Policía filipina denuncia penalmente a la vicepresidenta Sara Duterte y sus escoltas
MANILA, Filipinas (AP) — Funcionarios de la policía filipina denunciaron penalmente el miércoles a la vicepresidenta Sara Duterte y a su personal de seguridad por presuntamente agredir a las autoridades y desobedecer órdenes en un reciente altercado en el Congreso.
Las denuncias penales presentadas por la policía de Ciudad Quezon son independientes de cualquier acción legal que pueda surgir después de que ella amenazara públicamente con mandar a asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr., a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella misma fuera asesinada en un complot no especificado y del que no ha dado detalles.
Un asesor presidencial, Larry Gadon, presentó el miércoles, por separado, una petición ante la Corte Suprema para inhabilitar a la vicepresidenta como abogada, citando sus amenazas de asesinato, a las que calificó como “ilegales, inmorales y condenables”.
La ofensiva legal del gobierno de Marcos contra Duterte, su padre y sus aliados, es un punto crítico en un conflicto que ha estado latente durante los últimos dos años entre las dos familias más poderosas de Filipinas.
En una conferencia de prensa, la vicepresidenta negó y minimizó en términos generales las denuncias penales, las acusaciones y las posibles demandas en su contra, incluido un posible juicio político y una supuesta violación de la ley antiterrorista del país. Dijo que las acciones del gobierno tienen la intención de destituirla, congelar sus propiedades y cuentas bancarias e impedirle viajar al extranjero.
Duterte afirmó, sin dar más detalles, que el riesgo para su vida era real, pero añadió que las amenazas que hizo no eran reales ni ilegales.
“Esto es realmente opresión y acoso por comentarios sacados del contexto lógico”, señaló. También dijo en respuesta a una pregunta que ya no consideraba posible una reconciliación con el presidente.
“Realmente creo que hemos llegado a un punto sin retorno”, dijo.
El Departamento de Justicia dijo que también investiga posibles comentarios sediciosos del predecesor de Marcos y padre de la vicepresidenta, Rodrigo Duterte, quien dijo en una conferencia de prensa que el gobierno civil solo escucharía si el ejército expresara preocupaciones sobre la corrupción y las irregularidades del gobierno de Marcos.
“Hay una gobernanza fracturada. ... Solo el ejército puede corregirlo”, dijo el expresidente el lunes por la noche. Afirmó que no instaba al ejército a levantarse contra Marcos, sino que solo reafirmaba la situación real en Filipinas.
Sin embargo, los funcionarios de justicia dijeron que procederá la investigación sobre los comentarios del expresidente.
Las denuncias penales por agresión, desobediencia y coacción grave contra las autoridades policiales se presentaron ante los fiscales estatales contra la vicepresidenta y su personal de seguridad y otros ayudantes, según un comunicado de la policía. Tales delitos son punibles con pena de cárcel y multa.
Las denuncias surgieron tras una caótica disputa ocurrida el fin de semana en la Cámara de Representantes, donde la jefa de gabinete de la vicepresidenta, Zuleika López, fue detenida temporalmente. Los legisladores acusaron a López de obstruir y no cooperar con una investigación del Congreso sobre el presunto mal uso de fondos confidenciales e inteligencia por parte de las oficinas de la vicepresidenta y de la secretaria de Educación, cargo que también ocupaba Sara Duterte.
En un momento dado, se ordenó trasladar a López a una prisión femenil fuera del Congreso, lo que la hizo agitarse. La vicepresidenta y su personal intervinieron para oponerse a la orden, y López fue finalmente trasladada a un hospital gubernamental, donde sigue confinada.
“El estado de derecho es fundamental para nuestro sistema democrático. Nadie, independientemente de su posición, debería estar por encima de la rendición de cuentas”, dijo el jefe de la policía nacional, el general Rommel Francisco Marbil, sobre las denuncias penales contra la vicepresidenta y sus ayudantes. La policía nacional “sigue comprometida con asegurar la correcta ejecución de las órdenes legales y proteger el orden público”, dijo.
“La resistencia y desobediencia a una persona con autoridad no solo viola la ley, sino que también socava la confianza pública”, dijo Marbil.
En un caso separado, las autoridades entregaron el martes una citación a la oficina de la vicepresidenta, invitándola a responder a las preguntas de los investigadores sobre las amenazas que hizo el fin de semana. Duterte dijo que no hizo una amenaza directa, sino que expresó preocupaciones por su propia seguridad.
Marcos dijo en un discurso público televisado que las amenazas de la vicepresidenta contra él, su esposa Liza Marcos y el presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, eran un complot criminal y prometió combatirlas y defender el estado de derecho.
Marcos se postuló con Sara Duterte como su compañera de fórmula en las elecciones de 2022 y ambos lograron victorias aplastantes con un llamado a la unidad nacional. En Filipinas, el presidente y el vicepresidente son elegidos por separado, y eso ha hecho que políticos rivales asuman los principales puestos políticos en un país con profundas divisiones políticas y sociales.
Desde entonces, ambos líderes y sus partidarios han tenido diferencias clave, entre ellas, sus enfoques sobre las agresivas reivindicaciones territoriales de China en el disputado Mar de China Meridional y sus opiniones sobre la campaña antidrogas del expresidente Duterte, que provocó la muerte de miles de sospechosos, en su mayoría, pobres.
Sara Duterte renunció al gabinete de Marcos en junio como secretaria de Educación y jefa de un organismo de contrainsurgencia, y se convirtió en una de las críticas más abiertas del presidente, su esposa y Romualdez, el primo del presidente que dirige un Congreso dominado por sus aliados.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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