Milei está cerca de tener los votos para el déficit cero, pero los diputados se resisten a modificar Ganancias y jubilaciones

Consciente de que la luna de miel con el electorado que lo votó acabará más temprano que tarde, el presidente Javier Milei presentará la semana próxima al Congreso el paquete de medidas de ajuste con las que pretende alcanzar el déficit cero el año próximo. Salvo el kirchnerismo y la izquierda, los restantes bloques opositores se muestran predispuestos a colaborar con el nuevo gobierno en ese objetivo, aunque ya anticiparon objeciones a por lo menos dos de las iniciativas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo: la derogación de la ley de movilidad jubilatoria y la restitución del impuesto a las Ganancias.

El primer desafío parlamentario que afrontará el presidente Milei no se augura sencillo. Por de pronto, no habrá un fast track a los proyectos que enviará el Poder Ejecutivo, lo que pondrá a prueba la voluntad negociadora del jefe de Estado y sus colaboradores. La gravedad de la crisis económica y el peligro de que el país sucumba en una hiperinflación colocan al oficialismo en una posición de relativa ventaja en la pulseada, pero incluso los bloques más afines advierten que no librarán cheques en blanco. Dicho en otras palabras, no concederán delegaciones legislativas extraordinarias al Poder Ejecutivo en nombre de la emergencia, por más grave que esta sea.

Los potenciales aliados del Gobierno –Pro, la UCR, Cambio Federal, la Coalición Cívica y legisladores provinciales– se encuentran en una posición incómoda. De un lado los tironea la presión social de un electorado que, pese al impacto descomunal de la devaluación del 54% que dispuso el ministro Caputo, revalida su voto de confianza en el Presidente y sus reformas de shock y, por el otro, la angustia de millones de asalariados de las clases media y media baja que, junto a los jubilados, aparecen como las primeras víctimas del “plan motosierra”.

Frente a este dilema, estos espacios políticos buscarán posicionarse en un punto medio: apoyarán aquellas reformas estructurales que apunten al objetivo de reducir el déficit, pero sin carta blanca y con propuestas alternativas para que el peso del ajuste no recaiga solo en el ciudadano de a pie. Una cosa es contribuir a la gobernabilidad de la nueva gestión; otra cosa, alegan, es convertirse a los ojos de la gente como los verdugos del ajuste.

“Estamos de acuerdo con el rumbo que trazó el Gobierno hacia un déficit cero, pero no hay una única manera de lograrlo. Discutir esto no implica discutir el rumbo, sino poner sobre la mesa distintas soluciones fiscales posibles, que pueden tocar otros sectores, otras partidas presupuestarias, para que el esfuerzo de la carga del ajuste sea más equitativo”, resume el diputado Nicolás Massot.

Movilidad jubilatoria: sin apoyo

Sin embargo, medidas como la derogación lisa y llana de la ley de movilidad jubilatoria ya tendrían el certificado de defunción anticipada del Congreso. La intención de los funcionarios es otorgar reajustes a los ingresos por la vía de decretos. El radicalismo, con sus 34 diputados y 13 senadores, desconfían y anticipan su rechazo. También los diputados de la Coalición Cívica. Sin estos votos el proyecto no sale.

Según las planillas que trascendieron del Ministerio de Economía, el Gobierno pretende reducir el déficit en un 0,4% del PBI con esta medida. De allí la desconfianza de los radicales: están convencidos de que, aunque el ministro Caputo haya afirmado lo contrario, los reajustes por decreto correrán por detrás del fogonazo inflacionario que se prevé para los tres primeros meses de 2024.

“El presidente Milei está pidiendo lo mismo que Alberto Fernández cuando asumió su gestión: que deroguemos la ley de movilidad. Nosotros votamos en contra aquella vez y haremos lo mismo ahora: de ninguna manera vamos a permitir que el ajuste recaiga sobre los jubilados, sus haberes cayeron mucho durante el último gobierno. Ya bastante sufridos están”, advirtió el diputado Martín Tetaz, un economista que en líneas generales avala el rumbo de las medidas que adoptó el Gobierno pero, al igual que su partido, no está dispuesto a sacrificar su electorado en ofrenda a Milei.

Este tema genera resquemores incluso en la bancada más colaborativa, la de Pro. La cuestión se discutió, junto al resto de las medidas que anunció Caputo, durante un encuentro que los legisladores compartieron con economistas del espacio el miércoles pasado. Allí estaban el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, Luciano Laspina y José Luis Espert. “Fue sin dudas el tema más espinoso”, admitió uno de los participantes.

Cristian Ritondo, jefe de bloque e interlocutor frecuente con el oficialismo, propone la suspensión de la ley –en lugar de la derogación– por un plazo determinado. “Puede ser por un año”, sugiere. En su momento, Alberto Fernández le pidió al Congreso que la fórmula de movilidad jubilatoria que había instrumentado el gobierno de Mauricio Macri se suspendiera por 180 días. Luego prorrogó este plazo por decreto.

La propuesta de Ritondo llegó a oídos de Cambio Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto y tiene entre sus filas a Emilio Monzó, Massot, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros. “Es una locura que el Gobierno venga con este tema al Congreso cuando sabemos que genera una tensión enorme”, reprochan en esa bancada.

El problema que vislumbran es que, aun si prosperase en el Congreso la derogación o la suspensión de la ley, corre serios riesgos de ser nuevamente judicializada. Varios jueces de distintas provincias ya se pronunciaron a favor de quienes hicieron planteos por la suspensión de la movilidad en 2020 y le ordenaron a la Anses hacer un recálculo de los haberes (con diferentes criterios). Como los fallos fueron apelados, la palabra final la tiene la Corte Suprema.

Ganancias por impuesto al cheque

Otro tema urticante es la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, una medida con la que el Gobierno pretende robustecer la recaudación en un 0,4% del PBI. Caputo les tiró la pelota a los gobernadores: al justificar la reimplantación del tributo sostuvo que “es a pedido de ellos”, ya que su eliminación –que el Congreso votó a instancias del excandidato presidencial Sergio Massa– provocó una fuerte merma en los recursos coparticipables que perciben.

El oficialismo imaginó que con la restitución del impuesto lograría meter una cuña en Unión por la Patria y ganarse los votos peronistas de los gobernadores al paquete de reformas. Se equivoca.

“Nosotros no vamos a ceder en la eliminación de Ganancias. Sería castigar todavía más a la gente”, enfatiza un legislador del norte, alter ego de su gobernador. Lo mismo suena desde las provincias de La Pampa, La Rioja y Tucumán. La compensación a las provincias debería provenir de la Nación, sostienen los peronistas. Reflotarán la propuesta que, hace un mes atrás, presentó el gobernador Rogelio Frigerio y que firmaron todos los gobernadores: que se coparticipe la mitad de la recaudación del impuesto al cheque.

La jugada no es ingenua. Frigerio es gobernador de Entre Ríos de Juntos por el Cambio y su propuesta fue suscripta por los mandatarios de la UCR y de Pro, incluidos Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, los más dialoguistas con el Gobierno. Otro dialoguista, Martín Llaryora, de Córdoba, también la firmó. El gobernador cordobés controla un bloque de ocho diputados.

Llaryora se reunió el jueves último con el ministro del Interior, Guillermo Francos: si bien allí ratificó su compromiso de colaborar con la gobernabilidad, su acompañamiento no será incondicional. De hecho, durante el encuentro expresó su preocupación por la reducción en los subsidios al transporte automotor; la poda anunciada por Caputo haría colapsar al sistema en el interior. La restitución de las retenciones al 15% para los productos agropecuarios –salvo la soja– es otro tema que preocupa; las entidades del sector ya levantaron su voz. Algunos legisladores no descartan imponer un plazo a la medida.

¿Estará dispuesto el presidente Milei a aceptar estas concesiones a cambio de votos en el Congreso? No parece tener demasiadas alternativas. Tal vez contra su voluntad tenga que aplicar la motosierra en otras partidas presupuestarias que no formaron parte de los anuncios de Caputo. “Hay sectores empresarios que gozan de exenciones impositivas millonarias y que, llamativamente, no se los toca”, deslizan en el peronismo. El exministro de Economía Sergio Massa supo detallar en una separata en el presupuesto 2024 una serie de gastos tributarios –es decir, beneficios y regímenes impositivos diferenciales– que tienen un peso de 4,72% del PBI. Será la próxima jugada del peronismo.

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