ley venezolana busca prohibir cargos públicos por hasta 60 años a quienes promuevan sanciones
(Agrega detalles)
CARACAS, 28 nov (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una ley que contempla prohibir hasta por 60 años ocupar cargos públicos a personas que hayan promovido o promuevan la aplicación de sanciones al país.
La nueva ley es la más reciente acción del gobierno del presidente Nicolás Maduro para bloquear el ejercicio político de opositores y regular desde las organizaciones no gubernamentales hasta las redes sociales, luego de una controvertida elección presidencial en julio.
El texto ratificado por la Asamblea, vista por críticos y opositores como una extensión del Ejecutivo, surge tras la aprobación a mediados de mes por la Cámara de Representantes de Estados Unidos al proyecto de "Ley Bolívar", que complementa normas que prohíben al gobierno estadounidense contratar a personas que tengan lazos comerciales con el gobierno de Maduro.
Actualmente, la legislación venezolana tiene como pena máxima 30 años de prisión y en general las inhabilitaciones políticas para aspirar o ocupar un cargo público suelen ser de 15 años, dijeron abogados.
La nueva legislación se suma a otras aprobadas por la Asamblea como una para fiscalizar a las ONG, en medio de las denuncias de detenciones arbitrarias de opositores tras los comicios en los que Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, pese a las alertas de irregularidades por parte de organismos como el Centro Carter y Naciones Unidas.
Los medios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes sobre sanciones serán sancionados con la revocatoria de la concesión, de acuerdo con lo señalado en el texto que fue debatido por los legisladores.
A los medios electrónicos e impresos se les impondrá una multa en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central, lo que sería unos 49 millones de euros o unos 51,7 millones de dólares a la tasa de cambio oficial actual.
Tras las elecciones presidenciales de julio, ONG nacionales e internacionales han advertido de una ola represiva con más de un millar de detenidos, una veintena de muertos, la cancelación de pasaportes a algunos periodistas, políticos y activistas e investigaciones judiciales contra opositores, entre otros. (Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas, Editado por Juana Casas)
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