La violencia separatista se ceba con las escuelas de las regiones anglófonas de Camerún
La ola de violencia separatista que azota el noroeste y suroeste de Camerún, de mayoría anglófona, está poniendo en grave peligro las escuelas de la región, las cuales están siendo atacadas y sus estudiantes y personal docente violentado desde 2017, ha denunciado este jueves la ONG Human Rights Watch (HRW).
En su último informe, 'Están destruyendo nuestro futuro: ataques armados separatistas contra estudiantes, maestros y escuelas en las regiones anglófonas de Camerún', la ONG ha documentado decenas de ataques contra centros escolares desde marzo de 2017 hasta noviembre de 2021, incluyendo también asesinatos y secuestros.
"Los líderes de los grupos separatistas deben anunciar inmediatamente el fin del boicot escolar y asegurarse de que sus combatientes terminen con todos los ataques a escuelas, maestros y estudiantes", ha exigido desde HRW, Ilaria Allegrozzi.
"Estos ataques criminales no solo causan daño físico y psicológico inmediato a las víctimas; ponen en peligro el futuro de decenas de miles de estudiantes", subraya Allegrozzi.
HRW ha documentado al menos una quincena de asesinatos, entre los cuales están los de once estudiantes menores de edad, algunos de ellos cuando acudían a sus centros escolares, así como 268 secuestros. Por su parte, desde Naciones Unidas y el Banco Mundial han cifrado en 70 las escuelas que han sido atacadas desde 2017.
La crisis en las regiones anglófonas comenzó a finales de 2016, cuando las fuerzas de seguridad de Camerún se excedieron en el uso de la fuerza para reprimir unas movilizaciones pacíficas lideradas por profesores y abogados en protesta por el abandono de las instituciones centrales, de mayoría francófona, a los sistemas educativos y legales del suroeste y noroeste de Camerún.
Desde entonces han surgido y crecido grupos armados separatistas que buscan la independencia de estas dos regiones de habla inglesa, haciendo pronto de la educación el principal campo de batalla. Estas milicias están imponiendo el cierre de escuelas y centros educativos, afectando ya a más de 70.000 alumnos, en un intento por presionar el Gobierno central para obtener reconocimiento político.
A pesar de que en 2018 Camerún aprobó la Declaración de Escuelas Seguras, un acuerdo con el que en colaboración con los países de la región se previene y responde a los ataques de los que pueda ser objeto a la educación, las agresiones y la violencia ha continuado "sin cesar" con una ausencia "casi total" del Estado sobre el terreno y mucho menos en lo que respecta a llevar a los autores ante las autoridades correspondientes, apunta HRW.
"Los socios regionales e internacionales de Camerún deben exigir a sus autoridades que garanticen que la Policía y el Poder Judicial investigará y llevará a juicio de manera efectiva a quienes cometan ataques contra la educación", a la vez que "ofrecen supervisión y apoyo para fortalecer sus capacidades judiciales forenses y civiles", ha reclamado la ONG.
"Las autoridades camerunesas deben investigar todos los ataques relacionados con la educación, procesar a los responsables en juicios justos y brindar apoyo oportuno a las víctimas", ha remarcado Allegrozzi.
"Dado que el futuro de los niños en las regiones anglófonas está en juego, las autoridades deben estar a la altura de su responsabilidad a la hora de garantizar el acceso seguro de los niños a la educación y la protección contra daños", ha enfatizado.
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