirir un seguro de responsabilidad civil para daños a terceros y ocupantes.

Durante los últimos siete gobiernos del país no se implementó ninguna reglamentación en la que se sancionara el incumplimiento de dicha ley.

El gobierno de Arévalo había anunciado el lunes la reglamentación de todos los seguros para motocicletas, vehículos particulares, vehículos de transporte público y vehículos de carga. Indicó también que, antes de implementar los reglamentos, los sometió a consultas con más de 400 organizaciones interesadas en el tema a lo largo de un año.

Las autoridades señalaron que la decisión de reglamentar el requisito de un seguro también obedece a una orden de la Corte de Constitucionalidad de hacerlo.

A pesar de las explicaciones oficiales, manifestantes bloquearon calles y avenidas de la capital guatemalteca el martes y el miércoles, y en algunos departamentos también se bloquearon carreteras. La interrupción del libre tránsito ha causado unos 38 millones de dólares en pérdidas, según empresarios.

Al final de la tarde del miércoles las protestas se tornaron violentas, cuando manifestantes lanzaron piedras y objetos a policías que intentaban despejar las vías.

Tras dialogar con asociaciones de transportistas de buses, carga, mototaxis y taxis, Arévalo anunció en un mensaje a la nación que habían llegado a un acuerdo para detener las protestas, y para eso el gobierno se comprometía a derogar los reglamentos.

“Las partes se comprometen a conformar una mesa técnica de trabajo en la que se discutirá la normativa para operativizar el artículo 29 de la ley de tránsito en un plazo máximo de un año", así como trabajar en una propuesta de iniciativa de ley general de transporte, dijo el presidente.

“Recordemos que los accidentes y muertes por hechos de tránsito, son de las tragedias más sentidas por el pueblo de Guatemala. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en el país y tenemos que trabajar para cambiar esa realidad”, añadió Arévalo.

El presidente también dijo que no tendrán consideración “con los criminales que han aprovechado la legítima preocupación de los guatemaltecos para atentar contra el orden público generando caos y afectando a miles de familias".

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que, según datos de inteligencia policial recabados en las protestas —a las que en su mayor parte acudieron motociclistas y taxis piratas—, se han detectado en ellas la presencia de pandilleros y miembros de otros grupos criminales. Por su parte, en redes sociales algunos internautas y políticos han publicado fotografías e información en las que puede verse que las manifestaciones están encabezadas por personas cercanas al partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que perdió las elecciones ante Arévalo.

Esa organización política divulgó un comunicado en el que negó los señalamientos y exigió poner fin a los reglamentos publicados.

La UNE "rechaza de manera categórica las afirmaciones infundadas que han circulado en redes sociales... las cuales intentan vincular de manera irresponsable a nuestra organización y a sus liderazgos con grupos ajenos a nuestra estructura política”, manifestó.

UNE y otras organizaciones políticas de oposición presentaron amparos contra la decisión de gobierno de implementar los reglamentos.

En febrero, un autobús extraurbano se accidentó en la entrada de la capital, lo que derivó en la muerte de más de 50 personas. La mayoría de los fallecidos eran de escasos recursos. Sus familias les lloraron y la población exigió el pago de indemnizaciones a cuenta del seguro que el vehículo debía tener.

La aseguradora se hizo cargo de las indemnizaciones a pesar de que el chofer del autobús —que también falleció— no tenía la edad permitida para conducir el vehículo, según las clausulas del seguro.

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