La ONU alerta de que cuatro millones de personas podrían quedarse sin agua potable en un mes en Líbano

Alrededor de cuatro millones de personas, entre ellas un millón de refugiados, hacen frente al riesgo de quedarse sin acceso al agua potable en Líbano en un plazo de entre cuatro y seis semanas a causa de la profunda crisis económica y la escasez de fondos, combustible y suministros como cloro, según ha alertado este viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

"La actual crisis económica está acabando con el sector del agua. Los gastos de mantenimiento, que se han dolarizado, la pérdida del agua que no se contabiliza, el colapso que la red eléctrica está sufriendo en paralelo y la amenaza del aumento del precio del combustible están imposibilitando su funcionamiento", ha dicho Yukie Mokuo, representante de UNICEF en el Líbano.

"Sin acceso al suministro público de agua, los hogares podrían verse obligados a tomar decisiones extremadamente difíciles con respecto a sus necesidades básicas de agua, saneamiento e higiene", ha agregado, según un comunicado publicado por el organismo.

En este sentido, UNICEF ha alertado de que un colapso del sistema público de suministro de agua podría provocar que los precios se dispararan un 200 por ciento, lo que supondría un gasto inasumible para los hogares más vulnerables, dado que representaría el 263 por ciento del ingreso medio mensual en el país.

UNICEF ha detallado que más del 70 por ciento de la población se encuentra en niveles de vulnerabilidad "críticos" y "muy críticos", mientras que 1,7 millones tienen acceso a sólo 35 litros al día, un descenso del 80 por ciento respecto a la media nacional antes de 2020.

El organismo ha agregado que los proveedores públicos de agua no pueden asumir los costes de las piezas de repuesto, mientras que el precio del suministro privado ha ascendido un 35 por ciento y el precio del agua embotellada se ha duplicado, lo que se suma a los reiterados cortes del suministro eléctrico.

"En el apogeo de los meses de verano, con los casos de COVID-19 comenzando a aumentar nuevamente debido a la variante delta, el preciado sistema público de agua del Líbano está en una situación crítica y podría colapsar en cualquier momento", ha resaltado Mokuo.

"A menos que se tomen medidas urgentes, los hospitales, las escuelas y las instalaciones públicas esenciales no podrán funcionar y más de cuatro millones de personas se verán obligadas a recurrir a fuentes de agua costosas e inseguras, lo que pondrá en riesgo la salud y la higiene de los niños", ha valorado.

Así, ha hecho hincapié en que "el efecto adverso inmediato se notará en la salud pública". "La higiene se verá comprometida y aumentarán las enfermedades. Sin acceso a un saneamiento seguro, las mujeres y adolescentes enfrentarían desafíos particulares para su higiene personal, protección y dignidad", ha sostenido.

Por ello, UNICEF ha dicho que necesita unos 33,9 millones de euros al año para mantener el flujo de agua para más de cuatro millones de personas en el país y proteger el acceso y funcionamiento de los sistemas de agua públicos.

"Seguiremos con nuestro firme apoyo a las comunidades mientras los recursos nos lo permitan, pero esta situación alarmante necesita una financiación urgente y sostenida", ha dicho Mokuo. "UNICEF está listo para dar apoyo, especialmente ante la evolución de la pandemia global, y garantizar que, en este momento tan difícil para Líbano, se cumple el derecho más básico de las familias y niños a tener agua segura", ha remachado.

El país se encuentra sumido en una gravísima crisis económica y un estancamiento político, con un Gobierno en funciones desde agosto de 2020, cuando el primer ministro, Hasán Diab, dimitió tras las explosiones en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales en la ciudad.

En este contexto, el Banco Mundial afirmó el 1 de junio que la crisis económica en Líbano es una de las peores registradas a nivel mundial desde mediados del siglo XIX, con una caída drástica de cerca del 40 por ciento de PIB per cápita desde 2018.

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