Netanyahu y otros están en un grupo reducido de líderes acusados de crímenes contra la humanidad
La decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y un alto funcionario de Hamás los coloca en un pequeño grupo de líderes acusados de crímenes contra la humanidad.
La corte emitió órdenes de arresto el jueves contra Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, y Mohamed Deif, un líder de Hamás que Israel dice haber matado.
Un panel de tres jueces de la corte declaró que las órdenes se basaban en “motivos razonables” de que Netanyahu y Gallant son responsables de un crimen de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza, donde se informa que más de 44.000 personas han muerto y más de 104.000 han resultado heridas en la guerra de 13 meses entre Israel y Hamás.
Netanyahu rechazó la orden de arresto, y dijo que Israel “rechaza con repugnancia las acciones absurdas y falsas”.
La orden contra Deif señaló que hay razones para creer que estuvo involucrado en asesinato, violación, tortura y toma de rehenes que equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los ataques del grupo islamista el 7 de octubre de 2023 contra Israel. Unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas en esos ataques, y otras 250 fueron secuestradas.
Hamás indicó que acogía con satisfacción las órdenes contra Netanyahu y Gallant después de lo que dijo han sido décadas de injusticia por una “ocupación fascista”.
La declaración de Hamás no se refirió a la orden de arresto para Deif. Israel dice que lo mató en un ataque aéreo, pero Hamás nunca ha confirmado su muerte.
A continuación presentamos un vistazo a la CPI y sus acusaciones contra líderes israelíes y de Hamás:
La CPI es el tribunal permanente de última instancia, establecido en 2002 para procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión.
Los 124 Estados miembros de la corte han firmado el tratado que la creó. Docenas de países no firmaron y no aceptan la jurisdicción de ese tribunal. Entre ellos están Israel, Estados Unidos, Rusia y China.
La CPI interviene cuando las naciones son incapaces o no están dispuestas a procesar crímenes en su territorio. Israel argumenta que tiene un sistema judicial funcional. Las disputas sobre la capacidad o voluntad de una nación para llevar a cabo juicios han sido factor de desacuerdos entre la corte y países individuales en el pasado.
Aunque las órdenes de arresto podrían complicar los viajes al extranjero para Netanyahu y Gallant, es poco probable que ellos comparezcan ante los jueces en La Haya pronto. Los países miembros están obligados a detener a los sospechosos que enfrentan una orden de arresto si pisan su suelo, pero la corte no tiene forma de hacer cumplir eso.
Los jueces de la CPI han emitido unas 60 órdenes de arresto, y 21 personas han sido detenidas y han comparecido ante el tribunal, según su sitio web. Unas 30 personas siguen prófugas. La corte ha emitido 11 declaraciones de culpabilidad y cuatro absoluciones.
La corte dijo que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant, quien fue reemplazado este mes, tienen responsabilidad en su calidad de coautores del crimen de guerra de inanición y crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
La corte dijo que, aunque no pudo determinar que hubo crimen de exterminio —considerado un crimen contra la humanidad—, dijo que la acusación de asesinato estaba respaldada por alegatos de que los residentes de Gaza fueron privados de necesidades básicas como alimentos, agua, electricidad y suministros médicos. Eso creó condiciones “calculadas para traer consigo la destrucción de parte de la población civil en Gaza”, lo cual derivó en la muerte de niños y otros por desnutrición y deshidratación.
La corte también encontró que, al impedir que los suministros hospitalarios y medicinas llegaran a Gaza, los médicos se vieron obligados a operar y realizar amputaciones sin anestesia o medios inseguros de sedación que generaron “gran sufrimiento”.
La corte indicó que encontró dos incidentes en los que la evidencia proporcionada por la fiscalía le permitió hacer un hallazgo de que los ataques estaban dirigidos intencionalmente contra civiles. Señaló que había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant no impidieron esos ataques.
Aunque las órdenes de arresto se consideran secretas para proteger a los testigos, la corte dijo que proporcionó algo de información porque la conducta que inspiró las órdenes parecía seguir efectuándose. También dijo que quería que las víctimas y sus familias fueran notificadas de las órdenes.
Se alega que Deif —que había sido el comandante de más alto rango del ala militar de Hamás— ordenó el ataque del 7 de octubre y no lo impidió.
La corte indicó que la masacre de personas en varios asentamientos israelíes y un concierto al aire libre equivalía a un crimen contra la humanidad y el crimen de guerra de asesinato. También encontró que esos ataques tenían las características para ser considerados el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra civiles.
Además, los jueces encontraron que los alegatos de asalto sexual a cautivos y rehenes —en su mayoría mujeres— proporcionaban motivos razonables para determinar que eran crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra de tortura y violación.
El año pasado, la corte emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por cargos de que fue responsable de los secuestros de niños de Ucrania. Rusia respondió emitiendo sus propias órdenes de arresto para Khan y los jueces de la CPI.
Las posibilidades de que Putin enfrente un juicio en la CPI son altmente improbables porque Moscú no reconoce la jurisdicción de la corte ni extradita a sus ciudadanos.
El exlíder libio Moamar Gadafi fue capturado y asesinado por rebeldes poco después de que la CPI emitiera una orden de arresto en su contra por cargos relacionados con la brutal represión de las protestas antigubernamentales en 2011.
Uno de los caudillos más notorios de África, Joseph Kony, recibió una orden de arresto de la CPI en 2005. En su papel de líder del Ejército de Resistencia del Señor en el norte de Uganda, enfrenta 12 cargos de crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinato, esclavitud sexual y violación, y 21 cargos de crímenes de guerra. A pesar de una cacería respaldada internacionalmente y una recompensa de 5 millones de dólares, Kony sigue prófugo.
El expresidente sudanés Omar al-Bashir es buscado por la CPI por acusaciones relacionadas con el conflicto en Darfur. Al-Bashir enfrenta órdenes de arresto desde 2009.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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